Los españoles consideran que la corrupción es, después del paro, el problema más grave de España. Sin embargo, España no es un país cuya administración sea particularmente corrupta. De hecho, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España a nadie se le ocurre intentar sobornar a un guardia civil de tráfico para evitar una multa. En España se percibe mucha corrupción, pero ligada fundamentalmente al ámbito político.
Como muchas de las grandes cuestiones, la lucha contra la corrupción es una cuestión cultural y educativa. Hay que evitar que lo que no se percibe como normal en otros ámbitos, se perciba como normal en el ámbito de la política. Esto, desgraciadamente, ha estado ocurriendo y es imprescindible un cambio cultural. Además, resulta imprescindible que se tomen medidas preventivas. Por ejemplo, una normativa adecuada de contratación pública que haga mucho más difícil facturar sobrecostes a la Administración hará mucho más complicada la corrupción, porque será más difícil hacer pagar su coste a los contribuyentes.
Un punto clave para hacer posible este cambio cultural es que los ciudadanos perciben el coste real de la corrupción. Este coste es mucho más elevado que las sumas, a veces muy elevadas, que se llevan los corruptos. El coste real es el coste de las obras faraónicas que se construyen para cobrar comisiones. Es el coste de que las empresas menos eficientes y más corruptas se hagan con la contratación pública. El coste de la corrupción, y de su primo hermano, el capitalismo de amiguetes, se traduce en ineficiencia, pésima utilización de los recursos y despilfarro. Este coste no se mide en millones de euros, sino en decenas de miles de millones de euros. Por eso, la lucha contra la corrupción es una batalla esencial, no sólo por decencia y dignidad, sino también por el bolsillo del contribuyente y la eficiencia económica.
Para perseguir la corrupción, lo primero es garantizar adecuadamente la independencia de la justicia, y lo segundo es que los juzgados y tribunales dispongan de los medios adecuados. En esta cuestión, uno de los puntos clave es la colaboración de la Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. En la cuestión de los delitos económicos, seguir el rastro del dinero es una de las claves. Ésta no es una cuestión nueva; así el famoso gánster Al Capone fue condenado por delito fiscal y no por ningún otro delito. Por esa razón, dar medios a la Agencia Tributaria y potenciar su colaboración con la Justicia es una medida clave en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, lo que hemos tenido en estos años ha sido recortes en la Administración de Justicia y en la Agencia Tributaria. Esto ha perjudicado a la economía por la inseguridad jurídica que conlleva dificultar el acceso a los Tribunales. En este sentido, dificultar el acceso a los Tribunales imponiendo tasas indiscriminadas para compensar los recortes es una forma de equivocarse por partida doble. El balance en esta cuestión de la gestión del PP es simplemente desolador. Por otra parte, el PSOE primero, y el PP después, ha recortado también en la lucha contra el fraude. Nadie ha debido pensar que por cada euro que se invierte en lucha contra el fraude se obtiene un retorno directo de más de ocho. Por esa razón, que en una situación de gravísima crisis fiscal, el Gobierno del PP haya recortado la plantilla de la Agencia Tributaria en más de un 10 por ciento, en casi 3.000 personas, es un error gravísimo, tanto en la lucha contra el fraude, como en la lucha contra la corrupción, para la que es imprescindible seguir el rastro del dinero.
Uno de los avances fundamentales en la lucha contra la corrupción es la persecución del blanqueo de capitales; es decir, de la actividad delictiva consistente en esconder el dinero de procedencia delictiva, ocultarlo y posteriormente reintroducirlo en el circuito legal. En esta cuestión, también ha habido recortes en el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. Además, en la Amnistía fiscal de Rajoy se permitió aflorar dinero en efectivo, que no es rastreable. Por último, tampoco se han remitido a los Tribunales los amnistiados en los que había indicios de blanqueo de capitales.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que ni el PP ni el PSOE hayan mostrado interés en la protección del denunciante de la corrupción. Y si dejamos que los corruptos, a menudo con dinero público, persigan a los que los denuncian, no sólo estaremos actuando injustamente, sino que estaremos perdiendo la batalla contra la corrupción. Porque de muchas actuaciones corruptas sólo se pueden enterar los órganos de control del Estado, y la opinión pública, si los empleados públicos la cuentan. Y eso sólo será posible si esa denuncia no tiene un coste inasumible para el denunciante.
Por esa razón, Ciudadanos ha propuesto en esta legislatura fallida, como ya hemos contado aquí, potenciar los medios en la lucha contra el fraude, recuperar los 2.800 millones perdonados ilegalmente en la amnistía fiscal, eliminar las tasas que dificultan el acceso a la justicia, y rastrear el origen de los fondos de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Pero, además, para completar estas medidas, también promoveremos una ley que proteja a los denunciantes de la corrupción. Es un compromiso con un país más limpio, y eso es también un compromiso con una economía que funcione mejor, de lo que se beneficiarán todos los españoles honestos. No podemos perder en esta batalla contra la corrupción, y mucho menos por no plantearla. Renunciar a luchar es empezar a morir.
* Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos y autor del libro 'Hacienda somos todos'
