Minera Los Frailes asegura que su proyecto en Aználcóllar es la solución ambiental, no el problema

Minera los Frailes (MLF) sale al paso de las críticas a su proyecto en Aználcollar. Un nombre que 26 años después se sigue asociando a una catástrofe ambiental. En un comunicado, la compañía asegura que su proyecto no sólo cumple todos los requerimientos legales, como confirman las autorizaciones recibidas, sino que además solucionará los pasivos ambientales que "se arrastran de etapas anteriores". La compañía -que ya ha recibido el dictamen ambiental favorable- ha elevado la inversión global del proyecto a lo largo del proceso de tramitación en 100 millones de euros (inicialmente era de 350 millones y según las previsiones actuales rozará los 450 millones) para incluir una estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto.

"El entorno minero de Aznalcóllar engloba una serie de elementos mineros abandonados heredados de explotaciones anteriores, que han supuesto durante los últimos años un problema para la sociedad y para la Administración Pública, especialmente por la gestión del agua", afirma Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes.

El agua de lluvia se contamina actualmente al contacto con las casi 500 hectáreas de escombreras mineras, haciendo necesaria su depuración para su devolución al dominio público. "Esta realidad es un problema ambiental existente y muy poco conocido por la sociedad, que ha sido, es y será independiente a la existencia del propio Proyecto Minero de Los Frailes, que se diseña precisamente como la solución óptima para la resolución de este problema de forma sostenible".

Normativa

La futura operación "cumple rigurosamente con la normativa europea de calidad ambiental de aguas superficiales, una de las más exigentes del mundo, y ha sido sometida a controles adicionales que refuerzan las garantías de un total respeto al medio ambiente, como ha ocurrido con el Informe de Admisibilidad exigido por la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía".

El desarrollo de la nueva planta de tratamiento de aguas es un trabajo conjunto de Ayesa e Inerco, "junto a otras líderes mundiales del sector". El efluente íntegramente depurado con tecnología de última generación se trasladará mediante un emisario de 30 kilómetros hasta el Estuario del Guadalquivir que estará permanentemente monitorizado para asegurar la calidad del agua.

Se ha diseñado un Plan de Vigilancia independiente a la empresa, en el que un laboratorio acreditado tomará diariamente muestras de la calidad del agua depurada y del medio receptor, reportando a la administración y confirmando continuamente y en tiempo real el cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental fijadas por Europa, que en estos momentos son las más exigentes del mundo.

"El análisis diario del Plan de Vigilancia es una propuesta garantista que surge de la propia empresa, ya que la directiva europea establece una exigencia de un muestreo al mes".

"El proyecto cumple con los requisitos de minería moderna con reducción del impacto ambiental, desarrollo de una economía circular y compromiso con la comunidad del entorno, cumpliendo con el impulso de desarrollo sostenible y uso de las mejores técnicas disponibles", sostiene Miguel Ángel González.

Mina subterránea

Se trata de un minado de interior que evita el impacto visual de la minería desarrollada hasta ahora en el entorno. Está pensado para generar la menor huella hídrica posible, valorizando el agua de pasivos para el consumo del proceso metalúrgico. También se elimina la existencia de presas de lodo al aprovecharse éstos en el relleno de la mina interior y la restauración de la corta de Aznalcóllar. En paralelo, se está desarrollando el estudio de proyectos de economía circular como la extracción de metales del agua contaminada que genera el medio; y el desarrollo de suelos remediadores que permitan la restauración futura de toda el área impactada existente.

La restauración global del área, que se desarrollará a lo largo de la vida útil de la mina, está presupuestado en 80 millones de euros. Está restauración logrará eliminar los costes de gestión de pasivos en el futuro.

La actividad de Minera Los Frailes generará 2.000 empleos a lo largo de la vida útil del proyecto, estimado inicialmente en veinte años.

En paralelo, el proyecto también incorpora un fondo de desarrollo de 30 millones de euros para que sea posible generar empleo y economía más allá de las actividades vinculadas a la industria minera. El plan está concebido como un proyecto de restauración ambiental que garantiza la plena recuperación del entorno de Aznalcóllar. "Donde ahora hay un paisaje marcado por los pasivos ambientales de las antiguas explotaciones, se generará un nuevo hábitat natural, con actuaciones que serán desarrolladas a lo largo de la vida de la mina, basadas en la restauración progresiva y la recuperación de los antiguos cursos de agua como el del río Agrio, dando así continuidad al corredor verde del Guadiamar", asegura la compañía.

Denuncias

Tras la denuncia de Ecologistas en Acción el martes sobre un vertido tóxico al Guadalquivir por la actividad minera, agitando el fantasma de la catástrofe de hace 26 años, hoy la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, junto a representantes de organizaciones sociales y políticas sevillanas, ha registrado una solicitud dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para que se interese por el vertido 85.000 millones de litros de "aguas contaminadas por metales pesados" a la altura del Estadio de la Cartuja.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha afirmado por su parte que "los parámetros" del vertido de la mina de Aznalcóllar están "dentro absolutamente del marco normativo exigible y exigente". En declaraciones a los periodistas, el consejero ha reconocido que con este proyecto van "con pies de plomo" por la complejidad que conllevan los proyectos de minería, pero también ha transmitido "la idea de tranquilidad" porque esta mina es "completamente distinta" a la que en 1998 causó una catástrofe ambiental en la zona.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "el agua estará tratada" y ha incidido en que "la tecnología ha avanzado muchísimo" hasta el punto que negar que se vaya a verter aguas contaminadas, tóxicas y plagadas de metales pesados al entorno.

En esta misma línea ya se pronunció este pasado martes el portavoz del Gobierno andaluza y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, quien defendió esta explotación a partir de un nuevo proyecto con "las máximas garantías medioambientales" y destacó que "no se va a verter ni un solo litro de agua al Guadalquivir hasta que la estación depuradora esté en funcionamiento".

Proceso judicial

Sobre la limpieza, pero no ambiental sino administrativa, de la concesión a Minera Los Frailes en 2025 tiene aún que pronunciarse la Justicia. La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado juicio oral en marzo de 2025 contra catorce funcionarios y responsables de Magtel, aliada de Minorbis en el concurso, por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, en una causa que según Ecologistas en Acción afecta a Minorbis, Grupo México, AMC Iberia Mining y Minera Los Frailes, como posibles responsables civiles subsidiarios.