La Unión Europea continúa avanzando en la implantación de su estrategia Fit for 55 diseñada para conseguir que las emisiones del territorio comunitario sean en 2030 un 55% más bajas que en 1990. Los países miembros van poco a poco incorporando a su legislación nacional las normativas aprobadas por las instituciones europea para materializar el Pacto Verde, uno de los proyectos más importantes de la Comisión Europea que acaba de cerrar ciclo.
Siguiendo esta línea, el Gobierno español acaba de aprobar el proyecto de ley por el que se modifica el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se aplica en la Unión Europea desde hace casi 20 años y a través del cual se han conseguido reducir un 41% las emisiones en los sectores cubiertos (electricidad, generación de calor, sectores industriales de gran consumo energético y aviación).
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que los cambios pretenden "adecuar la senda de reducción de emisiones y asignación de derechos" a los sectores industriales y también a las infraestructuras de generación de electricidad -más de 900 instalaciones- para conseguir que sus emisiones sean en 2030 "un 62% más bajas que en 2005".
Entre las modificaciones que incluye el texto destacan la introducción del nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y la incorporación del transporte marítimo a partir de este año al comercio de derechos de emisión. Las nuevas disposiciones también recogen importantes novedades para impulsar la reducción de las emisiones en el sector de la aviación, el transporte por carretera y la edificación y prevén eliminar paulatinamente los derechos de emisión gratuitos para las empresas desde 2026 hasta 2034. En cambio, incorporan la asignación gratuita de derechos de emisión a las tecnologías limpias -como la producción de hidrógeno verde- para favorecer la transformación del sistema energético e incentivar su presencia.
Mecanismo ajuste en frontera para 2034
Uno de los primeros pasos para la adaptación de la norma europea en nuestro país ha sido el establecimiento del nuevo Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). España está actualmente inmersa en el periodo transitorio para implementar esta herramienta que gravará las importaciones de productos con altas emisiones y elevado riesgo de fuga para fomentar una producción industrial más limpia en países no pertenecientes a la UE.
El hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno son los bienes afectados por esta normativa, que también contempla las emisiones indirectas bajo ciertas condiciones.
"Aquellos sectores industriales cuyos productos procedentes de terceros países quieran colocarse en el mercado europeo, podrán hacerlo, pero deberán mostrar que la manera en la que son producidos no aplica una especie de damping ambiental con menos control respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que ocurre en Europa", ha explicado la ministra Ribera. El nuevo mecanismo se introducirá gradualmente desde 2026 hasta 2034, siguiendo el ritmo de eliminación de los derechos de emisión gratuitos.
Los barcos debutan en el sistema
Aunque la aviación y el transporte marítimo representan solo el 8% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE, son las fuentes de emisiones que más rápido crecen. Por eso, los eurodiputados han puesto especial énfasis en la legislación medioambiental que afecta a estos dos sectores.
En el caso del sector marítimo, se han establecido requisitos vinculantes para conseguir que las compañías navieras reduzcan sus emisiones de CO2 en, al menos, un 40% para 2030. La medida que propone Europa para conseguirlo pasa por extender el comercio de derechos de emisión a las emisiones procedentes de esta actividad.
A partir del presente año, las empresas navieras estarán obligadas a comprar derechos de emisión por un porcentaje creciente de sus emisiones mediante un sistema de adaptación gradual a través del cual las asignaciones de cada año se liquidarán el ejercicio siguiente, es decir, en 2025 las compañías pagarán el 40% de las emisiones verificadas en 2024, en 2026 el 70% de las emisiones de 2025 y en 2027 deberán abonar la totalidad de las emisiones de 2026.
Sin embargo, hasta 2030 la Directiva establece exenciones para aquellas embarcaciones de pasaje y carga rodada que viajen a regiones ultraperiféricas, como las Islas Canarias, o que tengan como origen o destino islas con una población inferior a los 200.000 habitantes. Esto significa que todos los archipiélagos baleares, excepto Mallorca, están incluidas en esta excepción temporal, aunque las conexiones con Mallorca desde Ibiza y Menorca sí se podrán beneficiar de esta medida.
La transposición de la norma también obliga a los barcos a fomentar el uso de los combustibles renovables y bajos en carbono. De hecho, la propuesta marítima Fuel EU, elaborada por la Comisión Europea en 2021, contempla que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la energía utilizada por los buques deben reducirse un 2% en 2025, un 14,5% en 2035 y un 80% en 2050 con respecto a los niveles de 2020.
Por su parte, el Ministerio de Transportes está diseñando una estrategia específica de descarbonización para el ámbito marítimo que incluirá un programa de ayudas para el sector. La hoja de ruta busca establece corredores verdes que incluyan infraestructuras de abastecimiento de nuevos combustibles y la conexión eléctrica en puerto, además del uso de combustibles alternativos.
Más combustible sostenible de aviación
La aviación está incluida en el comercio de derechos de Emisión de la Unión Europea desde el año 2012, pero más del 80% de estos derechos se asignan de manera gratuita, mediante valores de referencia (benchmarks) calculados en base a datos históricos de toneladas por kilómetro. La nueva normativa elimina progresivamente estas asignaciones gratuitas para la aviación e implementa la subasta completa a partir de 2026. La transición de los operadores de aeronaves a los combustibles ecológicos se fomentará mediante la reserva 20 millones de derechos de emisión hasta diciembre de 2030. En este sentido, los proveedores de combustibles estarán obligados a garantizar que los aeropuertos de la UE cuenten con una cuota mínima de combustibles de aviación sostenibles: el 2% a partir de 2025; el 34% para 2040 y el 70% para 2050.
Por su parte, el transporte por carretera, junto con los edificios, pasarán a formar parte de un régimen separado que pondrá precio a las emisiones generadas por el combustible de estos sectores en 2027 (o 2028 si los precios de la energía son muy altos).
El coste de la descarbonización
La consecución de los objetivos marcados por Europa requiere de un importante esfuerzo económico desde el punto de vista público. Por eso, los 27 se han comprometido a destinar el 30% del presupuesto comunitario a medidas relacionadas con el clima. Pero las empresas también se verán obligadas a realizar una importante inversión.
Las navieras y aerolíneas advierten de que a partir del año que viene se incrementarán notablemente los costes operativos en toda Europa, lo que se acabará trasladando al usuario final. Así, los portavoces de Trasmed, la naviera perteneciente al grupo Grimaldi, han afirmado que es probable que las compañías de transporte marítimo se vean forzadas a repercutir el sobrecoste de la descarbonización en el precio de los pasajes.
La alemana Lufthansa ha reconocido que no puede asumir por sí sola esos costes y comenzará a introducir un recargo medioambiental de hasta 72 euros por billete. Otras como Air France-KLM llevan ya dos años aplicando un incremento de 24 euros en algunos vuelos.