Las pensiones de los prejubilados 'forzosos' son 530 euros más altas y se cobran cuatro años antes

Los parados de muy larga duración que acceden a la jubilación anticipada 'no voluntaria' tras haber sufrido un despido perciben una nómina de 1.820,46 euros media, frente a los 1.294,50 que perciben los que lo hacen a la edad media ordinaria (66 años y seis meses en 2024). Ello a pesar de hacerlo casi cuatro años antes y bajo fuertes coeficientes reductores. Unos datos sorprendentes que se explican por las 'prejubilaciones' forzosas realizadas por grandes empresas desde la crisis financiera y que ahora compañías como Telefónica vuelven a recuperar.

Las condiciones de las jubilaciones anticipadas no "voluntarias", es decir, por despido o cese del trabajador, se diseñaron para beneficiar a los parados de mayor edad y que más dificultades tienen para volver al mercado laboral. Pero esto también fue aprovechado por muchas empresas para hacer ajustes de plantilla empezando por sus trabajadores más veteranos, que cobraban los sueldos más elevados

Muchas empresas optaban por prescindir primero de los trabajadores de mayor edad en una tendencia que tuvo su clímax en la Gran Recesión. Aunque con el tiempo quedaron menos trabajadores de más de 50 años cuyo despido fuera 'rentable' y los cambios en la jubilación anticipada hicieron que esta fórmula perdiera atractivo, salvo en los casos de mayores salarios. O eso parecía.

Con la recuperación económica, muchas empresas empezaron a volver a mirar a esta fórmula. A esto ayuda que el PSOE recuperó en 2019 del subsidio para mayores de 52 años en las condiciones previas a la modificación que el PP realizó en 2012. Incluyendo una 'sobrecotización' por parte del SEPE del 125% de la base mínima para sus beneficiarios.

El PSOE recuperó el incentivo

Esto medida supone una mejora para sus futuras pensiones que se trasladó inmediatamente a las nóminas. De hecho, la mayor subida de las nuevas pensiones de jubilación se da a partir de 2019, superando a las de las jubilaciones que se adelantan voluntariamente por iniciativa del desempleado. Auque en esto influye que, a diferencia de las forzosas, que solo afectan a asalariados que peuden cobrar el paro, a estas jubilaciones voluntarias también pueden acogerse los autónomos, cuya cotización suele ser menor.

Pero esto también incentiva las prácticas de 'ingeniería retributiva' que se producen en los despidos colectivos, que muchas veces incluyen convenios especiales para no mermar la pensión de los trabajadores. La 'sobrecotización' por parte del SEPE supone un ahorro para esos acuerdos que pueden afectar a miles de trabajadores.

Sin embargo este incremento de las nóminas no supuso un incremento del gasto total en pensiones porque coincidió con un descenso de los nuevos jubilados de este tipo . Así, las altas han bajado de las 59.523 de 2014 a las 19.610 de 2022 y las 12.683 en los once primeros meses de 2023.

La explicación está tanto en la mejora del mercado laboral como que en el hecho de que en la última década se han reducido las 'prejubilaciones' en el marco de despidos colectivos, que fueron la tónica general en sectores como el financiero durante los primeros años de la Gran Recesión. Muchas empresas optaban por prescindir primero de los trabajadores de mayor edad, aunque con el tiempo quedaron menos trabajadores de más de 50 años cuyo despido fuera 'rentable' bajo una fórmula a la que, en paralelo, también desincentivaron los cambios en la jubilación anticipada.

El proceso ha sido inversos al de las jubilaciones voluntarias, aunque en ese caso hay que tener en cuenta que muchas grandes empresas han recurrido a la fórmula de las 'bajas incentivadas' para reducir su plantilla de mayores de 50 años. Se trata de dimisiones pactadas, que no conllevan derecho a pestación de paro ni subsidio, y que en su mayoría conducen a una jubilación anticipada, pero voluntaria.

Pero esta evolución provoca también un cierto 'efecto composición' en las estadísticas que puede explicar también el fuerte repunte de las nuevas nóminas de los antiguos despedidos. Suben más porque, aunque haya menos 'prejubilados' por sus empresas, los que se suman los que quedan tienen sueldos mucho más altos que el resto de los parados. Aunque también distorsionan el peso de los desempleados que se jubilan anticipadamente no por ser 'prejubilados', sino por no poder encontrar un empleo.

En este contexto, los últimos movimientos de empresas como Telefónica han resucitado el temor a un retorno de las grandes prejubilaciones via despido colectivo, motivadas por la excusa de la modernización y digitalización de las empresas, en especial ante el temido impacto de la inteligencia artificial. Pero a corto plazo hay un problema mucho más acuciante: a cierre de 2023, el SEPE registra a 592.789 perceptores de prestaciones contributivas o subsidios que tienen 55 o más años que podrían jubilarse anticipadamente por causas 'no voluntarias', Y el 65% percibe el subsidio de 52 años.

Choque social y político

En un momento en el que los mayores de 50 años suponen un peso creciente en el desempleo español, el Ejecutivo es consciente de lo que puede suponer esta potencial 'avalancha' de parados de larga duración y que pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 62 años y seis meses (o incluso antes si han cotizado 38 años). Aunque no tiene claro cuáles son 'prejubilados' y cuáles son parados de larga duración al margen de estos procesos. Ante esta incertidumbre, ha optado por una doble estrategia.

Por un lado, están las negociaciones sobre la jubilación no voluntaria que mantienen la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, y los interlocutores sociales, aunque su eficacia parece dudas. En lugar de revisar las condiciones (para que las empresas no se aprovechen de ella) ponen el foco en "desincentivarlas" facilitando la vuelta al mercado laboral de estos parados gracias a las políticas activas (competencia del Ministerio de Trabajo) para que estos desempleados vuelvan al mercado laboral, tal y como explicó elEconomista.es.

Sin embargo, el Gobierno ha explorado otra vía mucho más directa y polémica para para frenar estas jubilaciones: recortar la cotización que abona SEPE sobre los subsidios para mayores de 52 años del 125% al 100% entre 2024 y 2028. Esta medida supone reducir las pensiones de estas personas y encarecer el coste para las empresas, pero también castigaría a aquellos parados que no se han visto inmersos en estos procesos y se jubilan anticipadamente con una pensión mucho más baja.

Esta es la razón por la que se vio frustrada la reforma de los subsidios por desempleo. Podemos 'tumbó' la norma en el Congreso por el castigo a los parados 'convencionales'. Los morados calculan que un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no supo que responder a esto, Eludió hablar de 'prejubilaciones' y argumentó que el recorte de la cotización por parte del SEPE se debía a la subida del SMI acumulada desde 2018. Trabajo aún no ha abierto negociaciones formales con lso interlocutores sociales, aunque está por ver si patronales y sindicatos obliguen a revisar el plan para mantener la situación actual, ventajosa también para los acuerdos como los que han alcanzado en caso de Telefónica y también en el marco de despidos colectivos por venir en otras empresas.