Rebelión contra Díaz para exigir un cómputo anual y por sectores en la reducción de jornada

Los agentes sociales han iniciado ya la negociación bilateral, al margen del Gobierno, sobre la reducción de la jornada a 37,5 horas en 2025. Aunque esta es una cuestión cerrada desde el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, una inesperada rebelión conjunta de patronal y sindicatos contra las directrices de Yolanda Díaz le ha obligado a admitir que sea un acuerdo entre CEOE, Cepyme, CCOO y UGT el que delimite cómo se concreta la distribución del tiempo de trabajo en España.

El choque se produjo la pasada semana en una tensa reunión en el ministerio de Trabajo a la que, como viene siendo habitual, no acudió la propia vicepresidenta segunda, sino el secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey. Según fuentes conocedoras de la negociación, los representantes de los empresarios y los de los trabajadores cerraron filas para exigir que se cumplan dos puntos básicos. El primero, que la jornada de 37,5 horas semanales se calculen como un promedio en cómputo anual, tal y como dicta el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, lo que permitirá adaptarlo por sectores y convenios colectivos.

La segunda demanda, es una información completa de las horas verdaderamente trabajadas. Patronal y sindicatos rechazaron que los cálculos que les presentó el Gobierno respondan a la realidad de muchas empresas y trabajadores y exigieron compute por sectores las horas efectivas en cada uno.

El representante de Díaz accedió a la primera demanda, y aceptó una negociación bipartita entre los representantes de los trabajadores y las empresas para diseñar este "cómputo anual", siempre, eso sí, bajo la condición de que si logran acuerdo vuelvan a negociarlo con el Ejecutivo. Pero en el otro apartado se negó en redondo.

Ello a pesar de que la evolución de estas horas efectivas es una de las principales claves de la negociación, porque repercute directamente en la productividad. Aunque las lecturas son, en apariencia opuestas. CEOE esgrime este dato (que incluye puestos a tiempo completo y a tiempo parcial) para insistir en que se trabajan 'pocas horas' en España, mientras los sindicatos lo ven una prueba de contrario, porque el elevado peso de la media jornada 'maquilla' un exceso de horas extra, muchas veces no remuneradas.

En lo que ambas partes están de acuerdo es en que una información clara y segmentada es imprescindible para que la implantación de la menor jornada se haga con la suficiente flexibilidad para evitar distorsiones que repercuta en la productividad, el empleo o incluso los precios. Según las fuentes consultadas, los sindicatos llegaron a reprochar al número dos de Trabajo que aplicar una reforma de máximos supondría un "caos" en muchos sectores.

La resistencia de Trabajo a aportar este cálculo segmentado provocó malestar en los interlocutores sociales, que afrontan ahora una negociación con información limitada que dificultará un acuerdo que, por otro lado, consideran imprescindible. A pesar de no faltaron críticas a las 'formas' del Gobierno, sindicatos y patronal no rechazaron en aquel encuentro el objetivo de las 37,5 horas.

Los representantes de los trabajadores apoyan claramente que se rebaje el tope legal de tiempo de trabajo, mientras los de los empresarios no, pero se resignan. Ambos tienen muy claro que, sea cual sea su posición concreta, se trata de un hecho consumado, decidido en el acuerdo de Gobierno al margen del diálogo social. Su papel en esta negociación se ha visto reducido al de buscar un acuerdo para implementarlo de la mejor manera posible. Pero si algo dejó claro la reunión con Trabajo quedó claro que las directrices de Díaz son un problema para lograrlo.

Límites al diálogo social

En cualquier caso, que la cuestión de la distribución de la jornada semanal se haya derivado al ámbito de la negociación bipartita se considera una 'victoria' frente a Trabajo, aunque en realidad solo suponga cumplir lo que ya dice la ley. El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que "la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual". Una redacción que permite flexibilidad para alcanzar acuerdos que permita distribuir las horas efectivas de trabajo en convenios colectivos de manera adecuada para cada sector.

Bajo este prisma, aplicar el texto del acuerdo del PSOE y Sumar para rebajar la jornada legal no cuestionaría el papel de patronal y sindicatos. Y con ello es factible diseñar una implantación adecuada para cada sector, si bien todos los interlocutores sociales son conscientes de la dificultad para lograrlo. Pero para ello es imprescindible respetar el promedio anual como referencia y se de información sobre el tiempo "efectivo de trabajo". En este sentido, la postura de Trabajo resulta sorprendente.

Algunas fuentes del diálogo social apuntan que el problema para Diaz es que, como ocurre hoy día, no todos los trabajadores de todos los sectores trabajarían 38,5 horas semanales en 2024 y 37,5 horas en 2025 (con su reducción equivalente para los trabajadores a tiempo parcial). Pero la líder de Sumar tendría demasiado en cuenta esta literalidad, lo que se trasladaría en un intento de ir más allá de lo que dice el acuerdo de Gobierno.

Mediación de Pedro Sánchez

Es decir, modificar la ley para reducir la flexibilidad que puede introducir la negociación colectiva. Que el acuerdo entre patronal y sindicatos tenga que ser debatido con el Gobierno tampoco se ha considerado una buena señal. Díaz intentará ganarse el apoyo de los sindicatos endureciendo el control horario para combatir las horas extra no remuneradas, pero estos consideran que es una cuestión que debe tratarse en paralelo y no como una presión adicional en la negociación sobre la jornada, que necesita a las patronales.

Así las cosas, la primera reunión bilateral sobre la reducción de jornada se ha cerrado como una exposición de los puntos de vista de patronal y sindicato sobre las cuestiones que se van a negociar (incluyendo el cómputo anual de la jornada), pero muy lejos del acuerdo todavía.

En este escenario convulso, ha tenido que mediar incluso el propio presidente del Gobierno. A diferencia de Díaz, Pedro Sánchez sí se ha sentado estos días con los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, y les ha trasladado la necesidad de alcanzar acuerdos en el diálogo social que incluyan, a ser posible, a la patronal.

Tampoco ha gustado mucho que el Anteproyecto de Ley de Transparencia en las Condiciones Laborales amenace con eliminar la unilateralidad en las decisiones del empresario y limitar el alcance de los acuerdos colectivos en modificaciones sustanciales de condicione laborales. Menos todavía ha gustado a los empresarios que algunas de sus propuestas plantean una derogación de facto de aspectos clave de la reforma laboral de 2012 que no se tocaron en la pactada en 2021.