¿Por qué fracasó la alternativa 'legal' a los falsos autónomos?

Desde hace casi 15 años, la figura de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) se ha presentado como una manera de mejorar la situación de los profesionales por cuenta propia con un único cliente, protegiéndoles de abusos y del riesgo de caer en la economía sumergida. Pero su historia es la de un estrepitoso fracaso: desde 2017 se han desplomado un 30% y apenas representan a un 6% de los ocupados que podrían considerarse como tales.

Los TRADE se pueden definir como 'autónomos con contrato'. Firman un acuerdo (siempre un contrato mercantil, no laboral) que regula las condiciones de su prestación de servicios a un cliente que supone más del 75% de su facturación. Eso sí, se trata de un contrato mercantil, no laboral.

Con su puesta en marcha en 2009 se pretendía que funcionaran como una alternativa 'legal' para contrarrestar los falsos autónomos, aquellos casos en los que asalariados 'de facto' son obligados por su empresa a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y cotizar como profesionales por cuenta ajena. Un caso flagrante de fraude laboral.

Así, en el cuarto trimestre de 2023 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) detectó a 153.000 personas que, pese a declararse como autónomos, admitían trabajar para un "empleador" y por eso los contó como asalariados en la EPA.

La idea era que la generalización de los contratos TRADE ayudara a estos trabajadores a obtener condiciones más ventajosas, al tiempo que los empleadores que utilizaban a los autónomos como asalariados no encontraran ventajas en esta práctica. Pero el plan falló desde el principio.

En seguida se vio que los 'falsos autónomos' son una relación laboral que nada tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia, que tienen un único cliente. Según el INE, unos 124.400 ocupados están en esta situación que es legal y que se puede identificar con los TRADE. Y de hecho no son pocos los análisis que los llaman así. Pero la realidad es que no lo son, por una razón muy simple: nunca han firmado este tipo de contrato.

De hecho, los contratos TRDE que registra el SEPE apenas llegan a 7.403 en el tercer trimestre del año, lo que significa que apenas llegan a un 6% de los potenciales beneficiarios. Y lo que es peor: su número ha caído en los últimos años. En marzo de 2017 alcanzaron 10.530, pero desde entonces se han desplomado un 29,7%.

La explicación a este fracaso es doble. Por un lado, está la complejidad de hacer firmar a un cliente un contrato de este tipo, que obliga casi tanto como uno de carácter laboral. Por otro, tampoco los propios autónomos tienen claras las ventajas. Sin ir más lejos, se puede incluir una indemnización por rescisión del contrato que podría equipararse a la que recibe un asalariado al ser despedido, aunque con un matiz importante: no está exenta de tributación. Organizaciones como Uatae han pedido a Hacienda que corrija este diferente tratamiento fiscal, pero hoy por hoy supone un desincentivo adiciona a su uso.

Además, al Gobierno actual no le gustan los TRADE, ya que considera que muchos de estos autónomos dependientes deberían ser contratados como asalariados. En esta percepción influye que la idea de utilizar esta figura para 'regularizar' a los trabajadores de plataformas digitales surgió en el marco de la negociación de la 'Ley Rider', con un rechazo frontal de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La negativa del Gobierno a revisar la regulación de los TRADE para ampliar su uso deja en el limbo a los autónomos con un cliente principal. Esos profesionales operan en el marco de la legalidad, pero seguirán sin firmar este tipo de contratos, en teoría más ventajosos para ellos, porque no se ven suficientemente incentivados para ello.