El V Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva que acaban de firmar patronal y sindicatos dedica un capítulo completo a propuestas para impulsar la implantación del teletrabajo en los convenios colectivos, una de las claves que, según los interlocutores sociales explican el escaso peso de esta modalidad en nuestro país tras la pandemia. Pero aunque el texto hace una decidida apuesta por la flexibilidad del tiempo de trabajo obvia el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, que tiene su máximo exponente en la jornada de cuatro días.
Cuando se cerró el anterior AENC, en julio de 2018, ni la cuestión de la presencialidad y la organización del tiempo de trabajo se consideraban una prioridad. Fueron la pandemia y la transformación tecnológica de muchos puestos de trabajo las que los ha puesto en el centro de un debate que ya está afectando a la negociación de muchos acuerdos, especialmente en los sectores más digitalizados. Aunque su relevancia ha sufrido fuertes vaivenes en los últimos años.
Así, el teletrabajo llegó para quedarse, pero poco. El porcentaje de asalariados que trabajan desde casa se disparó del 2,5% de 2019 al 9,5% en 2020, para volver a caer al 5,9% en 2022, según los últimos datos de Eurostat, que revelan que esta es una tendencia que se ha producido en todos los países de la Unión Europea. Según la pandemia remite y los confinamientos se reducen, la necesidad de teletrabajar retrocede. A ello se suma el rechazo a esta modalidad por parte de las compañías tecnológicas, la que más la impulsaron en un primer momento.
Sin embargo, en el caso español, este retroceso se dio mucho antes que en el resto, ya en 2021. Algo que muchas empresas achacan a la rigidez impuesta por la Ley de Trabajo a Distancia que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos a finales de 2020 y que la convirtió en una opción cada vez menos atractiva y costosa.
Esto ha llevado a que su uso en España quede aún más lejos de la media de la UE que antes de la pandemia: el diferencial de nuestro país ha pasado de los 0,7 puntos porcentuales en 2019 a los 2,8 en 2022 (aunque en 2021 fue aún más alto y llegó a los 4,4 puntos).
Por su parte, los sindicatos lo achacan a que las medidas legisladas no se han trasladado correctamente a la negociación colectiva, con un porcentaje muy reducido de convenios sectoriales y empresariales estableciendo adecuadamente las reglas de aplicación del teletrabajo.
El Acuerdo de Negociación Colectiva trata de subsanar este déficit con un capítulo entero dedicado al teletrabajo, en el que aboga por que los convenios negocien cuestiones claves como la jornada mínima presencial, el derecho a la desconexión digital, el abono por parte de la empresa de los gastos asociados al teletrabajo o la entrega de equipos. Son aspectos que han provocado una elevada conflictividad y que han llevado a muchas empresas a eludir esa fórmula de trabajo a distancia.
Sin embargo, el efecto de esta negociación es dudoso, ya que se trata de una aplicación directa de la Ley impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace casi tres años y no contempla en la práctica, una menor rigidez en su aplicación.
Flexibilidad sin reducir jornada
En lo que si plantea una visión clara es en la necesidad de "adoptar fórmulas flexibles" de ordenación del tiempo de trabajo. Para ello propone que la jornada se fije en los convenios "en cómputo anual", en lugar de restringirse a topes semanales o diarios. Ello abre la puerta a la implementación de la "distribución irregular" de jornada, con los adecuados mecanismos de compensación. Ello será compatible con la "racionalización de horarios" para facilitar la conciliación, lo cual también debe extenderse a los horarios de entrada y salida.
Sin embargo, el Acuerdo obvia la cuestión de la reducción de la jornada sin recorte de sueldo. Un asunto que Díaz quiere llevar a la mesa del Dialogo Social y para el que ha pedido informes a una comisión de expertos. Y también enlaza con los experimentos y programas pilotos puestos en macha en Europa para implantar una jornada de cuatro días, a los que el Ministerio de Industria español se ha sumado con un estudio presupuestado en 10 millones de euros.
Pero más allá de los modelos propuestos, se trata de una cuestión que también ha provocado polémica en el ámbito de la negociación colectiva propiamente dicha. Telefónica pactó con los sindicatos hace un año un plan para ofrecer a sus trabajadores una jornada semanal de cuatro días, aunque con un recorte de sueldo proporcional. La consecuencia fue que la propuesta fue rechazada mayoritariamente por los empleados.
En el extremo opuesto, muchas empresas sobre todo ''start ups del sector tecnológico están anunciando que implantan las 32 horas semanales sin reducción de sueldo. Aunque como en gran parte se trata de pymes de reducido tamaño, la cuestión de cómo encajan estas fórmulas en sus convenios de empresa y sectoriales una incógnita. En este sentido, es paradójico que el AENC no aborde este asunto siquiera a modo de recomendación general.
Cierto es que el texto se remite a la obligación de que los acuerdos respeten "las previsiones legales", aunque nada impide pactar una jornada de cuatro días, coon l ocual se deja al albur de cada empresa-. Aunque en este caso, el AENC busca evitar abrir un melón en el que el acuerdo de los interlocutores sociales se antoja difícil.
Los sindicatos quieren abordar el debate la reducción de la jornada máxima legal de 40 a 32 horas semanales, pero los empresarios recuerdan que es una cuestión que ningún país de la UE está planteando en estos momentos por la incertidumbre que supone.
Ni siquiera la propia Díaz, quien habla de reducir el tiempo de trabajo, se atreve a poner un número. En este contexto, que el texto lo obvie por completo revela que empresarios y sindicatos acuerdan aplazar una discusión que seguramente tendrán que abordar en los próximos meses, pero habría complicado aún más el acuerdo salarial.
