Energía

Once comunidades autónomas reducen su inversión en agua en 2023

  • El presupuesto de la Administración General se ha duplicado en cuatro años, hasta 10.580 millones
  • Cataluña destinó un 5,5% menos, mientras Andalucía elevó su partida casi un 31%
Un pantano. Foto: EFE

El agua es el nuevo oro líquido y cada vez es más necesaria en las regiones más castigadas por la sequía. La Administración General ha duplicado su presupuesto para el agua en cuatro años, pasando de 6.395 millones durante la pandemia hasta 10.580 millones el año pasado. No obstante, y a pesar de las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), once comunidades autónomas han reducido su inversión en agua en este 2023. Algunos ejemplos son Asturias (-56,3%), Navarra (-63,8%) o La Rioja (-45,9%); sin embargo, de todas estás comunidades destaca el caso de Cataluña.

La Generalitat de Cataluña ha duplicado su inversión en agua entre 2020 y 2023; sin embargo, si se compara con el presupuesto de 2022, la Generalitat ha reducido su inversión un 5,5%, según el Informe de licitación pública de obra de diciembre de 2023, elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Así, la comunidad catalana destinó en 2023 solo 1.431 millones de euros frente a los 1.515 millones del año anterior.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid acusó esta misma semana a la Generalitat de no haber realizado en los últimos años las inversiones y políticas necesarias para garantizar el suministro de agua. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, defendió que en Madrid se han hecho "inversiones multimillonarias para evitar pérdidas de agua" y desde su llegada al cargo también se han puesto en marcha proyectos "muy importantes para que se fueran actualizando y modernizando los sistemas de canalización del agua del Canal de Isabel II". En 2022, la Agencia Catalana del Agua sólo ejecutó el 35% de su presupuesto en inversiones y el año anterior fue del 27% del presupuesto. Desde Madrid, por su parte, aseguran haber invertido 504 millones entre 2019 y 2023. "En cinco años más llegaremos a superar los 1.500 millones", explican desde la Comunidad.

Obras en Cataluña

Ahora bien, Cataluña dispone de casi 2.000 hectómetros cúbicos de capacidad de embalses y dos desaladoras para abastecer a Barcelona. Sin embargo, desde el Ejecutivo catalán han señalado que no se llevaron a cabo "las inversiones necesarias para más desalación o el trasvase del Ebro". Sin ir más lejos, el pasado lunes, el Gobierno y la Generalitat llegaron a un acuerdo para desbloquear la ampliación de la desalinizadora de La Tordera para 2028 y la construcción de la de Foix para 2029.

Las obras irán a cargo de la empresa pública española Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y también se financiará con fondos Next Generation, que obligan a la recuperación de costes, lo que significa que estas inversiones deberán sufragarse a través de la factura del agua que pagan los consumidores. Es decir, un total de 467 millones: 287 para La Tordera y 180 para la de Foix, según detalló la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Con estas actuaciones, La Tordera cuadruplicará su capacidad de desalación (de los 20 hectómetros cúbicos pasará a los 80) y Foix podrá potabilizar 20 hectómetros cúbicos de agua de mar cada año.
Asimismo, de cara a este verano, entre ambos organismos también pactaron la posibilidad de traer agua en barcos hasta Barcelona desde la desalinizadora valenciana de Sagunto. Si esto ocurriera, serían hasta 40.000 metros cúbicos de agua en dos barcos diarios, además de suponer a funcionar al 100% la desalinizadora de Sagunto, que actualmente solo opera al 10%."Es la solución técnicamente más sencilla y viable, y será un agua que no compite con otros usos locales actuales ni futuros", aclaró Ribera.

Otra de las autonomías más castigadas por la sequía es Andalucía. Sin embargo, la región ha apostado por financiar más obras públicas en estos últimos años. De hecho, desde 2020 la inversión de la comunidad está en auge. En concreto, en lo últimos tres años se ha elevado un 87,8%. Además, entre 2022 y 2023, la inversión en agua ha pasado de 1.075 millones en 2022 hasta destinar 1.407 millones el año pasado, es decir, casi un 31% más en tasa interanual.

Paquete de ayudas

A principios de 2023, el Miteco aprobó los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, que marcan la línea de actuación para gestionar los recursos hídricos en España hasta 2027. Para estos proyectos se destinaron 22.844 millones de euro: para infraestructuras de saneamiento y depuración (6.643 millones), de regadío (5.070 millones), de abastecimiento (2.259 millones), de desalinación y reutilización (1.269 millones), para gestión del riesgo de inundación (2.077 millones), para la restauración y conservación del dominio público hidráulico (1.293 millones) y el resto están destinados a otras finalidades. Además de estas ayudas, hay que tener en cuenta el Perte de digitalización del ciclo del agua que parte con una inversión de 3.060 millones.

"A pesar de que España tiene más de la mitad del territorio en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo (Murcia, Valencia e Islas Canarias sobrepasan el 90%), ha sido el país europeo con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019. Esta escasa inversión supone un grave problema ya que el agua es clave para el correcto funcionamiento de otros sectores estratégicos para el desarrollo económico como el turismo y la agricultura y ganadería", apuntan desde Seopan.

Poniendo el foco en las autonomías, en el caso de Cataluña, el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña prevén una inversión superior a los 2.437 millones de euros hasta 2027. De este total, cerca de 1.428 serán aportados de manera íntegra por la Agencia Catalana del Agua. El plan catalán destinará 866,6 millones para lograr los objetivos ambientales; 1.417 millones, para racionalidad en el uso del agua; 149,6 millones, para adaptación al cambio climático y 3,6 millones, para conocimiento y gobernanza. Por otro lado, las cuencas mediterráneas andaluzas tienen un presupuesto estimado de 2.860 millones que destinarán a infraestructuras de regadío, saneamiento, abastecimiento y reutilización. Además de para la gestión del riesgo de inundación, seguridad, recuperación de acuíferos y para el mantenimiento y conservación. Sequía y recursos hídricos.

A todas estas ayudas hay que sumarle el paquete de 2.190 millones de euros, que aprobó el Consejo de Ministros en mayo de 2023, para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de los recursos hídricos. De esta partida, 1.400 millones los aporta el Miteco, con el objetivo de construir nuevas infraestructuras, como, por ejemplo, plantas desalinizadoras y duplicar la reutilización de aguas urbanas. Aunque también se planteaba la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.

Así, las cuencas mediterránea andaluzas percibirían 200 millones y las cuencas internas de Cataluña, 220 millones. La finalidad de estas ayudas es "incrementar la resiliencia de los sistemas de recursos hídricos a las situaciones de escasez", explica el Miteco. Asimismo, en el caso de Cataluña, también están destinadas a la desaladora de Tordera II, y en Andalucía para la desalación en la Costa del Sol y en el levante almerienses.

Desde el Gobierno se están impulsando muchos proyectos para tratar de proteger un bien tan preciado como es el agua. En palabras del presidente de Seopan, Julián Núñez, "el binomio agua-energía asociado a los procesos de desalinización funciona muy bien y hay grandes ejemplos de infraestructuras de desalinización construidas y operadas por compañías españolas en otros países que están produciendo agua desalada de la máxima calidad y a precios inferiores a los actualmente vigentes en España para el suministro de agua potable". Además, en lo que respecta a la sequía, el presidente de Seopan puntualiza que "hay también otras alternativas de inversión, como potenciar la reutilización de aguas residuales, materia en la que España sale muy bien posicionada en la Unión Europea con más de 532 hm3 de aguas depuradas reutilizadas en 2020 según el INE, si bien avanzar en este campo pasa por actuar en un gran número de depuradoras para dotarlas de tratamientos terciarios y otras medidas".

Sanciones

Sin embargo, en el caso de las inversiones no todo es siempre perfecto. "El sector del agua es el más necesitado y el más sancionado, ya que la mayor multa de la historia de Europa a España es sobre agua y sigue creciendo cada año", destacan desde Seopan. Dichas sanciones ascienden ya a 53,4 millones por no depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. "Una multa que sigue aumentado 10 millones cada semestre sin cumplir y que el Gobierno prevé que supere los 80 millones", puntualiza la Asociación de empresas.

El pasado miércoles, la Comisión Europea decidió llevar a a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber ultimado la revisión de sus planes hidrológicos de cuenca. La Directiva marco sobre el agua se centra en garantizar la calidad y la cantidad de las masas de agua europeas, como los ríos y los lagos, reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya agua suficiente para cubrir al mismo tiempo las necesidades humanas y las de la fauna silvestre. En virtud de la Directiva marco sobre el agua, los Estados miembros también deben actualizar y notificar sus planes de gestión del riesgo de inundación. Estos planes son igualmente fundamentales para cumplir los objetivos de la Directiva sobre inundaciones, esto es, reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos que han realizado las autoridades han sido insuficientes y, en consecuencia, va a llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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