Un imparable aumento del estrés hídrico en España, las previsiones que apuntan a la desertificación paulatina del país y el retraso sostenido de las inversiones en la mejora, adecuación y modernización de las infraestructuras hídricas son tres realidades que amenazan no sólo el cumplimiento de la legislación vigente sino, más allá, la garantía asumida de que los consumidores podrán seguir contando con abastecimiento de agua corriente en sus hogares.
El sector del agua urbana pone cifra a su demanda: la Asociación de Gestores Urbanos del Agua, que agrupa a 47 empresas concesionarias del ciclo del agua que abastecen a un cuarto de los habitantes del país (más de 13 millones de personas) cifra en 6.200 millones de euros anuales el presupuesto total necesario para renovar y mejorar las infraestructuras.
En su informe "Déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua en España", elaborado por la asociación y la consultora PwC, se constata que en la última década apenas se han ejecutado el 30% de las obras planificadas. Ante esta realidad, el sector reclama también mayor celeridad, para lo que apuesta por fomentar la colaboración público-privada.
Por otro lado, la agrupación propone también incluir partidas específicas en las tarifas del agua, cambios regulatorios para flexibilizar el modelo de las concesiones de obras y, más allá, la creación de un Fondo Nacional del Agua "para financiar aquellas actuaciones en las que la financiación por medios convencionales sea complicada".
Un ente regulador específico también se impone ya como una necesidad, a juicio del sector del agua urbana. Con él, "se dotaría a las empresas concesionarias "de independencia y de un mayor carácter técnico a la toma de decisiones".
De los 6.200 millones necesarios a juicio de la asociación, 2.600 deberían ser destinados a actualizar las infraestructuras contempladas en los Planes Hidrológicos ya aprobados, y otros 2.600 para renovar los activos existentes. Además, serían necesarios 550 para habilitar nuevos recursos no contemplados en los Planes y otros 450 para adaptar los activos de depuración a los nuevos requerimientos fijados en las normas europeas.
El tratamiento defectuoso de aguas residuales acumula un retraso especialmente preocupante y es uno de los grandes retos que debe afrontar la gestión de los recursos hídricos en España. Nuestro país afronta diferentes procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea y desde 2018 ha pagado casi 90 millones de euros en sanciones por incumplir la Directiva de tratamiento de aguas residuales en diferentes aglomeraciones que vertían sus aguas sin depurar.
Un PERTE insuficiente
En su informe, la Asociación de Gestores Urbanos del Agua valora positivamente la derivación de un porcentaje de los fondos europeos Next Generation a la mejora de la eficiencia y a la digitalización del ciclo urbano, puesto que puede contribuir a mejorar las infraestructuras. No obstante, considera que las partidas previstas en el programa son insuficientes, e instan al Gobierno a encontrar otros recursos adicionales.
El PERTE de digitalización del ciclo del agua contempla una inversión total de 3.485 millones de euros. A la luz de las cifras concretadas por la asociación, esa cantidad no será suficiente para paliar el déficit de inversión, cifrada en 5.000 millones anuales desde 2017.
