La delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo -la tercera de la Unión Europea- y crece a un ritmo de entre el 5% y el 7% anual, según una estimación realizada por la Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

España atraviesa el que terminará siendo, de nuevo, el verano más cálido de su historia. El cambio climático se representa en olas de calor más tempranas y duraderas y en otros fenómenos como el incremento de la temperatura del agua del mar o abruptas y destructivas tormentas. Pero más allá, los bandazos del clima traen consigo cada vez con más virulencia la presencia de especies invasoras hasta ahora ajenas o anecdóticas en la biodiversidad de nuestro país y que actúan como vectores de enfermedades.

Un imparable aumento del estrés hídrico en España, las previsiones que apuntan a la desertificación paulatina del país y el retraso sostenido de las inversiones en la mejora, adecuación y modernización de las infraestructuras hídricas son tres realidades que amenazan no sólo el cumplimiento de la legislación vigente sino, más allá, la garantía asumida de que los consumidores podrán seguir contando con abastecimiento de agua corriente en sus hogares.

Más de 250 millones de euros de financiación, cerca de 1.200 agricultores afectados, 15.500 hectáreas de cultivo implicadas, 12 municipios beneficiados y 26 años de retraso. Estas son las principales cifras que arroja el proyecto de regadío Tierra de Barros, en Badajoz.

Históricamente, las actividades mineras han generado un importante impacto medioambiental que ha tenido consecuencias en los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo o los ecosistemas. Además, la producción primaria de minerales y metales genera aproximadamente el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía.