La ciberseguridad ha pasado ya de ser un riesgo a convertirse en toda una obligación, que genera responsabilidad a las empresas por los ataques sufridos y que han causado perjuicio a sus clientes o trabajadores. Ya no es solo un sistema para evitar los ataques de los ciberdelincuentes a las empresas. La seguridad de los sistemas empieza a ser un asunto tan importante que las compañías comienzan a pedir a sus proveedores las máximas garantías, y están dispuestas a llegar hasta los tribunales si consideran que su falta de sistemas de seguridad pone en riesgo a sus clientes, a la empresa o a sus negocios. Nace así una nueva responsabilidad.

El Gobierno confía en el acuerdo con Ciudadanos para cerrar el pacto de los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes del ala socialista del Ejecutivo aseguran que están ya cerca del acuerdo con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y que, con su apoyo, cerrarán una suma suficiente para aprobar las cuentas. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dilata las negociaciones y pretende que los socios de investidura sean los que permitan al Gobierno de coalición aprobar los presupuestos, para que no sea necesario el apoyo de Ciudadanos.

La brecha fiscal entre Madrid y Cataluña aumenta. La rebaja anunciada en el tramo del IRPF autonómico por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incrementará en otros 150 euros de media la diferencia entre lo que paga a final de año un madrileño y un catalán.

El sector del Gobierno de Unidas Podemos insiste en su subida fiscal a las rentas altas y la introduce en los borradores de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El ala podemita del Ejecutivo incluye su alza impositiva, pactada con Pedro Sánchez en su acuerdo de investidura, después de que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazaran para este ejercicio una subida fiscal por las consecuencias de la crisis del coronavirus.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está dispuesta a prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) hasta finales de enero de 2021, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas a la negociación. Así se ha puesto encima de la mesa en el encuentro que se ha mantenido este lunes entre el Gobierno, sindicatos y patronal, que se ha cerrado sin acuerdo y con discrepancias entre las partes y al que se dará continuidad este martes.

tribunales

Prohibido asistir a un juicio sin pantalones o en pijama. Los abogados que participen en una vista a través de videoconferencia están obligados a llevar toga y las normas tradicionales, como si el proceso se celebrara de manera presencial. Así lo apunta el nuevo Código Deontológico de la Abogacía, que establece que a las nuevas tecnologías se les aplican todas las obligaciones tradicionales.

empresas

El retraso de las negociaciones para la prórroga de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), que caducan el próximo 30 de septiembre, pone a las empresas al borde de los despidos y reestructuraciones masivas por la falta de estrategia. Según apuntan varios especialistas consultados por elEconomista, la salvación de muchas de las compañías que aún se encuentran en esta situación pasa por concretar ya una herramienta de desescalada en estos ERTE.

El magistrado, en sus conclusiones presentadas ayer, destaca que las Directivas de comercio electrónico y de servicios exponen, respectivamente, una serie de motivos en los que sí sería posible establecer un régimen de autorizaciones previas. Por ejemplo, que los servicios sujetos a estos permisos (digitales o no) sean "equivalentes" económicamente o que estén justificados por "razones imperiosas de interés general".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que el control de los 140.000 millones que enviará Bruselas en ayudas para la reconstrucción económica se haga desde Moncloa. Según fuentes del Gobierno consultadas por elEconomista, el Ejectutivo anunciará en próximas fechas que la llamada Agencia para la Recuperación recaerá en la Dirección General de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, antigua Oficina Económica de la Moncloa, dirigida por Manuel de la Rocha-Vázquez.

El Gobierno estudia ya la congelación del sueldo de los funcionarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Moncloa analiza la renovación del alza del 2% firmada con los sindicatos este año y debate no incluirla de nuevo en las Cuentas de 2021 para ahorrar 3.264 millones de euros.