El auge y caída del teletrabajo se ha convertido en fuente casi inagotable de estudios y análisis durante los últimos cuatro años, en los que ha pasado de considerarse el futuro imparable del modelo laboral a un fracaso con todas las letras del que ahora parecen renegar incluso sus primeros valedores. Lo cierto es que los datos son contundentes: el diferencial de teletrabajo entre España y la Unión Europea es hoy mucho más alto que antes de la pandemia... y que cualquier momento anterior de la serie histórica. Pero ¿a quién se puede culpar de este desenlace?
Antes de explorar la lista de sospechosos, conviene exponer los hechos por los que se les juzga. Según los datos de Eurostat, en 2019 la tasa de asalariados que teletrabajaban en España de manera habitual era del 2,5%, frente al 3,2% de la Unión Europea. Una diferencia de 0,7 puntos porcentuales. En 2020, la pandemia y los confinamientos dispararon este porcentaje al 9,5% en nuestro país y al 10,5 en la media de los 27, lo que elevó levemente el diferencial a un punto porcentual.
Hasta ese momento, la evolución de la brecha no es muy diferente a la que había seguido en la segunda década del siglo, con un rango estabilizado entre el 1 y 0,5%. Sin embargo, en 2021, ocurre algo inesperado: España se desmarca del resto de Europa y la brecha multiplica por cuatro, con una tasa de teletrabajo que pierde 1,6 puntos, mientras la europea remonta 1,8 puntos porcentuales. El nuestro fue uno de los únicos seis estados europeos en las que el trabajo en remoto retrocedió.
En 2022 el retroceso del teletrabajo parece generalizarse al resto de países, lo que hace que la media de la UE el teletrabajo pase del 12,3% al 8,7%, un desplome de 3,6 puntos. Pero en España también sigue bajando, y lo hace aún con mayor intensidad que en el ejercicio precedente: dos puntos completos, al 5,9%. Sigue siendo más del doble que en 2019, pero a costa de un diferencial con la UE que es cuatro veces superior al de entonces y casi tres veces más elevado que el de 2020.
De esta forma, España pasa del puesto 14 al 16 en el ránking europeo del teletrabajo. Aunque son solo dos puestos, se aprecia cómo España amplía la brecha con las economías más desarrolladas de la zona euro. Un ejemplo claro es Alemania: la distancia ha pasado de 0,7 puntos hace cuatro años (la misma que con la UE) a 7 puntos. Diez veces más.
En un primer momento, la explicación dada desde el Gobierno es que en España los confinamientos fueron más intensos en 2020 que en el 2021, cuando en el resto de los países europeos los cierres se prolongaron con mayor intensidad. Pero que las empresas españolas renunciaran al teletrabajo a la primera oportunidad es algo que muchos achacan a la entrada en vigor de una legislación demasiado estricta.
El 'efecto' Díaz
Hasta finales de 2020, el teletrabajo se regulaba por la redacción del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores dada por la reforma laboral de 2012. Una norma que dejaba en manos del acuerdo entre empresas y empleados su aplicación. Pero en un escenario de teletrabajo forzado por la pandemia, esto no dejó de dar problemas. Por ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pactó con patronal y sindicatos un decreto a finales de 2020 que posteriormente se convirtió en Ley en junio de 2021, que fijaba un "mínimo" de condiciones, que a juicio de los expertos, era demasiado estricto.
Y también introducía una sorprendente desigualdad entre tipos de teletrabajo. Así, Fedea publicó un estudio hace casi un año que criticaba la "dualidad legal" entre el teletrabajo habitual, es decir aquel que supera el 30% de la jornada, y el ocasional que queda por debajo de este umbral que equivale a 1 día a la semana. Para el primero se estipulaban una larga lista de obligaciones, como la de compensar al trabajador a distancia por los costes de teletrabajar en casa, que no se aplicaban para el segundo.
En consecuencia, vaticinaron que muchas empresas acabarían optando por esta fórmula de teletrabajo ocasional, conocida como "modelo híbrido". Pero esto tampoco se ha producido. La modalidad ha pasado del 1,7% en 2019 al 4,7% en 2022, pero sigue por debajo de la habitual. Y se aplica mucho menos que en el resto de Europa, donde llega al 11%. Es decir, que en este caso también España sigue muy rezagada respecto al resto de la UE.
La cuestión, en cualquier caso, parece ser no el tipo de teletrabajo sino sus costes. elevados por la nueva regulación, del teletrabajo. Esto explicaría que las empresas hayan sido reacias a implementarlo, pese a que las patronales pactaron las nuevas condiciones con Díaz y los sindicatos.
Estos últimos denuncian que en 2022 menos de uno de cada diez convenios, según cálculos de UGT, recogía acuerdos de teletrabajo. La situación intenta corregirse ahora con el nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva, que insta a empresas y a representantes de los trabajadores a pactar condiciones claras. Pero no solo de trabajo a distancia, también de "desconexión digital" y organización de jornada.
El misterio de productividad
Y es que teletrabajo y desconexión son cuestiones entrelazadas. Un informe de Eurofound publicado a finales del pasado año señalaba a España como el país europeo en el que el teletrabajo obliga a echar más 'horas extra'. ¿La razón? Que no se implementaron adecuadamente los sistemas de control horario que estipula la nueva legislación, sino que las tareas se medían por objetivos. Esto llevaba a los empleados a estar más tiempo delante del teclado para cumplir. Y que muchos acaben prefiriendo trabajar en la oficina, donde la jornada está mejor tasada.
Pero mientras los trabajadores acusan a sus jefes de no confiar en ellos, estos objetan que el teletrabajo ha supuesto una merma de productividad, lo que, elevado a que ahora es más caro, no sea rentable para las empresas. Un discurso además alentado por los 'gurús' e las grandes empresas tecnológicas, como Elon Musk.
Es difícil medir si esto es verdad. Aunque no faltan informes que hablan de que el teletrabajo impulsa la productividad, la satisfacción y no afecta a las empresas, muchos de ellos son encuestas a las propias empresas y trabajadores. Por otro lado, es complejo medir el impacto tanto positivo como negativo en términos de productividad, tal y como se mide en términos de contabilidad nacional, de una modalidad de trabajo que, hoy por hoy, solo alcanza al 5,9% de los asalariados.
El Gobierno se olvida del teletrabajo
Pero en este debate, la posición del propio Gobierno sobre el teletrabajo ha sorprendido. El Ejecutivo se ha visto forzado también a regular esta figura para sus propios funcionarios, en parte ante la presión de sus protestas (el caso más reciente, el de los trabajadores de la Seguridad Social). Pero se ha cuidado en la nueva Ley de la Función Pública, que se está tramitando, de limitarlo. De hecho, el texto del anteproyecto afirma explícitamente que "el teletrabajo no constituye un derecho de la empleada o empleado público".
Quizá por esta visión, el Ejecutivo olvidó el teletrabajo en su plan de choque para hacer frente a las secuelas de la Guerra de Ucrania. En la presentación de unas medidas centradas a evitar un exceso de gasto energético, se habló mucho de impulsar el teletrabajo, pero la redacción final lo obvió. El Gobierno matizó entonces que se trataba de una "recomendación", pero desde entonces, muy poco ha vuelto a hablar del teletrabajo en España.
El debate ha mirado hacia otras cuestiones, como la jornada de cuatro días. Un modelo que pocas empresas parecen interesadas en aplicar, como demuestra el nulo éxito del programa piloto impulsado por Industria y dotado con 10 millones: solo 165 pidieron información y solo 41 han presentado propuestas. Aun así, muchas empresas presumen de aplicar esta jornada. Aunque en la práctica, según avisan los sindicatos y los propios trabajadores, en muchos casos se trata de cuatro días en la oficina y uno en remoto.
Pero Yolanda Díaz no se ha olvidado del teletrabajo, al menos como candidata política. El borrador de propuestas electorales de Sumar aboga por establecer "limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral" cuando se desarrolle a distancia, en especial mediante el uso de medios audiovisuales sobre las personas trabajadoras o el uso de dispositivos de geolocalización. Por cierto, a diferencia del Gobierno del que forma parte como ministra, sí considera que pactar estas modalidades "híbridas y a distancia", sí es un derecho.