
Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por más de un tercio de ellos según las estadísticas oficiales más recientes, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año unos 4.000 millones de euros en concepto de las cotizaciones sociales que dejan de abonar el trabajador y la empresa. Estas aportaciones las deberían seguir realizando empleado y empleador, pero se cortan de raíz debido a esta modalidad de retiro. En concreto, la jubilación anticipada es la opción elegida por unos 120.000 jubilados, de media, en la última década. Y su acceso se produce a los 63,1 años, prácticamente dos años antes de la edad ordinaria que marca la ley, 65 años.
Esto implica una pérdida de ingresos para el sistema público de pensiones y protección social de nuestro país. La cotización media de los trabajadores entre 60 y 64 años es de 2.328 euros mensuales, según las estadísticas de la Seguridad Social. Esto implica que el trabajador deja de abonar cotizaciones por valor de 8.100 euros al año, mientras la empresa deja de aportar otros 8.900 euros anuales. En total, son unos 17.000 euros los que recibe anualmente el sistema público de cada trabajador sénior. El resultado, más de 1.900 millones a cargo de los empleados y otros 2.100 millones adicionales de las empresas que la Seguridad Social deja de ingresar.
El coste de oportunidad lo salda la Seguridad Social a través del sistema de penalizaciones con el que carga a los trabajadores que deciden anticipar su salida del mercado laboral de forma voluntaria dos años antes de la edad ordinaria de jubilación (65 años). El sistema de las pensiones recorta las prestaciones que reciben estos pensionistas: en el caso más extremo, saliendo prematuramente 24 meses y con la carrera laboral más corta, sufren un tijeretazo en su pensión superior al 20% por el efecto de los coeficientes reductores.

Informes previos de la Seguridad Social recogían datos clave sobre la composición de esta jubilación anticipada, que en los últimos años ha incorporado cada vez más retiros voluntarios. Los datos que facilita el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) refleja que las personas que se jubilan anticipadamente cobran hasta un 25% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, es decir, a los 65 años.
Esta brecha encuentra su explicación en que los trabajadores que se jubilan de forma prematura y voluntaria son aquellos con las bases de cotización (nóminas) más elevadas, y que por lo tanto, las potenciales penalizaciones o recortes de su pensión resultan igualmente en cuantías medias considerablemente superiores respecto a otros colectivos de jubilados.
La evolución por modalidades
El retiro anticipado con estas penalizaciones cae hasta suponer casi una de cada cinco altas (22,5% del total), mientras que antes de la implementación de esta medida, formulada durante el primer bloque de la reforma en la pasada legislatura (hasta 2021), eran el 27,5% de las altas del sistema los que se acogían a la modalidad anticipada.
También se nota el efecto de las penalizaciones que introdujo José Luis Escrivá sobre las altas anticipadas de manera voluntaria, que actualmente son el 18,2% de las altas totales. En total, la evolución de la jubilación anticipada se mantiene en torno a 124.000 altas anuales en promedio durante los últimos años.
Desde este 2024, la edad legal de jubilación se ha visto elevada a 66,6 años o 65 años si el trabajador certifica una carrera de cotización de al menos 38 años. Este periodo transitorio iniciado en la reforma de 2011 culminará en 2027, cuando la edad legal de retiro alcance los 67 años.
El objetivo final de las modificaciones abordadas desde 2011 no es otro que elevar la edad media de jubilación y cercar la brecha con la edad legal de jubilación. El objetivo final que trasladó el Gobierno a la Comisión Europea para apuntalar el gasto en pensiones futuro es el de elevar a 66,6 años la edad real de acceso a la jubilación para mitad de siglo, es decir, un año y medio más que en la actualidad.
De hecho, un reciente informe del CENIE y Oxford Economics señala a España como uno de los países más longevos en comparativa con el inicio del milenio: los mayores de 65 años aumentarán un 138%, hasta ser 16 millones.
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