El año 2022 ha dejado patente que el cambio climático se intensifica a gran velocidad. Episodios de calor excepcionales, incendios forestales, huracanes, inundaciones, crecidas y otros efectos derivados del calentamiento global se producen cada vez con más frecuencia en diferentes partes del mundo. En concreto, Europa se ha convertido en una de las regiones más afectadas. Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el aumento de la temperatura observado en el viejo continente durante los últimos 30 años duplica el incremento medio de la temperatura registrado a nivel mundial; en ningún otro lugar del planeta las temperaturas han subido de forma tan notable. "Europa es el vivo reflejo de un mundo que se calienta", ha señalado Petteri Taalas, secretario general de la OMM.
La urgencia por revertir esta situación es cada vez más acuciante. La Organización de Naciones Unidas prevé un calentamiento de 2,6°C para fin de siglo y advierte de que para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC desde niveles preindustriales las emisiones de metano deberían reducirse un tercio para el año 2030 y los gases de efecto invernadero un 43%.
A la luz de estos alarmantes datos, el Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional concebido para acelerar la aproximación del bloque comunitario a la neutralidad climática incidiendo en la disminución de las emisiones. Se trata del segundo paquete de medidas incluido en la estrategia Fit for 55 para descarbonizar la UE en 2050 que se aprueba, tras el acuerdo alcanzado a finales de octubre para prohibir la venta de coches y furgonetas nuevas con motor de combustión a partir de 2035, y pretende que las emisiones se reduzcan un 61% de aquí a 2030 respecto a los valores de 2005, frente al 43% previsto inicialmente.
Las medidas también han sido concebidas para ayudar a la UE a atajar los retos generados por la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis energética mediante la generación de tres nuevas fuentes de ingresos: los procedentes del comercio de derechos de emisión, los generados por la propuesta del mecanismo de ajuste en la frontera del carbono de la Unión (CBAM) y los relacionados con el impuesto de sociedades de las multinacionales, que se basan en una propuesta acordada por la OCDE y el G-20 el pasado verano.
La Comisión Europea espera recaudar hasta 17.000 millones al año mediante los tres nuevos recursos para financiar el presupuesto comunitario entre 2026 y 2030, un montante que podría ayudar a devolver la deuda generada por el fondo de recuperación NextGenerationEU. Esta recaudación también contribuirá a financiar el Fondo Social del Clima y a agilizar la transición hacia una economía descarbonizada.
Reforma
La Comisión Europea plantea cambiar el actual régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE), un sistema que abarca cerca del 40% de las emisiones totales del bloque comunitario y que desde su introducción en el año 2005 ha conseguido que las emisiones se reduzcan un 41% en los sectores cubiertos (electricidad y generación de calor, sectores industriales de gran consumo energético y aviación comercial).
La principal modificación a la legislación vigente se refiere a los objetivos que deben alcanzarse durante los próximos ocho años en los sectores afectados por la reforma y actualiza los objetivos nacionales. Asimismo, propone incluir la incineración de los residuos municipales, reducir el número de derechos anuales y suprimir gradualmente los derechos de emisión gratuitos. También planea crear un régimen independiente para los edificios y el transporte por carretera con el fin de ayudar a los estados miembros a cumplir de manera rentable los objetivos nacionales establecidos en el Reglamento de Reparto del Esfuerzo.
Por otro lado, ha decidido incluir en el sistema el cómputo de las emisiones generadas al sector del transporte marítimo. De este modo, a partir del próximo 1 de enero los estados miembros deberán cobrar un impuesto por emitir CO2 a todos los buques de mercancías que atraquen en sus infraestructuras portuarias.
Prevé recaudar 17.000 millones al año para devolver la deuda generada por el fondo de recuperación
Puertos como el de Algeciras, Barcelona o Valencia ya han mostrado su preocupación por que buena parte de su tráfico se desvíe al norte de África y han enviado a Bruselas una propuesta para crear el denominado Puerto Transparente, una figura que evitaría la fuga de los buques procedentes de Asia hacia el norte de África para no tener que pagar los derechos por las emisiones de CO2. La iniciativa española solicita que la escala de estos barcos no se contabilice y, de esta forma, los puertos europeos puedan seguir compitiendo en igualdad de condiciones con otros de fuera de la UE. Las nuevas medidas prevén alcanzar, de aquí a 2030, una reducción del 43% en las emisiones de los sectores afectados por el sistema con respecto a 2005.
Nuevo impuesto
De forma paralela, la Comisión propone implantar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un sistema equivalente al RCDE, pero sólo aplicable a productores externos que ha sido diseñado para evitar que los esfuerzos de la UE se vean contrarrestados por un aumento de las emisiones fuera de sus fronteras debido a la deslocalización de la producción a países donde las políticas para luchar contra el cambio climático son menos ambiciosas.
