La reforma de pensiones incluirá en su segundo paquete de medidas, que negociará durante los próximos meses el Gobierno y los agentes sociales, un incremento de los años cotizados necesarios para el cálculo de la base reguladora de la pensión. De elevarse hasta 35 años cotizados este periodo, tal y como apuntó el Ejecutivo en sus primeras comunicaciones con Bruselas sobre el plan de reformas a abordar para poder recibir los fondos de la reconstrucción, -y pese a los aspectos que mitigarán el impacto a la baja en las futuras prestaciones por la medida- los nuevos jubilados autónomos perderían de golpe el 60% de la mejora de las prestaciones experimentada por el colectivo en los últimos 10 años.

La modificación que propone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la creación de un macro plan de pensiones de promoción pública, permitirá que los autónomos puedan contratar un plan de pensiones vinculado al empleo obteniendo mayores ventajas. Eduardo Abad, presidente de UPTA, "en ningún caso, este nuevo plan debe mermar el sistema actual de pensiones. Además, debe estar garantizado por el Estado y con un sistema de gobernanza que permita la máxima transparencia del mismo".

El Gobierno dio este martes un paso clave para el impulso del ahorro financiero entre la población trabajadora de nuestro país al aprobar el anteproyecto de ley del fondo público de pensiones destinado facilitar el ahorro de asalariados y de autónomos, así como de los funcionarios y trabajadores de las administraciones públicas. Con este pliego de actuaciones, donde se incluye el desplazamiento de incentivos fiscales del sistema individual al colectivo, el Gobierno pretende mejorar y elevar el ahorro en planes de empresa, y prevé que los 1,2 millones de autónomos con un plan individual incrementen en 9.000 euros el dinero de su plan de jubilación al ahorrar en el fondo público de pensiones.

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley del fondo público de pensiones con el que pretende potenciar los planes de pensiones de empleo entre los trabajadores de nuestro país y quintuplicar el volumen de patrimonio depositado a modo de ahorro para la jubilación de empleados. El Gobierno completa con esta medida el marco de actuación para fomentar la previsión social complementaria en España, a la cola de la UE en términos de ahorro financiero para la jubilación, tras la reducción de los incentivos fiscales de las aportaciones a los planes individuales de pensiones de 2.000 euros a 1.500 euros anuales, y elevar la ventaja fiscal para los planes colectivos de empleo hasta los 8.500 euros anuales. En España, los planes colectivos de pensiones solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra va del 25 al 90%. "El objetivo de la norma es facilitar el acceso a planes colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes", apunta el Gobierno en la exposición de la ley que regirá el funcionamiento del fondo. En este sentido, el titular de la Seguridad Social señalaba en rueda de prensa que este anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2021. Este fomento de los planes colectivos espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados públicos, que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de ahorro.Escrivá asegura que España vive una "situación anómala desde hace dos décadas" en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como apuntaba el ministro. Además, los planes colectivos "estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación". "Va orientado a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos", añade.