Díaz mantendrá el recorte en la pensión de los mayores de 52 años en paro

Yolanda Díaz tiene hasta junio para que la reforma de los subsidios por desempleo se haga efectiva y así desbloquear el siguiente paquete de ayudas europeas, por valor de 10.000 millones de euros. Para ello, se reunirá con los agentes sociales, aún sin fecha, antes de volver a presentar la medida en la Cámara Baja. Ahora bien, se descarta ya que haya grandes cambios, sobre todo, en lo que afecta al punto más polémico: el recorte de la cotización, y por tanto de la pensión, de los mayores de 52 años que reciben esta ayuda.

Bruselas ha denunciado repetidamente que el nivel actual de cotización debe rebajarse, para que deje de constituir un incentivo para que se produzcan prejubilaciones encubiertas o incluso forzosas.

Este dictamen europeo se hizo efectivo sobre el papel en forma de decreto en diciembre pasado. Ahora bien ese cambio fue también el que hizo que Podemos rechazara el texto legal de reforma del subsidio por desempleo hace dos semanas en el Congreso de los Diputados. Y todo apunta a que volverá a abrirse el conflicto entre el partido morado y Sumar, ante la negativa de Díaz de plegarse a las presiones de Podemos y dar marcha atrás.

No en vano más del 60% de los beneficiarios corresponden al subsidio para mayores de 52 años, orientado a desempleados con o sin cargas familiares que, debido a su edad, enfrentan mayores obstáculos para reintegrarse al mercado laboral. Estos individuos pueden percibir esta ayuda de manera indefinida, hasta que opten por jubilarse anticipadamente. En este contexto, actualmente el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cotiza por estos trabajadores un 125% de la base reguladora, una práctica única que no se aplica a ninguna otra prestación o subsidio.

Con su reforma (acordada con Economía), Díaz pretende establecer en el 100% la base a partir de 2028. Sin embargo, antes de alcanzar este punto, se implementará una senda de rebaja progresiva. En 2024, el porcentaje será del 120%, en 2025 será del 115%, en 2026 será del 110%, y en 2027 será del 105%. Aquellos que reciban la ayuda antes del 1 de junio de 2024 continuarán con una base de cotización del 125%. Esta medida, introducida en la fase final de la redacción del decreto, que fue sometido a votación este mes, tiene un objetivo claro: desincentivar las prejubilaciones.

El diseño actual facilita una especie de ingeniería indemnizatoria, donde la sucesión de prestaciones y subsidios permite establecer condiciones de despido más favorables, facilitando las negociaciones. Sin embargo, esta situación ha llevado a un punto insostenible para las arcas públicas responsables de financiar estas ayudas.

En Unidas Podemos siguen haciendo oídos sordos a estos argumentos. Fuentes de la formación morada consultadas por este medio, confirman que la ayuda para los mayores de 52 es "la única pega" que tienen para aprobar la medida por la reducción de la cotización desde el 125% hasta el 100% con el objetivo de perseguir estas prejubilaciones. "Es un recorte por mucho que intenten matizarlo", explican.

La cuestión del subsidio para mayores de 52 años fue el obviada durante la polémica en torno a los cambios en el nivel asistencial de la protección por desempleo. El Gobierno del PSOE restableció esta ayuda en 2018, revirtiendo la decisión del Gobierno del PP de elevar la edad de elegibilidad a los 55 años. Además, el Ejecutivo del PSOE volvió a fijar en el 125% el porcentaje de la base de cotización por el cual el SEPE cotiza por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio.

A pesar de que el Gobierno siempre ha evitado mencionar explícitamente las prejubilaciones, el impacto de estas medidas podría ser significativo para las empresas que consideran este tipo de procesos. Estas compañías se verán obligadas a realizar mayores aportaciones en cotizaciones para persuadir a los trabajadores. Sin embargo, la contrapartida es que esta medida también podría afectar a los desempleados que han perdido su empleo debido a otros tipos de despidos.

El lunes que viene Díaz se enfrentará al Congreso a petición propia para comparecer en la la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad y Migraciones del Congreso de los Diputados a petición propia para abordar, entre otras cuestiones, la situación de la Inspección de Trabajo y accidentes laborales en Galicia, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la reforma laboral.

A pesar de que el tema no esté en el orden del día, se presupone que el resto de grupos políticos, con especial atención a Unidas Podemos, abrirán de nuevo el melón para conocer los planes de Díaz antes la reapertura de las negociaciones de la reforma.

Sin noticias de la mesa de diálogo

Yolanda Díaz anunció tras la aprobación del Salario Mínimo que convocaría a los agentes sociales para intentar sacar adelante la fallida reforma del subsidio. A pesar de que la vicepresidenta segunda dijo que se iniciaría con "caracter inmediato", los agentes sociales todavía no han recibido ninguna comunicación del Ministerio, que ha preferido comenzar la negociación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La líder de Sumar comentó en Bruselas en una reunión junto a sus homólogos europeos que la reforma "sería consensuada", lo que contrasta con las voces que dicen que no habrá grandes cambios con respecto al primer texto. La intención de Díaz es poner sobre la mesa un acuerdo del diálogo social sobre la reforma del subsidio de desempleo que eleve la presión sobre las fuerzas políticas a la hora de rechazarlo. Fuentes empresariales comentan a elEconomista.es que, "por nuestra parte, se trata de empezar a negociar desde el principio".