Nunca ha habido tantas personas con más de un empleo en España. A cierre de 2023 alcanzaron las 593.500, un 14% más que un año antes. según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La mayoría, ocho de cada diez, son asalariados que compaginan su puesto con un trabajo secundario y por primera vez superan la cota del medio millón.
¿Cuántos desempleados se quedan fuera de las estadísticas del mercado laboral? Esta es una pregunta que ha cobrado especial relevancia en España durante los últimos años, primero por el impacto de la pandemia (y los ERTEs) en las cifras y el de la reforma laboral (y los fijos discontinuos) en el empleo. Pero mientras las especulaciones sobre su número se disparan, el Instituto Nacional de Estadística da una cifra que podemos considerar la única oficial: 1.013.400 personas sin trabajo a cierre de 2023 que no se consideran parte de la población activa y quedan excluidos, por tanto, de la cifra de paro.
Los parados de muy larga duración que acceden a la jubilación anticipada 'no voluntaria' tras haber sufrido un despido perciben una nómina de 1.820,46 euros media, frente a los 1.294,50 que perciben los que lo hacen a la edad media ordinaria (66 años y seis meses en 2024). Ello a pesar de hacerlo casi cuatro años antes y bajo fuertes coeficientes reductores. Unos datos sorprendentes que se explican por las 'prejubilaciones' forzosas realizadas por grandes empresas desde la crisis financiera y que ahora compañías como Telefónica vuelven a recuperar.
Desde hace casi 15 años, la figura de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) se ha presentado como una manera de mejorar la situación de los profesionales por cuenta propia con un único cliente, protegiéndoles de abusos y del riesgo de caer en la economía sumergida. Pero su historia es la de un estrepitoso fracaso: desde 2017 se han desplomado un 30% y apenas representan a un 6% de los ocupados que podrían considerarse como tales.
¿Cuántos falsos autónomos hay en España? Como en todas las formas de economía sumergida, no hay cifras oficiales, aunque sí numerosas estimaciones. Una de las principales referencias utilizadas, la comparación entre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las de Seguridad Social, arroja una brecha en 2023 de 201.577 afiliados que no aparecen en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como ocupados por cuenta propia. Aunque los datos de 2023 revelan también un descenso del 8,7% en esta cifra, la primera reducción anual registrada en una década.
El ejercicio 2023 cierra con un récord histórico en el número de ocupados que faltaron al trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal. Alcanzaron un promedio trimestral de 856.950 personas, el mayor de una serie que se inicia en 2008, tras superar al que hasta ahora era el máximo registrado: los 835.500 de 2022. La cifra del último año es sorprendente porque supera también la de ejercicios marcados por la pandemia y ha provocado bastante perplejidad entre expertos, interlocutores sociales y el propio Gobierno. La principal pregunta que se hacen es: ¿se trata de un verdadero problema de 'absentismo' que está lastrando la economía y el empleo en España?
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado este jueves un informe sobre la regulación y modalidades de contratos de trabajo fijos discontinuos tras la reforma laboral en el que reclama que las estadísticas de empleo que cada mes publican los Ministerios de Trabajo y de inclusión y Seguridad Social clasifiquen estos contratos tipo e informen de las bajas de afiliación de trabajadores con el objetivo de identificar claramente cuáles son los más volátiles y precarios.
La ofensiva judicial impulsada por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) para replantear quién y por qué se sienta en la Mesa del Diálogo social se ha cobrado su primera victoria en un terreno especialmente sensible: las subvenciones 'a dedo' concedidas a los sindicatos y, especialmente, las patronales consideradas "más representativas". Pero este solo es el primer paso en una estrategia que puede poner patas arriba desde la interlocución con el Gobierno como la negociación de los convenios colectivos.
Los contratos a tiempo parcial podrán experimentar una subida de salario directa con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo. La clave está en la tasa de parcialidad, que es el porcentaje que indica qué proporción del salario de la jornada completa corresponde a un empleado que trabaja menos horas.
La reciente comparecencia de Yolanda Díaz ante la Comisión de Trabajo del Congreso aportó pocas concreciones sobre la gran incógnita de su hoja de ruta: la reforma del despido. La vicepresidenta repitió casi punto por punto el contenido del acuerdo de Gobierno ente PSOE y Sumar con un único añadido: la supresión del 'despido automático' cuando un empleado es declarado en situación de incapacidad permanente total para su puesto de trabajo. Un cambio legal que nunca había estado sobre la mesa hasta que lo impuso una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este giro de timón en las prioridades pone de manifiesto hasta qué punto los planes de la líder de Sumar pueden cambiar en función de las decisiones que vienen de Europa.