En las últimas dos décadas, los extranjeros han triplicado su peso en el mercado laboral español, pasando de suponer el 6,2% de la población activa en el primer trimestre de 2022 al 19,9% a cierre de 2023, el máximo de la serie histórica. Suman un total de 4,78 millones de personas, un 314% más que hace veinte años. En términos absolutos, es un incremento de 3,6 millones, mientras los nacionales, que suman 19,3 millones, solo han aumentado en 1,8 millones.
Pero la clave de esta evolución no reside únicamente en las personas que llegan a nuestro país. Los foráneos inmigrantes suman 3,6 millones, una cifra que no deja de ser un récord que se eleva en un 242% desde la registrada en 2022. Pero supera en 'solo' 80.000 el máximo histórico anterior, alcanzado en el primer trimestre de 2009, con lo cual se puede interpretar que los flujos migratorios han retomado una tendencia interrumpida por la Gran Recesión.
A cierre de 2023 suponen un 15,2% del total de activos, cuando en 2002 apenas llegan al 5,7%. Pero no es un máximo histórico: en 2009 alcanzaron un máximo del 15,3%. Entonces, ¿de dónde sale el 4,7% restante hasta el 19,9? De los activos que tienen doble nacionalidad, cuyo número se ha disparado un 1242%, pasando de menos de 100.000 a 1,2 millones a cierre de 2023.
Este repunte se explica por la regularización de residentes extranjeros que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2004. Tres años más tarde, el mismo Ejecutivo aprobó una Ley que concedió la nacionalidad española a los descendientes de exiliados a causa de la guerra civil española, o la persecución franquista, o la emigración económica.
El incremento de la mano de obra con doble nacionalidad ha sido continuo desde entonces, aunque no deriva tanto de los vástagos de los represaliados como de los inmigrantes que se instalaron en España antes de la Gran Recesión y acabaron pidiendo la nacionalidad española (sin renunciar a la suya), para ellos o sus hijos. En su momento se argumentó que cuando estos niños crecieran, se incorporarían al mercado laboral.
Con ello se fomentaría el arraigo y se evitaría el 'efecto fuga' de la mano de obra más joven: ellos son los más propensos a desplazarse para encontrar oportunidades en momentos bajos del ciclo. Así, se frenaría el envejecimiento demográfico del mercado laboral y garantizaría un 'stock' de mano de obra más amplio cuando la economía se recuperara. Pero esta estrategia no ha dado resultados, si analizamos como ha evolucionado la composición de los activos con doble nacionalidad.
Si analiamos la composición por edad de la mano de obra, nos encontramos con que los extranjeros con doble nacionalidad presentean una evolución similar a la que siguen los españoles: un retroceso el peso de los mejores de 25 años sobre el total de los activos y un incremento del de los mayores de 55 años, mientras la edad entre 25 y 54 años, es decir, la franja de edad principal para establecer el potencial de un mercado laboral, pierde peso.
Pero tampoco los inmigrantes 'propiamente dichos' tienen un comportamiento mejor. Aunque su mano de obra 'senior' tiene menor peso que la española (un 11% frente al 23% nacional), el ritmo al que se ha incrementado su peso el doble que la española: alcanza los 400 puntos respecto a 2002.
La discrepancia entre la evolución de la mano de obra que la Encuesta de Población Activa (EPA) clasifica como de nacionalidad española parece confirmar que el dinamismo del mercado laboral se debe a la aportación de la inmigración, que suma el 30% de los empleos creados desde la pandemia. Aunque también registran una tasa de paro del 17% (siete puntos más que los españoles) en un país en el que la dificultad para encontrar mano de obra en varios sectores también mira como solución a los foráneos.
Pero aunque la inmigración tiene un efecto positivo en el mercado laboral y explica que España sea uno de los pocos países europeos que mejor ha capeado la crisis demográfica, la evolución de los últimos años muestra que ni la inmigración ni los extranjeros nacionalizados son una apuesta tan segura como hace años para resolver los grandes retos demográficos. Ni siquiera aplicando medidas extraordinarias como las que se aprobaron en 2004 y 2007.
