Madrid
Los líderes de las patronales, Antonio Garamendi por la CEOE y Gerardo Cuerva por Cepyme, y el de la UGT, Pepe Álvarez, han hecho llegar a la ministra de Trabajo, de manera informal, su deseo de que la prórroga de los Ertes más allá del 30 de septiembre no se limite al finales de año, sino que se establezca un nuevo plazo hasta la primavera del próximo año.
Alemania anunció el miércoles que estarán en vigor hasta finales de 2021 y Francia estudia una medida similar. Italia y Bélgica ya los han alargado a final de este año.
Fuentes de CCOO matizan que no se ha entrado a hablar de nuevos plazos. Formalmente no han arrancado aún las conversaciones a pesar de que los actuales Ertes caducan el 30 de septiembre.
La tesis que mantiene, no obstante, el Gobierno ante la pretensión de los agentes sociales de generar confianza a empresarios y trabajadores alargando la vigencia de los expedientes a primavera es la misma que ha venido esgrimiendo hasta ahora: se irán alargando en función de cómo evolucione el entorno sanitario y económico.
La ministra de Trabajo, en declaraciones a RNE ayer, no desveló hasta cuándo se prevé extenderlos, aunque repitió la tesis que lleva defendiendo las últimas semanas: "Si la herramienta funciona bien, ¿por qué le vamos a poner plazos? Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie", dijo. Algo más cicatera fue su compañera de Gabinete, Nadia Calviño, que se limitó a decir ayer que "ahora toca pensar si a partir de septiembre continúan los Ertes".
Además del nuevo plazo, otro de los puntos que puede causar cierta fricción en la próxima reunión de negociación, que se celebrará la semana próxima en Palma de Mallorca, estriba en si se prorrogarán todos los Ertes que estén vigor a finales del próximo año, o se limitará a algunos sectores.
De momento está muy claro que ciertos sectores, con el turismo a la cabeza, tienen asegurada la continuidad de sus Ertes. Se comprometió el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en Baleares. No será el único sector. Entraría también el comercio y restauración -servicio de comidas y bebidas-. La ministra señaló que son 700.000 los trabajadores que siguen acogidos a esta herramienta y ha dicho que estos trabajadores "están localizados en sectores muy concretos". Su homólogo en Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado durante el mes de agosto cuáles podrían ser esos sectores. A 10 de agosto, había seis sectores que tenían más de un 15% del total de sus afiliados a la Seguridad Social en Erte (Agencias de viaje 45%, Transporte aéreo 42%, Alojamiento 37%, Actividades artísticas 23%, Comida y bebida 17% y Actividades recreativas un 15%). A niveles absolutos, 14 sectores acumulan más del 80% de los asalariados cobrando del Sepe, tres de ellos superando los 100.000 (Comidas y bebidas, Alojamiento y Comercio y Reparación de vehículos).
La duda estriba en qué pasará con el resto de sectores. Los agentes sociales defienden que no se puede sectorializar la prórroga porque se podrían generar desagravios. Entienden que si mantienen a trabajadores en el expediente es por necesidad. El Ministerio de Trabajo es partidario de prorrogar por igual a todas las empresas que tengan un Erte en activo, pero Economía y Hacienda quieren medir el coste que supondría y alegan problemas presupuestaríos.
Un tercer foco de fricción está ligado al montante de la prestación que recibirán los trabajadores afectos a un Erte. Al haber cumplido los seis meses, se rebaja del actual 70% de la base reguladora a un 50%, una reducción inasumible para los sindicatos que se lo han hecho saber a la ministra Díaz. La responsable de Trabajo reaccionó ayer a esta presión diciendo que pide que no se pongan "líneas rojas" a la negociación, en referencia a unas declaraciones del secretario general de UGT. Fuentes de este sindicato matizan que en ningún caso se trata de "líneas rojas", pero entienden que se generaría una situación muy delicada para la mayoría de los afectados y tendría un efecto perverso sobre el consumo y la recuperación.
