¿De verdad vas a trabajar 37,5 horas por semana? Las cuentas no salen tan claras

Que los españoles trabajen menos horas por el mismo sueldo es una realidad que se materializará a partir de este mismo año, cuando el Gobierno se ha comprometido a reducir la jornada máxima de 40 a 38,5 horas semanales este mismo año, para llegar a las 37,5 en el próximo. Pero aterrizar esta promesa política a la realidad concreta de cada trabajador es mucho más complejo de lo que parece. De hecho, muchos asalariados ni siquiera notarán un cambio en su jornada diaria de trabajo.

Pese a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no escatimó críticas a la propuesta pactada por Más País de implantar la jornada de 32 horas en España, ha acabado liderando este debate (coincidiendo con la integración de la formación fundada por Íñigo Errejón en la plataforma de Sumar) con una propuesta más concreta, pero eso sí, también ambiciosa: que los españoles salgan "una hora antes del trabajo cada día". Logrado esto, se empezaría a mirar a las 32 horas.

Fruto de esta promesa, Díaz arrancó a con Pedro Sánchez, sin mediación del diálogo social, un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Una cifra contundente que supone reducir dos horas y media el total semanal, aunque a la hora de la verdad solo equivale a media hora al día de ganancia para un trabajador a jornada completa que trabaje cinco días a la semana.

Pero este desfase entre la promesa electrarl de Díaz y la aritmética real de las horas de trabajo es solo un aperitivo de lo complejo que es aplicar una jornada de manera que los trabajadores lo perciban realmente en sus horas de trabajo. La clave es que el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo "como horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual".

Es decir, sean 40 horas como hoy o 37,5 horas, ese límite sigue siendo el resultado del dividir el total de horas anuales repartidas entre las semanas trabajadas en el año. Esto da una enorme flexibilidad a los convenios sectoriales para repartir las horas de maneras muy diferentes, siempre que el promedio semanal no supere el tope legal (y, por supuesto, respete descansos entre jornadas).

De hecho, el propio artículo 35 regula con claridad el papel de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos e incluso las excepciones y modificaciones que pueden pactarse también con el Ministerio de Trabajo para sectores concretos. Adaptaciones, por cierto, siempre a la baja, porque afectan sectores con mayor esfuerzo, penosidad o riesgo.

Desde los trabajadores de la hostelería que concentran la jornada semana en tres o cuatro días, a las fábricas que trabajan por turnos, a los oficinistas convencionales que dejan salir un viernes a medio día, la casuística es compleja, y las variantes muy numerosas. Aunque muchos trabajadores no son conscientes de ello.

Una jornada engañosa

La manera en la que se ha formulado el debate ha llevado a muchos ciudadanos a interiorizar que la jornada semanal es el verdadero referente, cuando se trata de un promedio sobre un cómputo anual. En realidad, nadie sabe cómo le va a beneficiar la reducción del tiempo de trabajo porque, diga lo que diga la vicepresidenta, va a depender de la negociación convenio a convenio e incluso empresa a empresa.

Como ejemplo, preguntemos a alguien que trabaja ocho horas cinco días a la semana si prefiere salir media hora antes o mantener su horario cuatro días y trabajar 5,5 horas el viernes, o acumularlas en un día libre cada tres semanas... O incluso ver ampliadas sus vacaciones. Son los convenios sectoriales o empresariales los que fijarán la fórmula al final. O así debería ser.

Los propios sindicatos son conscientes de que esta flexibilidad resulta clave para mantener la productividad de las empresas e impedir que la reducción de la jornada, que ellos son los primeros en defender, tenga efectos perversos sobre la actividad, el empleo e incluso los precios. Pero también para que sea percibida como un beneficio claro y perceptible para los trabajadores.

La complejidad de este debate entre empresas y plantillas ha llevado a los interlocutores sociales a plantarse de manera conjunta ante Trabajo para exigirles que no toque el cómputo anual de horas efectivas. Es lo que dice la ley a día de hoy, pero no tienen garantías de que Díaz vaya a respetarlo. A fin de cuentas, ella necesita que su acuerdo político y los eslóganes que ha generado no se diluyan en las múltiples realidades laborales de nuestro país.