A finales del pasado mes de junio un estudio de la Universidad de Sevilla alertaba de una "grave" contaminación en el río Guadiamar y Doñana. El documento recomendaba evitar el baño en el río Agrio, cuyas aguas registraban una elevada concentración de metales tóxicos. Según el informe, la situación era consecuencia de un proceso de acidificación del agua procedente de las escombreras de la Mina de Aznalcóllar (Sevilla) tras las lluvias registradas en marzo.
Este nuevo -pero habitual- episodio de contaminación en la zona tiene lugar 27 años después del que está considerado ya como el mayor desastre ambiental de Andalucía: la rotura de la balsa de lodos de la mina de Boliden, que vertió a la cuenca del río Guadiamar más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos poniendo en peligro el Parque Nacional de Doñana y el Estuario del Guadalquivir.
Tras el desastre, gran parte de las aguas ácidas contaminadas se recogieron y se depositaron en la corta de Aznalcóllar, una balsa en la que se encuentran almacenadas desde entonces. Pero hace tan sólo unas semanas, la Junta de Andalucía ha autorizado la construcción de una nueva mina en este yacimiento situado en la Faja Pirítica Ibérica (FPI), considerada la mayor reserva europea de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo, zinc, oro y plata).
La iniciativa será desarrollada por Minera Los Frailes, sociedad participada por Minorbis-Grupo México y adjudicataria del concurso minero internacional convocado por el Gobierno autonómico para reabrir el depósito abandonado en 2001.
La futura explotación minera, que prevé comenzar los trabajos de adecuación en las próximas semanas, supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros, generará un millar de empleos durante su construcción y unos 2.000 durante la fase de operación, cuenta con una vida estimada de al menos 20 años y contempla una producción media de 2,7 millones de toneladas por año.
Las organizaciones ambientales, algunos partidos políticos y la sociedad civil han mostrado su rechazo al proyecto por considerar que tendrá un gran impacto sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana. Así, recuerdan que la autorización ambiental contempla un vertido inicial de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas en el río Guadalquivir -incluyendo el vaciado completo de la corta de Los Frailes (15.000 millones de litros) y el vaciado parcial de la balsa de Aznalcóllar (2.520 millones de litros)-, así como un vertido continuo posterior de 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.
"No es una reapertura, sino un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto, y que no dispondrá de balsas de residuos", afirma Jorge Paradela, consejero andaluz de Industria, Energía y Minas. La Junta insiste en que las actuaciones de rehabilitación ambiental planteadas por la empresa cuentan con un presupuesto de 42,5 millones y asegura que el proyecto "aporta una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas", ya que aprovechará una parte de los residuos como relleno en el interior de la mina y otra la dedicará a restaurar las antiguas cortas mineras. "Una práctica que está reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea", recalca Paradela.