Las pymes españolas no quieren implantar la jornada de cuatro días. Al menos eso indica la falta de interés por las ayudas convocadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para ponerla a prueba: solo 41 las han solicitado. Pero la falta de interés por este 'programa piloto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con el líder de Más País, Íñigo Errejón hace año y medio, no es el fin de la historia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que siempre se desmarcó de este 'experimento', tiene ahora vía libre para presentar su propio plan para reducir el tiempo de trabajo.
España llegó tarde a la moda de impulsar este tipo de experiencias para medir los beneficios de la semana laboral con un día menos pero el mismo sueldo, que venían multiplicándose desde que empezó a remitir la pandemia.
Pero lo hizo mientras el Joint Research Centre de la Comisión Europea elaboraba un demoledor análisis de estos programas en otros países en el que concluía que, tal y como se plantean, suponen un desperdicio de dinero público. Su metodología, sesgada y limitada a un tipo de empresas muy concretas, no sirve para analizar con suficiente seriedad la cuestión. Mucho menos por parte de un Gobierno.
Pero el ala socialista del Ejecutivo tenía que cumplir un compromiso cerrado hace dos años con Mas País y Compromís a cambio de su apoyo presupuestario. Errejón y sus aliados valencianos querían capitalizar un debate en boga en el ámbito de los recursos humanos, aunque no lograron el apoyo clave de los sindicatos.
Estos abogan por plantear el debate de reducir la jornada a las 32 horas semanales, pero quieren hacerlo de manera general y por la vía del Estatuto de los Trabajadores. No a través de experimentos y programas piloto que en el resto de los países veían impulsados por lobbies y empresas privadas que, en muchos casos, pretendían 'blanquear' sus propias polémicas laborales (como el sector financiero en Reino Unido) con investigaciones que tienen más de estudios de mercado que de análisis científicos.
Y que además se plantean con alcance muy restringido. De hecho, la mayoría de los laboralistas coinciden en que establecer una jornada laboral diferente para cada sector puede contribuir a la desigualdad. Por otro lado, los intentos de llevarlo al diálogo social en España no han dado resultados, El único ejemplo, el convenio colectivo de Telefónica plantaba la reducción de jornada semanal, pero con un recorte equivalente de salario. La plantilla prefirió mayoritariamente mantener su sueldo.
En Industria queda el consuelo de que las cantidades solicitadas en las propuestas presentadas, que ahora deberán evaluarse para su reparto definitivo, apenas consumirían al 29% del total del presupuesto. Si cada empresa puede pedir hasta 200.000 euros, la media se queda en 69.000 euros. También se ha informado de que beneficiarán a una plantilla agregada de 503 personas. Esto implica un coste de 5.688 euros por cabeza, suficiente para subvencionar el sueldo de ese día menos de trabajo para un salario que no supere los 30.000 euros durante un año. Aunque el problema es que el programa estipula que la reducción debe mantenerse durante dos.
Aun así, el ahorro desde la idea inicial de Más País es sustancial: en un principio planteaban que el programa tuviera un coste de 50 millones. Tras una larga negociación, el departamento que entonces dirigía Reyes Maroto, lo redujo a 9,6 millones, menos de la quinta parte. Y ni siquiera este umbral se ha cubierto.
Valencia se desmarca
Además, aunque se reparten por 13 comunidades, sorprende el desproporcionado peso de Cataluña, que acapara una cuarta parte de los proyectos, mientras que las empresas madrileñas Madrid sólo llegan al 7%. Curiosamente, Valencia, donde Compromís ha plantado su propia versión de proyectos piloto en el sector público, ninguna empresa se ha presentado al programa estatal.
El Ministerio no concretado las características de estas candidatas, por ahora, más allá de que se trata de pymes de menos de 250 trabajadores en sectores como la ingeniería, arquitectura, material y equipo eléctrico, caucho, farmacéuticos, textil y distribución y alimentación. Con esta vaguedad intenta contestar la crítica recurrente de que este tipo de proyectos en España suelen restringirse a startups tecnológicas de trabajadores de 'cuello blanco'. Pero al no facilitar detalles de la actividad concreta de las empresas y las plantillas afectadas, estas dudas siguen muy presentes.
En cualquier caso, Errejón, ve frustrado su plan para convertirse en el adalid de una causa que ha ido cobrando fuerza tras la pandemia, mientras el Ministerio de Industria se pone de perfil en el descalabro de una idea que nunca fue bien recibida por el Ministerio de Trabajo. Aunque la necesidad de estrechar lazos políticos han llevado a Díaz a participar en eventos organizados por Más País y Compromís sobre la jornada de cuatro días, la ministra tiene su propio plan que ha ido perfilando en el último año.
Menos jornada para todos
La vicepresidenta segunda ultima una propuesta que tendría rango de ley y afectaría a todos los trabajadores y empresas. Su argumento base se alinea con las tesis sindicales: España "lleva un siglo" con la jornada de 40 horas y ha llegado el momento de seguir avanzando. Con esta afirmación alude decreto de 1919 que implantó el tope diario de ocho horas, algo en lo que nuestro país sí fue pionero, aunque la misma norma no las repartía en 40, sino en 48 horas semanales. Es decir, seis días de trabajo frente a los cinco actuales.
Precisiones históricas aparte, Díaz defiende que la mejora de la tecnología permite 'repartir' el trabajo. Aunque eso sí, mantiene también una cierta ambigüedad acerca de si su propuesta se refiere a la jornada diaria, semanal o ambas. En todas sus intervenciones elude precisar un número de horas objetivo, que deriva a la mesa del Diálogo Social. Como hizo en el caso del Salario Mínimo Interprofesional, antes de mostrar sus cartas Díaz recibirá un informe de "expertos" que llevan casi un año trabajando para diseñar una "perspectiva amplia y multidisciplinar".
A partir de ahí se preparará la redacción de lo que Díaz ha denominado una "Ley de Usos de Tiempo de Trabajo" que es difícil que se complete antes de que acabe la Legislatura, si bien marcará el debate de la política laboral en su recta final.
De hecho, el reciente Acuerdo de Negociación Colectiva entre patronal y sindicatos omitieron cualquier mención a esta cuestión (aunque sí trataron otras como e teletrabajo o la racionalización de horarios), a la espera de escuchar a Díaz, que en todo caso tiene claro de que el objetivo es "recortar la jornada laboral sin reducir los salarios y sin carácter rígido".
Pero no solo como ministra es consciente de que la jornada laboral está "en el centro de las preocupaciones laborales". También desde Sumar, la plataforma que lidera y con la que se presenta como candidata a presidenta del futuro Gobierno, diseña sus tesis para arrebatar a Mas País y Compromís el liderazgo del debate.
De momento, en el documento de participación ciudadana que Sumar ha distribuido como punto de partida para su programa electoral definitivo, se recoge la idea de que los trabajadores tengan "derecho a la reducción del límite máximo de jornada anual en función del reparto del tiempo de trabajo y la productividad general". Una redacción que supone una referencia evidente tanto a las demandas tanto de los sindicatos como las de sus socios políticos. Pero que sigue sin concretar cómo se plantean materializar este 'derecho'.