Que los españoles trabajen menos horas por el mismo sueldo es una realidad que se materializará a partir de este mismo año, cuando el Gobierno se ha comprometido a reducir la jornada máxima de 40 a 38,5 horas semanales este mismo año, para llegar a las 37,5 en el próximo. Pero aterrizar esta promesa política a la realidad concreta de cada trabajador es mucho más complejo de lo que parece. De hecho, muchos asalariados ni siquiera notarán un cambio en su jornada diaria de trabajo.
Los agentes sociales han iniciado ya la negociación bilateral, al margen del Gobierno, sobre la reducción de la jornada a 37,5 horas en 2025. Aunque esta es una cuestión cerrada desde el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, una inesperada rebelión conjunta de patronal y sindicatos contra las directrices de Yolanda Díaz le ha obligado a admitir que sea un acuerdo entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT el que delimite cómo se concreta la distribución del tiempo de trabajo en España.
Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 20 de marzo de 1956) es el actual secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) desde 2016. El líder sindical abre a elEconomista.es las puertas de su despacho para hablar sobre la actualidad laboral y sindical.
La reforma del subsidio por desempleo ha reabierto una polémica histórica sobre la cuantía de estas ayudas. Y es que en 2004 se produjo un cambio en la manera de calcularlo. Un desfase que supone que los desempleados de larga duración que a día de hoy cobran 480 euros podrían percibir 850,8 euros. Es decir, que reciben 370,8 euros menos de lo que les correspondería si estas ayudas se hubieran seguido incrementando con el sistema vigente hasta entonces.
El anteproyecto de ley para la transposición de la normativa europea sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles promete una revolución en la capacidad del empresario para tomar decisiones unilaterales sobre aspectos fundamentales de las condiciones laborales del trabajador como el tipo de contrato o las horas de trabajo. Más allá de las nuevas obligaciones para la empresa y derechos para el trabajador que conllevará la nueva ley, lo poco que se conoce del texto hasta el momento muestra un recorte sustancial a la capacidad de las empresas para decidir de manera unilateral cambios drásticos en las condiciones de trabajo e impide, además, despedir a quien los rechace. Sin embargo, persisten muchas dudas acerca de cómo Díaz pretende materializar este planteamiento.
Unai Sordo Calvo (Baracaldo, Vizcaya, 2 de octubre de 1972) es el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), se reúne con elEconomista.es al inicio de la nueva legislatura para tratar las póliticas relacionadas con los trabajadores para los próximos cuatro años y las negociaciones que tienen en marcha con el Gobierno y los empresarios.
La oleada de dimisiones en España es uno de los fenómenos laborales más sorprendentes de los dos últimos años y, seguramente, el peor analizado. Una avalancha protagonizada por más de dos millones de asalariados con un contrato indefinido y que no pocos han comparado con la 'Gran Renuncia' que ha afectado a países como Estados Unidos. Lo cierto es que aquella situación no tiene nada que ver ni en las cifras ni en las causas con lo ocurrido en nuestro país, donde se revela un cambio en las reglas de juego del empleo, pero aún nos mantiene alejados de los mercados de trabajo más vigorosos del mundo.
Las bajas de afiliación por finalización o interrupción de un empleo de carácter eventual sumaron 13,5 millones en 2023, un 4% menos que en 2021 y un 22% por detrás de los 17 millones alcanzados en 2019. Pero este descenso no impide que los trabajos de corta duración sigan teniendo un peso desproporcionado en el mercado laboral español. El dato de 2023 es todavía superior a los registrados durante la crisis financiera, apoyados ahora por la elevada volatilidad de unos contratos fijos discontinuos, que parecen haber tomado el relevo de los temporales más precarios.
El mercado laboral español cerró 2023 sumando 991.265 bajas de afiliación a la Seguridad Social por una causa clasificada como despido. Una cifra que supera en un 22% la anotada un año antes, y bate los registros de la serie histórica comparable, que se remonta a 2013. Pero este récord se ve acompañado por el de las bajas por no superar el periodo de prueba, que alcanzaron las 976.141. La suma de ambos, tipos de ceses, 1.97 millones, muestra la evolución de un mercado laboral marcado por la incertidumbre económica, pero también por la reforma laboral.
Los datos de teletrabajo dieron una sorpresa en el cuarto trimestre del año tras dispararse un 19,4% respecto al mismo periodo del año anterior y superar por primera vez desde el arranque de 2021 el umbral de los tres millones de ocupados en remoto, algo que desde el estallido de la pandemia solo había ocurrido otras dos veces. Una evolución que responde al repunte del modelo 'híbrido', que compagina el tiempo en la oficina y a distancia, pero también refleja una recuperación del teletrabajo que ocupa la mayoría de los días de trabajo.