Gobierno y agentes sociales buscan incentivos para reducir la jubilación anticipada involuntaria

El Gobierno y los agentes sociales pondrán sobre la mesa negociadora de pensiones fórmulas para incentivar una reducción de los retiros anticipados involuntarios, es decir, aquellos en los que predominan los desempleados de mayor edad y parados de larga duración que enlazan el paro con la pensión. Además de dejar de aprovechar mano de obra, estas personas sufren una penalización en su prestación al acceder a la jubilación de forma anticipada. El objetivo es mejorar la empleabilidad de este colectivo para evitar que se queden descolgados del mercado laboral y esto derive en un acceso prematuro a la jubilación, tal y como apuntan desde la mesa negociadora.

Actualmente se jubilan de forma involuntaria antes de los 65 años que marca la edad ordinaria de jubilación unos 20.000 trabajadores sénior. El colectivo de mayores de 50 años es el que concentra el paro en España y el que sufre en mayor medida el desempleo de larga duración, más de dos años en búsqueda activa de empleo sin encontrarlo. "Es una gran contradicción que no actuemos sobre la expulsión de los trabajadores mayores de 55 años. Si alguien está sin trabajo, accederá cuanto antes a la jubilación", explica Carlos Bravo, secretario general de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

Los agentes sociales observan un cambio de paradigma en este mal endémico que ahora quieren eliminar por completo con el Gobierno. En anteriores crisis, la destrucción masiva de empleo arrastró a unas 60.000 personas (año 2008) o 75.000 efectivos (año 2012) a jubilarse de manera forzosa antes de lo indicado por ley. Ahora es una tercera parte menos que en la Gran Recesión, argumentan desde CEOE, UGT y CCOO, debido al afloramiento de la economía sumergida, que mejora el acceso a prestaciones por desempleo, y al uso generalizado de los Erte como mecanismo de protección.

Por ello, desde la mesa de diálogo social deslizan que los incentivos irán por la vía de hacer más efectivas las políticas activas de empleo y, a la vez, aumentar el control de los efectos de estas medidas. En comparativa con Europa, España es una excepción que conlleva una menor eficiencia: menor inversión en políticas de empleo, repartida a su vez entre más personas. En España hay 10.000 millones en políticas de empleo sin evaluar.

"Es absurdo e insostenible concentrar las tasas de empleo de la población activa entre los 30 y los 55 años", explicaba Bravo en la presentación de un estudio elaborado por Oxford Economics, en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). El representante sindical criticó que "no se quiere contratar a las personas mayores porque no se observa proyección en ellas". "La idea de incentivar su permanencia en el mercado laboral es razonable", reflexionó.

Previamente ya se ha trabajado en los incentivos para atrasar de forma voluntaria la jubilación. Más allá de los 65, la Seguridad Social ofrece un cheque al contado de 4.000 euros o una bonificación del 4% en la prestación por año demorado. "Hemos mejorado la jubilación demorada, trabajamos en la jubilación activa en la compatibilidad de trabajo y pensión. Es clave fomentar que las personas trabajen", apuntaba Cristina Estévez, secretaria general de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT.

Esto forma parte del trabajo que tiene por delante el equipo negociador del Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, que pasa por suavizar el paso del trabajo a la jubilación con la modalidad parcial. Además, en el tintero está la mejora de los coeficientes reductores que permiten acceder anticipadamente al retiro a ciertas profesiones penosas.

Las dos partes del diálogo social, empresarios y sindicatos, coinciden en que las desvinculaciones a través de EREs no representan la realidad de las jubilaciones en España. "Muchos EREs propuestos pasan por la voluntariedad", dijo Olimpia del Águila, responsable del área de Seguridad Social e Igualdad en CEOE; "Los EREs se producen en empresas grandes, con fuerza sindical, y por tanto se realizan acuerdos. Pero eso son las minorías", remarca en esta misma línea Carlos Bravo.

Las desvinculaciones voluntarias se formalizan esencialmente en empresas multinacionales, según se desprende un estudio de la consultora Mercer. Son acuerdos para el 6% de los trabajadores que componen las plantillas, por valor del 75-80% de su salario, pero están lejos de representar la imagen de las jubilaciones anticipadas en España.