Casi un año y medio después de su aprobación, el debate sobre el impacto de la reforma laboral en la economía española sigue abierto. ¿Ha contribuido realmente a la creación de nuevos puestos de trabajo? ¿Y tiene margen para seguir haciéndolo? Hasta ahora, el Gobierno había defendido en bloque que la nueva norma conlleva una transformación estructural del mercado laboral que impulsará a medio y largo plazo el empleo. Pero las últimas estimaciones remitidas por el Ministerio de Asuntos Económicos a Bruselas apuntan a que este efecto  en términos de incremento de la ocupación ya habría tocado techo en su primer ejercicio en vigor.

Las pymes españolas no quieren implantar la jornada de cuatro días. Al menos eso indica la falta de interés por las ayudas convocadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para ponerla a prueba: solo 41 las han solicitado. Pero la falta de interés por este 'programa piloto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con el líder de Más País, Íñigo Errejón hace año y medio, no es el fin de la historia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que siempre se desmarcó de este 'experimento', tiene ahora vía libre para presentar su propio plan para reducir el tiempo de trabajo.

Las bajas de afiliación por no superar el periodo de prueba siguen disparándose un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral, y alientan las voces que afirman que la nueva norma ha trasvasado parte de la precariedad del empleo temporal al fijo. Pero también existen otras explicaciones. La primera, que se trata de un simple efecto colateral por del aumento de los contratos indefinidos. La segunda, que muchas de estas bajas son en realidad dimisiones y no ceses. Y la tercera, que reflejan una práctica habitual en las empresas que no deriva de la reforma laboral, si bien esta no parece haberla frenado.

La recuperación del empleo tras la pandemia ha venido acompañada de un intenso repunte de la ocupación entre los inmigrantes, que alimenta la esperanza en el Gobierno de que los cotizantes foráneos sean uno de los pilares que garanticen el sistema de pensiones frente al envejecimiento de la fuerza laboral nacida en España. Pero esta previsión tiene un problema: estos trabajadores inmigrantes también envejecen. De hecho: el porcentaje de los extranjeros menores de 35 años ha retrocedido en 11,5 puntos en la última década, más del doble de lo que ha descendido el mismo dato para los españoles.