Más de 250 millones de euros de financiación, cerca de 1.200 agricultores afectados, 15.500 hectáreas de cultivo implicadas, 12 municipios beneficiados y 26 años de retraso. Estas son las principales cifras que arroja el proyecto de regadío Tierra de Barros, en Badajoz.
La iniciativa se anunció por primera vez en 1999 y en 2020 fue rescatada por el ejecutivo autonómico encabezado por el socialista Guillermo Fernández Vara como una de las grades bazas para "garantizar el futuro del campo extremeño". Incluso fue declarado como proyecto de interés general por el gobierno central en el año 2021, pero ha vuelto a quedar paralizado debido a las trabas que está poniendo la Unión Europea para validar los fondos que permitirían llevarlo a cabo. De hecho, la Junta de Extremadura ya ha decidido desviar a otras medidas relacionadas con la agricultura y el mundo rural el que iba a ser su principal pilar presupuestario: los 104 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (PDR).
Según el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, la reasignación de fondos se ha realizado para asegurar que el dinero asignado a la comunidad se pueda invertir en el territorio extremeño y no tener que devolverlo a Europa cuando finalice el PDR el año que viene. Y es que las negociaciones que se están llevando a cabo con los organismos comunitarios están retrasando el arranque de las obras, que deberían haber comenzado en 2023, pero que ni siquiera habrán comenzado a ejecutarse cuando el programa europeo haya finalizado.
Europa tiene dudas
Bruselas considera que el proyecto no es viable y asegura que no habrá suficiente agua para mantenerlo. Afirma que las predicciones que maneja sobre el caudal de agua de la cuenca del Guadiana de aquí a 2039 señalan que el recurso habrá disminuido notablemente como consecuencia del cambio climático y exige que este impacto en las masas quede recogido en el Plan Hidrológico. Pero, más allá, duda de la solvencia de la declaración de impacto ambiental realizada por el gobierno autonómico de Fernández Vara en 2022.
Desde la Junta de Extremadura, presidida ahora por la popular María Guardiola, reiteran su apoyo al regadío y aseguran que seguirán trabajando con las instituciones europeas para que pueda ser incluido y financiado en el siguiente periodo de programación. Pero la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros alerta de que no se puede esperar tanto tiempo, porque tanto la declaración de impacto ambiental como la concesión de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana están a punto de caducar. Asimismo, insisten en la necesidad de concretar cuanto antes las bases del proyecto para dar tiempo a los agricultores a negociar con las entidades bancarias los préstamos que les permitirán sufragar su aportación.
Mientras, en el ejecutivo regional continúa el enfrentamiento entre los socios de gobierno PP y VOX a causa de la financiación. De hecho, VOX amenaza con no apoyar los próximos presupuestos si no se incluye una partida específica para el regadío, mientras que el equipo de Guardiola defiende que el elevado coste de los trabajos exige una financiación "al menos" a tres bandas: regantes, Junta y Ministerio.
Un plan para revitalizar el campo extremeño
El proyecto de regadío Tierra de Barros contempla el desarrollo de las obras necesarias para permitir el riego por goteo de cultivos leñosos -principalmente vid y olivo- desde los embalses de Alange y de Villalba, en la cuenca del Guadiana, con una dotación de 2.765 metros cúbicos por hectárea al año. El sistema incluye una red de conducciones principales de 83 kilómetros de longitud hasta cada uno de los 17 sectores de riego resultantes y tres grandes balsas de regulación de ciclo anual con una capacidad total de 14 hectómetros cúbicos que se llenarán gracias al apoyo de una planta fotovoltaica de 11,4 MW.
