"Esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales". El Ministerio de Trabajo ha abierto hoy la mesa de diálogo con patronal y sindicatos para reformar el subsidio por desempleo después de que la norma que busca elevar el importe de la ayuda suspendiera el trámite parlamentario con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
No se esperaban cambios en el texto que el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lleve a la cita convocada para este lunes y así ha sido. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, insistió el viernes en que la norma que se llevó a la Cámara Baja "suponía un incremento neto de los derechos de los trabajadores", por lo que "el planteamiento del Gobierno se sitúa en ese decreto que estaba lleno de mejoras", y en esa posición se ha mantenido en la rueda de prensa posterior a la cita.
El Ministerio ha recibido las aportaciones de los agentes sociales. El punto de partida no es sencillo ya que ninguna de las dos partes aprobó la reforma planteada por Trabajo, especialmente la CEOE, aunque los sindicatos la veían insuficiente pese a reconocer los "avances significativos" que albergaba. "La mesa ha sido muy constructiva y el clima de colaboración", ha indicado Pérez Rey.
Según ha indicado el secretario de Estado, los sindicatos han pedido incorporar al debate el trabajo a tiempo parcial, la mejora del tránsito al Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde el subsidio para determinadas situaciones (expresidiarios, inmigración...), avanza ya medidas para la mejora del reconocimiento de la prestación a las trabajadoras transfronterizas, y han trasladado su preocupación por la situación de las peonadas de Extremadura y Andalucía (actualmente exigibles 35 en vez de las 10 que proponía el decreto fallido).
En cuanto las propuestas de la patronal, Pérez Rey ha confirmado que los representantes de los empresarios CEOE y Cepyme han reivindicado su falta de acuerdo con el decreto y también han solicitado medidas para el trabajo a tiempo parcial. Choca frontalmente con Trabajo el acuerdo de actividad sobre el que el Ministerio "no piensa retroceder". Se refiere al castigo de los parados por no aceptar trabajos: "No se les puede ofrecer cualquier trabajo, hay que ofrecerle un trabajo cerca de su domicilio y de calidad, indefinido. La CEOE nos pide revisar esto y desde el Ministerio no estamos dispuesto a revisar esta garantía de la ley de empleo".
Los cambios que quiere Trabajo
La norma redactada por Trabajo y publicada en el BOE aumenta la ayuda asistencial que se percibe al agotar el paro desde los 480 euros actuales (el 80% del Iprem) hasta los 570 euros en los primeros seis meses de percepción. Una vez transcurrido ese medio año, se abrirá un segundo periodo de seis meses en el que la ayuda bajará a 540 euros antes de volver otra vez a los 480 euros. En el caso de que el Iprem, ahora de 600 euros al mes se incrementara, el importe del subsidio lo haría en la misma proporción.
Este punto se acordó con una cesión tanto de Díaz, que quería aumentar la ayuda a 660 euros, como de la ex vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que defendió recortar el subsidio por debajo de los 480 euros.
El texto de Trabajo mantiene la extinción de la percepción en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada pero incluye la posibilidad de compatibilizarlo durante 180 días con la percepción de un sueldo para "facilitar la transición al empleo". Es decir, se podrá solapar el subsidio con un empleo durante seis meses, un plazo mucho más elevado que los 45 días que se plantearon en un primer momento.
También acorta el plazo para acceder al subsidio. Los beneficiarios ya no tendrán que esperar un mes (una especie de "castigo" implantado hasta ahora, indicó Díaz durante la presentación del acuerdo), sino que la percepción de la ayuda se activará de manera automática al entrar en desempleo para evitar los 30 días de decalaje hasta el cobro. Asimismo, se contempla una la revisión de los subsidios cada tres meses en vez de manera mensual para facilitar la vigilancia al cumplimiento de los requisitos.
Trabajo estima que los beneficiarios serán más de un millón, frente a los 800.000 que lo cobran ahora. Esto se debe a que el nuevo subsidio por desempleo que quiere Trabajo se extiende a menores de 45 años sin cargas familiares (hasta ahora tenerlas era condición para este colectivo) y a mayores de 52 años con personas a cargo, incluso si las rentas del beneficiario, como hasta ahora, superan el umbral, que se fija en el 75% del salario mínimo interprofesional.
También se podrán acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y carezcan de responsabilidades familiares, y se extiende la protección a las personas trabajadoras eventuales agrarias y a los trabajadores transfronterizos, aquellos que vienen a trabajar a nuestro país en Ceuta y Melilla, matizó Díaz.
El polémico subsidio de los mayores de 52
El 61% del total de perceptores del nivel asistencial cobrea el subsidio de 52 años. Este, que se cobra hasta el momento de alcanzar la edad ordinaria de jubilación y busca reparar a los trabajadores a los que el mercado laboral da la espalda, se mantendrá en el 80% del Iprem durante todo el periodo de percepción. Este es el punto que llevó a Podemos a rechazar el decreto. Trabajo accedió a endurecer los controles sobre esta prestación para evitar que se convierta en un vehículo para prejubilaciones aunque sí se beneficiarán de él más personas al rebajar los niveles de renta.
El texto alberga un recorte gradual de la cotización por jubilación de los perceptores del subsidio mayores de 52 años. Si ahora cotizan por el 125% (esto se aprobó para compensar en la pensión el difícil acceso al empleo a partir de esa edad) de la base mínima vigente en cada momento, pasarán a cotizar el 120% de la base mínima en 2024, el 115% en 2025, el 110% en 2026, el 105% en 2027 y el 100% en 2028.
La reunión de hoy también ha tratado este asunto, "un subsidio muy importante para una parte muy importante de los trabajadores de este país", ha dicho Pérez Rey. Los sindicatos han pedido la mejora del mismo, punto que evaluarán desde el Ministerio, aunque han expresado su acuerdo en que el tratamiento de la sobrecotización no puede ser idéntico con un salario mínimo de 700 euros que con el actual. "Como ustedes saben, el 125% fue el parche que hubo que buscar para evitar que los trabajadores mayores de 52 años tuvieran una enorme penalización en sus cotizaciones a la jubilación cuando perdían el trabajo con esa edad", ha matizado Pérez Rey.
La próxima reunión será convocada "de manera rápida". El Gobierno abre con sindicatos y empresarios una senda a la que tuvo que renunciar a finales de año porque el reloj corría para el Gobierno, que tenía que aprobar la norma antes del 31 de diciembre de 2023 para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos. Esas prisas llevaron a Díaz a renunciar al diálogo social, que abre ahora para sacar adelante la reforma.
