En las últimas dos décadas, los extranjeros han triplicado su peso en el mercado laboral español, pasando de suponer el 6,2% de la población activa en el primer trimestre de 2022 al 19,9% a cierre de 2023, el máximo de la serie histórica. Suman un total de 4,78 millones de personas, un 314% más que hace veinte años. En términos absolutos, es un incremento de 3,6 millones, mientras los nacionales, que suman 19,3 millones, solo han aumentado en 1,8 millones.
El desafío demográfico aprieta con cada vez mayor intensidad al mercado laboral nacional. El 22,68%, de los 19,3 millones de personas de nacionalidad española que trabajan o buscan empleo superaba los 55 años a cierre de 2023, su máximo histórico, mientras los jóvenes menores de 25 años apenas llegan al 6,91%. Una situación que ni siquiera la aportación de 4,7 millones de activos extranjeros y con doble nacionalidad ha logrado resolver.
El comportamiento de los salarios en España ha sido un misterio en los últimos dos años y todo apunta a que seguirá siéndolo en el que acaba de comenzar, cuando diferentes fuentes estadísticas muestran incrementos que llegan a superar el 5%. Pero un nuevo indicador salarial elaborado por el Banco Central Europeo enfría estas expectativas y las sitúa por debajo del 4% para 2024. Muy por debajo de la media de la zona euro y de las grandes economías de la zona euro, como Alemania, Francia y Países Bajos.
La letra pequeña del proyecto de ley de las condiciones laborales transparentes y previsibles que acaba de llegar al Congreso de los Diputados revela una norma muy descafeinada respecto a lo anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Anuncios como el del fin de la unilateralidad de los cambios en el trabajo o el de la prohibición de 'represalias' contra el trabajador que no acepte cambios en su jornada de trabajo se han quedado en una mera continuación de lo que ya recoge el Estatuto de los Trabajadores y no cierran las opciones del empresario para despedir o forzar una dimisión. Lo que sí amplía es la seguridad para los contratos a tiempo parcial, pero ni siquiera ellos se verán blindados ante los ceses.
Estados Unidos está considerado como uno de los mercados laborales más dinámicos del mundo, pero desde la pandemia se ha convertido en un auténtico enigma. Con una tasa de paro del 3,7%, se puede hablar de pleno empleo, y una sorprendente tensión entre oferta y demanda de trabajadores; se ha convertido, de repente, en uno de los mercados de trabajo más calientes del mundo y en un quebradero de cabeza de la Fed, por su repercusión en los salarios y los precios. Cuatro años después de la irrupción del Covid, todavía persisten tendencias que debían haber desaparecido, o por lo menos, atenuarse. Las prejubilaciones de trabajadores mayores de 55 años continúan siendo muy elevadas, bloqueando que la mano de obra disponible recupere los niveles previos a la pandemia.
El mercado laboral español está viviendo una situación cuando menos singular. Dos de los sectores más importantes de este mercado fueron casi 'condenados' a muerte durante la pandemia. El covid tenía el potencial para reducir sobremanera el tamaño de la hostelería y el comercio. Sin embargo, pocos años después, estos sectores no solo se han recuperado, sino que están sufriendo una escasez de mano de obra acuciante. Buena parte de los bares y restaurantes están 'decorados' con carteles en los que se puede leer: "Buscamos personal". Estos establecimientos no encuentran camareros, mientras que los comercios tienen problemas para completar sus plantillas (vendedores, dependientes, etc.). La gran pregunta es, ¿dónde están todos los camareros y dependientes?
Si hay un colectivo beneficiado por la reforma laboral aprobada a finales de 2021 son los menores de 25 años. El número de trabajadores en esa franja de edad con un contrato indefinido se ha disparado un 162%, pasando de 316.292 afiliados medios a la Seguridad Social en enero de 2022 a 829.390 el mismo mes de 2024, un porcentaje de incremento superior al de cualquier otra franja de edad. Eso sí, esos empleos son también los de peor calidad: solo cuatro de cada diez de sus empleos indefinidos son a jornada completa. En cambio, registran el mayor incremento de puestos a tiempo parcial y fijos discontinuos.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la pasada semana su plan para limitar el abuso en el periodo de prueba, que en todo 2023 provocó 976.141 bajas de afiliación a la Seguridad Social. Esta fórmula, paralela al despido, pero que no se considera tal ni cuenta con indemnización, se ha convertido en uno de los puntos débiles de la reforma laboral, que castiga a especialmente a los trabajadores con contrato indefinido, cuyos ceses se han disparado un 837% desde que la norma está en vigor. Pero la estrategia de Trabajo se limita a reducir el papel de la negociación colectiva y no toca la verdadera raíz del problema: la volatilidad endémica del empleo en España.
El 29,2% del empleo creado desde el estallido de la pandemia corresponde a trabajadores extranjeros, según los datos de la Seguridad Social. Desde abril de 2020 han sumado 696.224 afiliados medios y alcanzan un máximo histórico de 2,67 millones a cierre de 2023. A pesar de que la inmigración apenas supone un 12% del total de los ocupados, su tasa de crecimiento triplica a la de los nacionales: un 35% frente a un 10%.
El debate sobre la falta de mano de obra fue una de las constantes de la recta final de la pasada Legislatura. En ese escenario, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se sumó a la patronal para presionar a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, para que flexibilizara los requisitos para poder contratar profesionales en el extranjero en aquellos sectores en los que faltan trabajadores. El foco estaba puesto en la construcción. En seis meses, solo se han firmado 250 contratos en origen en un sector que, según las empresas, se enfrenta a un abismo de más de 700.000 vacantes por cubrir.