Antes de ayer se publicaron los últimos datos de déficit y recaudación antes de las elecciones, y son muy malos. En estos tres primeros meses de 2016 el Estado, las CCAA y la Seguridad Social han tenido más déficit que en los tres primeros meses de 2015. Lo de la Administración del Estado ha sido peor, ya que en los cuatro primeros meses de 2016 ha tenido un déficit del 1,25% frente al 1,12% del pasado año. Traduciendo, tenemos que reducir el déficit y lo estamos aumentando, y eso creciendo por encima del 3%.

He ejercido durante quince años como inspector de Hacienda, y siempre he pensado que los impuestos eran necesarios para financiar el gasto público. Esto es lo que pone el artículo 31 de la Constitución, que señala que: "1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."

Los españoles consideran que la corrupción es, después del paro, el problema más grave de España. Sin embargo, España no es un país cuya administración sea particularmente corrupta. De hecho, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España a nadie se le ocurre intentar sobornar a un guardia civil de tráfico para evitar una multa. En España se percibe mucha corrupción, pero ligada fundamentalmente al ámbito político.

Hay momentos en los que un demócrata no puede estar en el sitio más seguro, ni en el más cómodo. Hace unas semanas, la Asamblea Nacional de Venezuela invitó a Albert Rivera a unas jornadas sobre democracia, derechos humanos y diplomacia parlamentaria. En condiciones normales, un candidato a presidente del Gobierno a menos de cinco semanas para las elecciones generales debía estar haciendo precampaña en España. Sin embargo, en Venezuela no hay precisamente condiciones normales. El presidente Maduro, aludiendo como no a una "conspiración", a una "conjura" y a un supuesto "golpe de Estado", ha decretado el estado de excepción.