Economía

El fracaso de la contratación en origen: 250 extranjeros para 700.000 vacantes en la construcción

Foto: EP

El debate sobre la falta de mano de obra fue una de las constantes de la recta final de la pasada Legislatura. En ese escenario, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se sumó a la patronal para presionar a la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, para que flexibilizara los requisitos para poder contratar profesionales en el extranjero en aquellos sectores en los que faltan trabajadores. El foco estaba puesto en la construcción. En seis meses, solo se han firmado 250 contratos en origen en un sector que, según las empresas, se enfrenta a un abismo de más de 700.000 vacantes por cubrir.

La vicepresidenta segunda reveló esta cifra en su última comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso en la que señaló que el Gobierno "abrió" el catálogo de puestos de difícil cobertura ante la demanda de las empresas que señalaban un "número importante de vacantes en la construcción". Ello a pesar del "enfado" que esto provocó entre los sindicatos, especialmente en el líder de UGT, Pepe Álvarez.

En este proceso participó activamente Escrivá. Aunque Díaz no le mencionó, el hoy ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública insistió en la necesidad de apostar en esta vía para cubrir las vacantes, en una línea antitética con la que defendía, y siguen defendiendo, la líder de Sumar y los representantes de los trabajadores.

Para ellos, la dificultad de contratar en diversos sectores responde a que los españoles ya no están dispuestos a aceptar trabajos, como asegura Díaz, "en algunos sectores en los que se trabaja de sol a sol, no se pagan las horas extras y las condiciones laborales no son las mejores". En ese sentido, impulsar la contratación de extranjeros que sí las acepten se considera una forma de devaluar el empleo en esas actividades.

Pero finalmente Escrivá, que en paralelo impulsaba una reforma del Reglamento de Extranjería para "atraer talento", logró que la vicepresidenta segunda diera su brazo a torcer e incluyera en el catálogo de profesiones de difícil ocupación perfiles técnicos para reducir lo que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), patronal del sector, denomina "tensiones productivas por la falta de mano de obra cualificada" y que eleva el total de vacantes por cubrir hasta los 700.000.

"¿Saben ustedes cuántas contrataciones ha habido, haciendo lo que en teoría todo el mundo decía que había que hacer? 250", zanjó Díaz en su comparecencia parlamentaria, en la que reiteró que la escasa tasa de vacantes en España (un 0,9% de puestos por cubrir sobre el total del empleo, según las estimaciones de Eurostat) hace que el problema sea verdaderamente el contrario.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también se refería a este fracaso en una reciente entrevista con elEconomista.es. "Si no queremos hacer demagogia, no podemos decir que la gente no quiere trabajar, sino crear las condiciones para que los puestos de trabajo los cubran nacionales". Aunque para ello las claves políticas activas desarrolladas por los servicios públicos autonómicos y coordinadas por el SEPE, tras una Ley de Empleo que para el líder sindical se ha convertido en "papel mojado" al no ser negociada ni con las comunidades autónomas ni con los interlocutores sociales.

El catálogo de la discordia

¿Pero por qué ha fracasado exactamente este plan para a la contratación en origen en unos de los sectores con mayor demanda de trabajadores? ¿Por las condiciones laborales de la construcción en España o por la burocracia del Gobierno? El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que cada trimestre publica el SEPE es más una barrera administrativa que un puente papar el fichaje de talento extranjero, un registro que históricamente muchas empresas 'torean' cuando necesitan contratar en otros países.

Lo cierto es que la apertura a la que se refiere Díaz para incluir perfiles demandados en la construcción se limitó a montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC, instaladores electricistas (en edificios y viviendas y en general) y conductores-operadores de grúa. Eso sí, no deja de ser una ampliación sustancial en una lista copada por marinos y deportistas.

Un catálogo que, como contamos en elEconomista.es se ha convertido en síntoma de hasta qué punto el caos y la desinformación en el control de las vacantes se ha convertido en norma en España mientras las empresas recurren a todo tipo de subterfugios. En teoría, contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo autonómicos han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.

La presencia de una ocupación en este registro implica, para el empleador, la "posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar" dirigida a un profesional extranjero. El problema es que las empresas cada vez notifican menos vacantes a los servicios públicos de empleo. Esta es una de las claves que explica la ineficacia de las políticas activas a la que se refería Álvarez. Y el catálogo es una de las principales víctimas de ello, ya que las vacantes que recopila parecen de otro planeta respecto a las demandas de las empresas.

Aunque en esta lista, históricamente, se habían recogido profesiones de todo tipo, incluyendo ámbitos como la ingeniería, la tecnología, la sanidad o la educación, en la última década se ha ido restringido a solo veinte, que se reparten en dos grupos: dieciocho corresponden a profesiones relacionadas con la marina mercante. Otras dos corresponde al sector deportivo (deportistas de élite y entrenadores). El surrealismo llega cuando las profesiones marineras, que deberían aparecer lógicamente solo en provincias con mar, también se recogen en Lleida y Madrid, que carecen de costa.

Una barrera burocrática

Tras la ampliación de agosto, las constructoras no necesitan este retorcido subterfugio: las profesiones relacionadas con la construcción aparecen en todas las provincias. Po ello mismo, que hasta la fecha se hayan gestionado solo 250 contrataciones en origen es muy sorprendente.

Pero, en un sector tan capilarizado como la construcción, esto puede explicarse por las barreras administrativas que encuentran muchas pequeñas empresas para tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero. Unos límites que la patronal históricamente ha exigido agilizar y que eleva la brecha entre los empleadores y públicos de empleo para encontrar trabajadores, también entre los desempleados nacionales. En esto influye también el repunte de la inmigración tras la pandemia. Muchas empresas suplen las vacantes inmigrantes que ya están en España y que, aunque no son especializados, son más fáciles de emplear.

En este sentido, ni la patronal de la construcción ni el Ministerio de Inclusión han cambiado su postura pese a los datos presentados por Díaz. Unos días después de la comparecencia de la ministra de Trabajo hizo lo propio la sucesora de Escrivá al frente de esta cartera, Elma Saiz, que señaló que España necesita un "saldo neto" de entre 200 000 y 250 000 inmigrantes hasta 2050 para mantener el Estado del Bienestar.

En este contexto, insistió en que el mercado laboral español "tiene miles de puestos de trabajo sin cubrir en prácticamente todos los sectores de actividad y en los distintos niveles de cualificación". Por lo que junto a la "empleabilidad" de los españoles que no encuentran trabajo, también considera prioritario conseguir ese volumen de trabajadores extranjeros en el marco de una inmigración regular, ordenada y segura.

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