La implantación de la semana laboral de cuatro días gana peso en el debate sobre el futuro del mercado laboral en España. La pandemia y el decepcionante boom del teletrabajo han desencadenado una demanda de flexibilidad del tiempo de trabajo que abona el terreno para que propuestas de este tipo, que llevan décadas en la palestra, vuelvan a florecer.
El número medio de horas efectivas semanales trabajadas en España se situaba en el primer trimestre en 36,7. Una cifra que se ha reducido en 1 hora desde el mismo periodo de 2008. Pero la diferencia entre trabajadores por cuenta ajena o propia es abultada: para los asalariados, la jornada es de 35,6 horas, mientras que para los autónomos escala a las 42,7.
Antes este relativo estancamiento de la jornada semanal, los estudios sobre los beneficios y oportunidad de reducirla se suceden cada cierto tiempo, pero tras la pandemia ya no son solo debates teóricos.
Los proyectos piloto subvencionados para implantar un recorte se extienden no solo por España, sino por toda Europa –el último y más ambicioso, en Reino Unido– entre gobiernos de todo color político. ¿Pero hasta qué punto es factible esto en España?
Como punto de partida, podemos dar por hecho que el conocido como modelo belga, que plantea repartir las cuarenta horas en cuatro días, elevando la jornada diaria de ocho a diez horas, se puede dar prácticamente por descartado en España. Tanto los sindicatos como el propio Gobierno lo consideran un recorte a la conciliación que se pretende impulsar.
Esto nos lleva la segunda opción: trabajar un día menos, pero con un recorte equivalente de sueldo. Un planteamiento similar a la actual reducción de jornada y perfectamente viable en el marco de la negociación colectiva. Por ello grandes empresas como Telefónica lo han incluido en su convenio colectivo, aunque con una aceptación limitada por parte de las plantillas.
Sobre la reducción de jornada (diaria o semanal) y sueldo, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa son elocuentes.
Solo un 5,1% de los ocupados aceptarían reducirse la jornada si implica un recorte proporcional del salario. Por el contrario, un 10,8% de los trabajadores quieren trabajar más horas. Algo lógico si tenemos en cuenta que la mitad de los trabajadores a tiempo parcial lo son porque no encuentran un trabajo a tiempo completo.
La serie histórica nos muestra que la disposición a aceptar este modelo fluctúa mucho según el contexto económico. En un entorno de repunte de la creación de empleo como el del último año, se ha incrementado unas décimas, pero la inflación y la pérdida de poder adquisitivo pesarán mucho en la toma de decisiones.
De hecho, las grandes empresas que ofrecen esta alternativa de jornada de cuatro días, como la mencionada Telefónica, ofrecen una bonificación en el salario para incentivar su adscripción.
La clave de la productividad
El tercer modelo es, sin duda, el más atractivo: reducir el número de jornadas pero con la misma duración y el mismo sueldo. Pero también es el más difícil de aplicar en España.
La iniciativa política en este ámbito la lleva Más País, que en los presupuestos de este año pactó un proyecto piloto con el Ministerio de Industria –no el de Trabajo– para que algunas empresas recibieran ayudas públicas a cambio de reducir jornada. Un programa similar ha sido establecido por la Comunidad Valenciana.
Hay que admitir que, en España, reducir días de trabajo gracias a una subvención de dinero público recuerda mucho a un ERTE de reducción de jornada.
Para evitar esta comparación, estos programas establecen condiciones exigentes orientadas a analizar una premisa básica: que la mejora de la productividad asociada a la reducción de jornada hará que estas subvenciones sean innecesarias a medio plazo.
Pero precisamente, este hincapié en la productividad implica que el modelo solo sería factible en un perfil muy concreto de empresas, y ni siquiera para toda su plantilla.
A la espera de conocer los resultados de estos programas piloto, los precedentes de su aplicación exitosa en España apuntan al sector tecnológico y digital con mayor capacidad de adaptación.
En un país como España, con un alto peso del sector servicios y el empleo público en la creación de empleo, y con un elevado 'gap' de productividad respecto a las economías de nuestro entorno, la implantación general de una jornada laboral de cuatro días no parece factible.
El Gobierno, entre dos aguas
Los sindicatos, sin embargo, siempre han defendido con entusiasmo este modelo de jornada laboral de cuatro días, hasta el punto de que es uno de sus principales reivindicaciones de cara a la negociación colectiva, tras la subida de sueldos. En su planteamiento incluyen la premisa de que, que para evitar que la tecnología destruya empleo, hay "repartir el trabajo".
Es decir, si los nuevos procesos permiten mejorar la productividad y los resultados, la única manera de crear empleo y dar entrada a nuevos trabajadores pasa por reducir las horas. Así, de pasada, se evitaría el abuso de las horas extra, especialmente las no pagadas, que suponen un 43% de las horas extra realizadas cada semana.
En la CEOE rechazan vincular ambas cuestiones y se atrincheran en el argumento de que la Mesa del Diálogo Social tiene otras prioridades que discutir. En este sentido, se llega a acusar a los sindicatos de sumarse a un debate "electoralista".
Pero el ministerio de Trabajo también se pone de perfil. Yolanda Díaz hace guiños a la jornada de cuatro días, acepta el discurso de los sindicatos sobre la productividad y hace hincapié en la mejora de los medios de la Inspección de Trabajo para perseguir las horas extra no remuneradas.
Pero vincula el diseño de la jornada a la futura ley de usos de tiempo de trabajo, que plantea la racionalización de las horas de trabajo. Una norma de negociación muy compleja, hasta el punto de que ya se ha retrasado varias veces.
Pero hasta ahora, lo que sabemos es que Yolanda Díaz cuida mucho de desvincular sus contenidos del proyecto piloto de la jornada de 4 días que el PSOE ha pactado con Más País.
