Una "herramienta clave que permitirá abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, en línea con los principios y estrategias del Pacto Verde Europeo y con los objetivos de adaptación al cambio climático". Con estas palabras describió Teresa Ribera los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo durante la presentación de los borradores para las nueve demarcaciones intercomunitarias, que acaban de entrar en fase de consulta pública y estarán abiertos a alegaciones y comentarios durante los próximos tres meses, con el fin de enviarlos a Bruselas antes de 2022.

Los efectos del calentamiento global son tan significativos que están impactando en todos los puntos del planeta, y su consecuencia más evidente es la disminución de las reservas de agua dulce por derretimiento de glaciares o pérdida de masas heladas. El retroceso de estos fenómenos está cobrando especial importancia en las últimas décadas, ya que el aumento de la población mundial puede hacer que, en un futuro cercano, nos enfrentemos a un problema global de escasez de agua. Ante esta realidad, el continente antártico desempeña un papel fundamental. Se calcula que en sus 14 millones de kilómetros cuadrados se encuentra el 90% del hielo del planeta y el 70% del agua potable del mundo. Sin embargo, en los últimos años, la Antártida está siendo sometida a realidades muy negativas derivadas de la crisis climática. Así, por ejemplo, el hecho de que la temperatura media haya aumentado hasta 3ºC ha provocado que las plataformas de hielo estables ahora corran peligro -desde la década de 1950 se han perdido 25.000 kilómetros cuadrados-. Durante la reciente Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), un grupo de expertos publicó un informe en el que se advertía de que este fenómeno está empujando a esta región polar, que conecta todas las cuencas oceánicas propiciando la habitabilidad de la tierra, hacia varios puntos de inflexión que tendrán importantes repercusiones tanto para la humanidad como para la biodiversidad.

Medio Ambiente

El mundo tiene prisa. Se lo exige el medioambiente y también la certeza de que una actividad económica no sostenible hará que el propio mundo, en el futuro, no sea. Hace ya décadas en Europa se impuso el principio de quien contamina paga. No obstante, es precisamente la prisa la que conduce a establecer pautas a veces demasiado elevadas; a veces, demasiado ilusionantes. En ocasiones, también, difíciles de implementar cuando se topan con unas inercias que hasta ahora no atendían ninguna máxima que no mirase más allá del corto o, en todo caso, del medio plazo.

Crecimiento poblacional, agricultura intensiva, lixiviación de depósitos estériles procedentes de antiguas explotaciones mineras y construcción de grandes infraestructuras y equipamientos que han alterado los procesos naturales. Estas son las cinco fuerzas transformadoras que han provocado uno de los mayores desastres ecológicos de los últimos tiempos en nuestro país: el colapso ecológico de El Mar Menor. ¿La solución? Cambiar la ley para limitar el uso de fertilizantes, obligar a restituir los regadíos ilegales y prohibir los invernaderos en la franja de los 1.500 metros respecto de la costa.

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