Álvarez: "La aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas debe tener flexibilidad"

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 20 de marzo de 1956) es el actual secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) desde 2016. El líder sindical abre a elEconomista.es las puertas de su despacho para hablar sobre la actualidad laboral y sindical.

¿Cómo ha visto el comienzo de la nueva legislatura?

Hemos empezado una legislatura con temas importantes, pero no sé si tantos. Al contrario que la anterior legislatura que no solo tuvo temas importantes, sino que además fueron muchos. Ahora tenemos abierto el melón de la reducción del tiempo de trabajo, que tiene mucho calado, pero en donde realmente no hay muchas opciones. Son 37,5 horas. En esta cuestión podemos ver si hay elementos de flexibilidad desde el punto de vista de la aplicación y discutir cuestiones que tengan que ver con esto, pero en realidad hay un acuerdo de gobierno que se entiende que se votó con la investidura del presidente del Gobierno. Por lo tanto, no solo debería competir a los dos partidos que están en el Consejo de Ministros, sino que también debería implicar al resto de formaciones políticas que votaron al señor Sánchez para presidir el Ejecutivo. Me gustaría que esta medida se pueda acordar con la CEOE; ya sé que parece utópico, pero es la predisposición que todo debemos tener los sindicatos y a la patronal.

¿Es prioritario el cambio?

En España se trabaja muchísimo más que en el entorno de los países en los que nos movemos. Somos un país con unos niveles de productividad bajos en relación con estos países, cuando trabajando tantas horas deberíamos sobresalir desde el punto de vista de la productividad. Lo cual quiere decir que no hay una relación directa entre una cosa y la otra. Podemos pensar que solo es una medida positiva para trabajadores y trabajadoras, pero debe tener elementos positivos en la economía general del país. Si eso es así, debería de contar con una mayoría amplia del Congreso de los Diputados.

Ahora, me gustaría que, tras la experiencia de la legislatura anterior, los partidos que no forman parte de la mayoría que llevó a Sánchez a Moncloa, sean conscientes de que tanta incongruencia no nos llevó a ningún sitio. Si las patronales y los sindicatos somos capaces de acordar una medida de estas características, el Parlamento debería apoyarlo por una mayoría amplísima

Hay que abordar también el Estatuto del Trabajo del S. XXI ¿Les preocupa que sea un texto refundido?

Sería mejor eso que nada. La actualización es imprescindible porque hay normas contradictorias. Se han ido haciendo reajustes y nosotros, que podemos alegar cierta paternidad al estatuto hace más de 40 años, creemos que es razonable que el cambio sea de fondo. El hacer uno nuevo no quiere decir que prescindas de todo lo que hay. Quiere decir que das otra articulación, que ves si alguna de las cuestiones que requieren una ley específica en vez de estar incluidas en el estatuto de los trabajadores, por ejemplo, todo lo referido a la libertad sindical.

Da la sensación de que será complicado sacar adelante medidas en materia de Trabajo y Seguridad Social sin el consenso tripartito

Respecto a la patronal, deben digerir que tenemos un Gobierno que ha contado con una mayoría en el Parlamento, y que en julio parecía imposible que se pudiera producir esa situación. Estamos en ese tránsito. Ahora tenemos un período de tiempo en el que vienen las elecciones gallegas, las vascas y las europeas. Cuando pasen todos los procesos electores veremos que hay un horizonte que mantendrá al actual gobierno. En esa coyuntura, los poderes económicos tendrán que reajustarse, incluida la patronal, y eso nos ayudará a restablecer un clima que no se ha visto en muchos años. Esto debe permitir que las cosas y las decisiones que se tomen vayan en beneficio de la empresa y de los trabajadores.

Volviendo al ámbito político, el que piense que no ha cambiado nada con este nuevo parlamento se equivoca. Somos plenamente conscientes de que no solo ha cambiado porque hay una mayoría en la que cuentan todos los partidos que forman parte de ese soporte que se dio al señor Sánchez. Además, hay un grupo político que es Sumar, que ha tenido una salida de Podemos, y hay una nueva coyuntura. Esto hace que tengamos que ser especialmente vigilantes desde el punto de vista de los acuerdos a los que lleguemos, porque tema relativamente importantes pueden convertirse en elementos enquistados.

El ejemplo es el 'recorte' a los mayores de 52 años con el subsidio por desempleo

Con el tema del subsidio a mayores de 52 años no ha habido un debate solo entre Trabajo y Economía. También ha habido un debate entre economía y las organizaciones sindicales durísimo; yo mismo lo tuve con la exvicepresidenta Calviño. En la fase en la que estamos en España, alguien puede tener la tentación de culpabilizar a las personas que están en el desempleo porque quieren, porque son unos cómodos o porque, como dice el consejero de Vox en Castilla y León, son unos vagos que no quieren trabajar. Eso es radicalmente falso.

El cambio para los mayores de 52 años, sin haber hecho previamente un trabajo de inserción a través de políticas activas para que estas personas tengan la oportunidad de trabajar, sin haber hecho antes otra cosa que a mí me parece trascendental, que es poner la norma en positivo. Hay personas que están en una edad elevada, que es casi imposible que vayan a poder volver a trabajar. Por tanto, trabajar con ese colectivo de personas a mí me parece fundamental. Ir a la política de disparo y tiro un cañón y al que pille lo pillo, no me parece justo. Cuando llegas a esa edad, si te toca porque no tienes posibilidades de emplearte o porque tienes que emplear las condiciones más bajas que tenías antes de entrar en esa situación, vas a ver mermado tu derecho a la pensión de manera importante.

Lo que nos parece que es más razonable es sacar adelante el decreto sin esta medida y que se trate en una mesa de negociación en la que nosotros queremos hablar del empleo y la empleabilidad. Si no queremos hacer demagogia, no podemos decir que la gente no quiere trabajar, sino crear las condiciones para que los puestos de trabajo los cubran nacionales. Los mayores de 52 años tienen que ir a ese a ese debate, no tanto porque sean las personas que se van a desplazar. Me refiero a que el Estado tiene responsabilidades superiores al resto de servicios de empleo, pues podía poner políticas y evaluar si se llevan o no a cabo en las regiones, competentes en esta materia. Hay que poner fin a este desastre que tiene España de los servicios de empleo.

¿No está para eso la Ley de Empleo?

Tenemos una Ley de Empleo que no hemos aprobado y en la que ni hemos participado para su elaboración, y que no ha sido objeto de un gran debate en el país. Una ley de empleo donde no convocaron a las Comunidades Autónomas, ya que debería ser el resultado de un pacto por el empleo en el que participen todas las partes interesadas, dado que estas tienen casi todas las competencias. Es papel mojado.

También están las mal llamadas 'prejubilaciones' que fomentan algunas empresas

Llevamos mucho tiempo hablando de este tema y es curioso que desde el libre mercado se pidan intervenciones estatales en el mismo. Las empresas que hacen esto, lo hacen con sus propios recursos, no con recursos públicos. No somos partidarios de esos procesos, porque no es cierto que todas las trabajadoras y los trabajadores tengan las mismas condiciones para jubilarse. Hay personas que se jubilan y les va muy bien, incluso tienen una segunda vida laboral, mientras que otras no tienen esa alternativa.

Lo que me duele es que solo podamos hacerlo donde las organizaciones sindicales tenemos peso. En lugares donde no lo tenemos, hay personas que van al desempleo sin posibilidades de negociación, ni con el Estado ni con la Seguridad Social. Estas personas son las que luego, con 62 ó 63 años, se enfrentan a una jubilación anticipada con una merma brutal en su pensión. Verlo solo desde el punto de vista del final de la película me parece muy difícil. Si queremos hablar de este tema, hablemos desde el principio y veamos por qué se producen esas situaciones. No son caprichos, son deseos de obtener más beneficios por parte de las empresas. La banca, por ejemplo, ha subcontratado parte de sus actividades de atención al cliente de manera brutal.

Creo que este es un tema que no se puede reducir a señalar a las empresas como malvadas. Han generado situaciones beneficiosas para el país desde muchos puntos de vista, incluido el bienestar de las personas y el mantenimiento de la economía y el consumo en España.

¿Cómo valoran la Reforma Laboral y sus efectos?

Cuando tienes la temporalidad como norma, cambiar la norma de manera inmediata tiene unos efectos. La temporalidad en Europa está entre los 10 y los 13 puntos de media en los países de la Unión Europea. Nosotros somos un país con un sector de servicios muy importante, incluso con un peso de la agricultura superior al resto de países de nuestro entorno nos comparamos en la Unión Europea, es un país más alto. El contrato fijo discontinuo está lejos de tocar techo porque hay sectores en los que todavía no ha entrado, como el agrícola. Por tanto, todavía hay un proceso largo de implementación. Deberíamos empezar a trabajar con la patronal; y digo con la patronal, no con el Gobierno. Si nos alineamos con CEOE, luego será mucho más fácil poder implementarlo con las mesas de negociación.

En algún momento, tenemos que evaluar los efectos de la reforma laboral y ver dónde nos han quedado sombras porque empezamos a visualizar sus efectos, pero podríamos, según la patronal y CCOO, solicitar un informe independiente que refleje los elementos que no funcionan y qué se podría mejorar, para entendernos mejor. Hay algunos aspectos que hemos estado destacando, como el trabajo a tiempo parcial, que es uno de ellos, y el cual tiene más de una posibilidad de ser abordado.

Han comenzado a hablar con Seguridad Social por la mesa de pensiones ¿Qué apreciaciones hace sobre cuestiones como la jubilación parcial o la anticipada?

Esta parte de la mesa ha sido abierta más a instancias del Gobierno que de las organizaciones. Por tanto, lo que el Gobierno tiene que entender es que no vamos a ofrecer lo que no hemos pedido en reformas anteriores. Lo digo porque ya se han castigado bastante las prejubilaciones, las no deseadas anticipadas, en todo este periodo. Tanto es así que ya estamos por encima de los 65 años de media de edad de jubilación en España, teniendo en cuenta que hay muchísima gente que todavía tiene derecho a jubilarse a los 65, porque hay un proceso de transición y hay mucha gente que todavía tiene años de cotización muy altos. Por lo tanto, en eso no nos busquen.

Para nosotros es fundamental instaurar el contrato de relevo para todos los sectores productivos de nuestro país. Eso significa que no esté sujeto a ver qué pasa el año que viene, que me sale muy caro. Seguridad Social contabiliza el coste pero no contabiliza los ahorros que tiene con un contrato de relevo, porque tiene la virtualidad de que una persona es sustituida por otra y, por tanto, cuando haces el cálculo del coste, tienes que tener en cuenta que esa trabajadora o ese trabajador, si se hubiera jubilado en edad, puede sacar la empresa a amortizar el puesto de trabajo en lugar de contratar a otro. Esa es una cuestión para el país debido a que tenemos muchísimas empresas que utilizan la jubilación como instrumento para reducir plantilla.

La jubilación anticipada o los tránsitos a jubilación, o la jubilación flexible, son otros instrumentos que estamos discutiendo. Puede haber gente que decida que prefiere jubilarse más tarde y hacerlo reduciendo la jornada de trabajo antes de llegar a la edad de jubilación. ¿Por qué negar esa flexibilidad si eso facilita los procesos de jubilación?

¿Qué opinión le merece la situación de los agricultores españoles en Francia?

Me parece razonable que haya estas movilizaciones y, francamente, me parece grosero que alguien intente llevar esto a un nacionalismo de su país frente al país vecino. Este punto, que de alguna manera aparece en Francia, donde Ségolène Royal es la Marine Le Pen, en este caso, es el de la demagogia y la falta de vergüenza. Hay que proteger a los agricultores europeos porque sus protestas tienen todo el sentido y para ello hay que velar porque compitan en igualdad de condiciones. En España hemos hecho la ley de la cadena alimentaria y el Gobierno de España tiene que poner medios para vigilar que se cumpla. Porque es fundamental que no se permita la venta a pérdidas.

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