Terremoto patronal: el golpe a las subvenciones políticas 'a dedo' es solo el principio

La ofensiva judicial impulsada por la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) para replantear quién y por qué se sienta en la Mesa del Diálogo social se ha cobrado su primera victoria en un terreno especialmente sensible: las subvenciones 'a dedo' concedidas a los sindicatos y, especialmente, las patronales consideradas "más representativas". Pero este solo es el primer paso en una estrategia que puede poner patas arriba desde la interlocución con el Gobierno como la negociación de los convenios colectivos.

Tras una denuncia de la organización que preside José María Torres, el Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre por el que el Ministerio de Educación y Formación Profesional repartió 30,6 millones a CEOE, Cepyme y UGT para desarrollar actividades de formación en materia de digitalización. El Alto Tribunal concluye que no hay justificación alguna para que esta cantidad se conceda directamente a esas tres organizaciones sin convocatoria pública, tal y como prevé la Ley General de Subvenciones.

Pero esta denuncia no es la única presentada por Conpymes. En 2022 presentó en la Audiencia Nacional un contencioso administrativo ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo en relación a su petición de ser reconocida como agente social, y fuentes vinculadas a la organización esperan que un fallo favorable a sus demandas se conozca en breve. Por si esto fuera apoco, también han elevado una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo por el mismo motivo: su exclusión del diálogo social.

La sentencia no puede llegar en un momento más delicado para el Ejecutivo, mientras se negocian cuestiones como la reducción de jornada, la reforma del despido o la de los subsidios por desempleo, en un marco de debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Todo ello en el arranque de una Legislatura en la que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se habían comprometido a revisar el papel de sus interlocutores.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar firmado en noviembre prometía "desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional". También prometía hacer lo propio con el colectivo de autónomos "mediante un sistema basado en principios democráticos".

Este cambio parece hecho a medido de Conpymes, patronal constituida en 2021 como una alternativa a Cepyme, a la que consideran una mera extensión de la CEOE que no defiende los intereses de los pequeños empresarios. De ella forma parte también Uatae, una de una de las tres principales asociaciones de autónomos tras ATA (vinculada también a CEOE) y Upta (que se relaciona con UGT).

El pacto incendió a los empresarios liderados por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva en lo que en un primer momento se interpretó como una maniobra del Ejecutivo para impulsar asociaciones 'afines' en detrimento de la órbita de la CEOE. Algunos incluso quisieron ver una lectura política vinculada con los acuerdos del Gobierno con Junts y ERC. La razón es que el vicepresidente de Conpymes, Antonio Cañete, es presidente de la patronal catalana de pymes.

Una interpretación rechazada por la mayoría de los actores consultados, ya que tanto Cañete como el propio José María Torres, han marcado distancia con el independentismo. Además, Conpymes integra a otras organizaciones como las sectoriales COAG y Fenadismer, la valenciana Unión Gremial, la balear PIMEB o la castellanoleonesa CES. Organizaciones diversas y muy lejos de verse complacientes ante decisiones que el Gobierno ha cerrado con los sindicatos al margen de CEOE y Cepyme, como en el caso de la subida del SMI.

Desactivar una bomba de relojería

Así las cosas, donde unos ven una jugada para colocar organizaciones afines en la mesa de negociación, otras voces avisan de que el Gobierno solo pretende lanzar una advertencia para devolver a la CEOE de Garamendi al 'redil' de la mesa de negociación, a cambio de pactar una reforma de muy corto alcance que baste para desactivar una 'bomba de relojería' que en realidad tampoco le conviene que estalle.

Si la justicia española y Bruselas dan la razón a Conpymes, supondrá un varapalo sin precedentes a la estructura del diálogo social tripartito (entre Gobierno, patronales y sindicatos) y el reconocimiento explícitio de la falta de un sistema objetivo de acreditación de la representatividad empresarial a nivel de negociación institucional, al no existir un desarrollo reglamentario específico, como sí existe en el caso de los sindicatos.

Ante esta carencia, se aplica la regla que fija el Estatuto de los Trabajadores en la negociación de los convenios colectivos sectoriales: que las organizaciones representen al 10% de empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico. Sin embargo, esto también es problemático. Fuentes del diálogo social hablan de una auténtica cascada de impugnaciones de convenios tanto sectoriales como a nivel de empresas por haberse visto desplazados especialmente por Cepyme.

Pero esta polémica regla ni siquiera se aplica a la negociación con el Gobierno, que carece aún de una legislación específica y actualizada que clarifique cómo se seleccionan a los representantes de las empresas en la negociación de las grandes reformas y regulaciones económicas. Y esto repercute no solo en las organizaciones, sino en el reparto de subvenciones que recibe cada una de estas administraciones.

Precisamente, en paralelo a la cuestión de la representatividad, el acuerdo PSOE y Sumar habla de una ley de participación institucional que estructure el diálogo entre patronal, sindicatos y administraciones (incluyendo comunidades y ayuntamientos). Pero Díaz no ha concretado avances en esta cuestión.

En este escenario, la entrada de una nueva patronal desequilibra un diálogo social más necesario que nunca ante la debilidad parlamentaria del Gobierno a la hora de sacar adelante medidas laborales, ante la posición de Podemos. En este escenario, algunos negociadores apuntan a que Trabajo y Moncloa pueden preferir mantener los desencuentros 'pactados' con CEPE y Cepyme antes que una verdadera apertura del diálogo social.