El SEPE ha 'multado' a 93 empresas con 983 millones por despidos como los de Telefónica

Entre 2013 y 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reclamado un total de 983 millones de euros (de los que ya ha ingresado 813) a 93 empresas que, pese a registrar beneficios, hicieron despidos colectivos que afectaron a 27.241 trabajadores de más de 50 años. El 31% de las reclamaciones y el 25% de los ceses corresponde al ERE que en 2011 ejecutó Telefónica, en un ajuste similar al que ahora negocia con sus sindicatos para mas de 3.400 empleados.

Fue precisamente aquel proceso, el que llevó al Gobierno del PSOE a cambiar la ley –a través de la conocida como 'enmienda Telefónica'– para obligar a las empresas a compensar al Estado, mediante una aportación al Tesoro, por el coste en prestaciones y subsidios que suponen estos recortes de plantilla centrados en los trabajadores de mayor edad. Sin embargo, no fue hasta 2013, ya con el PP en el poder, cuando el SEPE desarrolló el procedimiento para calcular y reclamar de esas cantidades.

Finalmente, Telefónica abonó 305 millones por el despido de 6.380 trabajadores en un proceso que concluyó en 2020, según revelan los Informes Anuales del SEPE de la última década. Hay que en cuenta que estas reclamaciones no afectan a los ajustes realizados a través de programas de bajas (léase dimisiones) incentivadas, que no generan derecho a prestación, pero supusieron la salida de otros 11.300 trabajadores 'seniors' de la tecnológica.

La compañía que dirige José María Álvarez Pallete recupera la vía de los despidos, si bien la cantidad de trabajadores será mucho menor que hace una década, según las cifras que han trascendido del preacuerdo alcanzado con los sindicatos se quedarán en 3.421 afectados. Hasta que la negociación no concluya y no se produzcan las salidas, el SEPE no podrá estimar los trabajadores sobre los que se aplica la 'sanción' ni calcular las cuantías adeudadas.

Aunque el de Telefónica fue el proceso que generó más desempleados mayores de 50 años y, por tanto, mayor impacto en la recaudación, es llamativo que los ninguno de los informes anuales del SEPE facilite más que los datos generales y los de esta compañía, sin desglosar las cifras de las otras noventa y dos.

Además, hay otras 22 empresas que están en diferentes fases del proceso de reclamación, desde el análisis de si están afectadas o no por la norma, al cálculo de la aportación económica o la fase de alegaciones ante la resolución del SEPE. Son trámites que pueden extenderse varios años, además de que los propios despidos colectivos se articulan en salidas programas a lo largo de varios ejercicios o cuando los trabajadores alcanzan la edad clave.

Opacidad en los datos

Entre ellas, figuran la mayoría de los bancos y antiguas cajas de ahorro, inmersas en el proceso de reestructuración del sector, regado en buena parte con fondos públicos, que supuso un importante ajuste de plantilla centrado en los trabajadores de mayor edad. Aunque las condiciones de aquella transformación, en mitad de una crisis financiera, justifica que muchos despidos no pasaran por el 'filtro' de estas sanciones.

Sí lo hicieron energéticas como Repsol, aerolíneas como Iberia, periódicos como El País, empresas públicas como Tragsa y Tragsatec o la tecnológica Indra, en cuyo accionariado se encontraba y se encuentra el Estado, a través de la SEPI. El Estado ocupa una posición mayoritaria que elevó sustancialmente en 2022, en un movimiento se considera precedente del que el Gobierno prepara ahora en la propia Telefónica con la adquisición de hasta un 10%

Esa opacidad es aún más llamativa porque pone el foco en un único despido colectivo por el que se terminó de abonar la deuda con el Tesoro en 2020, tras un accidentado proceso que duró siete años y en el que ha pasado de suponer el 87% al 31% del total de las cantidades adeudadas.

Aunque los sucesivos Gobiernos del PP y PSOE y de las coaliciones entre PSOE, Unidas Podemos y Sumar han sido reacios a facilitar estas informaciones más allá de alguna respuesta parlamentaria, el análisis de los informes del SEPE revela que la puesta en práctica de los dispuestos en la 'enmienda Telefónica' fue especialmente accidentada. Incluso la recaudación permanecía congelada entre 2016 y 2017 "debido a la falta de medios materiales y humanos en el SEPE".

El mayor repunte se da a partir de 2019, aunque surge la duda de hasta qué punto se debe solo a un aumento de los casos o a una mejora del procedimiento que detectó despidos no reclamados en años anteriores. Lo que sí muestra es que en los años siguientes el repunte no se ha interrumpido.

Solo en 2022, los procesos se registraron un nuevo acelerón de las reclamaciones: se añadieron 17 nuevas empresas y 4.140 trabajadores más. Una cifra esta última que equivale al 17% del total de afectados por despidos colectivos. Un porcentaje relevante teniendo en cuenta que solo afectan a mayores de 50 años despedidos en empresas que registran beneficios.

'Morosidad' al alza

Teniendo en cuenta que los despidos colectivos no han dejado de aumentar en 2023 y los 27.215 anotados hasta octubre ya superan en un 14,15% a los registrados en todo 2022, la previsión que las cifras aumenten, sobre todo si más empresas siguen el ejemplo de la banca y apuestan por la vía de los despidos colectivos para 'deshacerse' de los trabajadores de más edad.

Pero según aumenta el número de empresas, también aumenta su 'morosidad'. En 2022 se ingresaron 813 millones, un 82% de los 938 millones reclamados. de las empresas. Una deuda pendiente de cobro que irá aumentando según se resuelvan los 22 expedientes pendiente, a no ser que el Ejecutivo refuerce los mecanismos para hacer efectivas las aportaciones.