El Gobierno ha abierto finalmente el plazo de la convocatoria de subvenciones "destinadas a financiar la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales" que pretende poner a prueba la viabilidad de la jornada semanal de cuatro días. Lo hace precisamente cuando la modalidad se ve más cuestionada por los expertos y ante unos datos que revelan la imposibilidad de aplicarla en nuestro país.
El argumento que comparten los defensores de recortar la semana laboral es que la evolución del modelo productivo hace posible reducir el tiempo de trabajo no solo sin merma de la productividad, sino incluso incrementándola. Esto se traduce en dos beneficios para las plantillas: se trabaja menos por el mismo sueldo y, además, las empresas pueden contratar a más trabajadores para 'repartir' el trabajo.
Sobre el papel, parece irrebatible: es la misma idea que históricamente impulsó la reducción de la jornada hasta las 40 horas semanales. Además, entronca con una mayor demanda de flexibilidad y conciliación laboral tras la pandemia. El problema es que no hay estudios académicos que avalen estos beneficios, ya que la implantación de esta jornada ha sido menos que residual y se ha limitado a proyectos piloto y experimentos en diversos países, muchos de ellos impulsados por lobbies empresariales, como es el caso del más famoso de ello, realizado en Reino Unido.
En este contexto, cobran especial interés dos recientes estudios del Instituto de Investigación para la Evaluación de las Políticas Públicas (IRVAPP) de la Fundación Bruno Kessler que analizan los impactos de una serie de reformas implantadas en Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Eslovenia entre 1995 y 20007 que condujeron a reducciones en el tiempo de trabajo.
Las conclusiones son contundentes. "La reducción de las horas de trabajo no se tradujo en un mayor empleo. Además, encontramos un efecto positivo pero insignificante sobre los salarios por hora y el valor agregado por hora trabajada", afirman.
Además, analizando el caso concreto de Portugal, cuya reforma laboral de 1996 redujo el tope de jornada de 44 a 40 horas, el análisis muestra cómo las empresas asumen la imposición de una reducción de jornada sin bajar sueldos, lo que se traduce en salarios proporcionalmente más altos y mayores costes laborales. Ante ello, el descenso de las horas trabajadas 'per cápita' no se compensa contratando más trabajadores, sino subiendo los precios para evitar las pérdidas.
"Mucha palabrería de lobbies"
Pero a tenor de la situación actual, los expertos tampoco prevén un 'boom' global de la jornada de cuatro días a corto ni medio plazo. La primera razón es que en muchos países, como América Latina, el debate actual sigue en la fase de llegar a las 40 horas semanales.
Pero el segundo es toda la expectación generada por la jornada laboral de cuatro días en Europa ha servido para impulsar el modelo. El economista jefe de Indeed para Europa, Pawel Adrjan explica a elEconomista.es que las ofertas de trabajo que recogen jornadas de cuatro días apenas suponen un 0,7% en el Reino Unido, sede del mayor y, supuestamente exitoso experimento en esta materia.
Otros reputados analistas son aún más críticos: Nick Bloom, de la Universidad de Stanford, uno de los mayores expertos en nuevos modelos de trabajo del mundo comentaba hace poco en su perfil de LinkedIn que "no existe ninguna investigación rigurosa sobre este tema, sólo informes de lobby basadas en algunas pequeñas empresas voluntarias y mucha palabrería en los medios de comunicación". De hecho, en sus propios trabajos investigación señalaba que "no ha conocido a ninguna empresa que lo adopte ni a ningún directivo que piense que va a funcionar".
Entonces, ¿cuál es la situación en España? Tampoco hay estudios serios sobre la viabilidad de la jornada de cuatro días sin reducción de sueldo, aunque muchas pequeñas empresas y startups se apuntan el tanto de aplicarla. Solo Telefónica lo planteó en la negociación de su convenio, pero con reducción proporcional del salario, y el rechazo de la plantilla fue mayoritario.
Lo que sí muestran los datos es que nuestro país ha salido muy debilitado en productividad desde la crisis financieras, con un elevado gap respecto al resto de la Unión Europea. Además, en nuestro país, la clave es que la productividad por trabajador aumenta cuando sube el paro, lo cual exige un análisis especial sobre esta variable que también entronca con la polémica por la reforma de las pensiones.
Por oro lado, España es un país cuya población laboral envejece a mayor ritmo que las grandes economías de su entorno. Algo que repercutirá en que cada vez se trabajaran menos horas. La tesis del Gobierno es dicha reducción de las horas se compensará por la inmigración, pero el hecho es que la evolución reciente descarta estos datos. Aunque España ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia, sigue por debajo en horas trabajadas. Un síntoma preocupante de que nuestra economía no sobra trabajo para repartir en un país con tres millones de parados.
En este escenario, la escasa dotación (9,6 millones de euros para pymes de menos de 250 trabajadores) dada al proyecto 'piloto' para estudiar el impacto de la jornada reducida parece un guiño de cara a las elecciones más que una voluntad seria de implantarlo. De hecho, el programa nace de un acuerdo con Mas País, formación que junto a Compromís en Valencia quiere liderar el debate sobre la implantación de la semana de cuatro días en España.