Economista es inspector de Hacienda. Coautor de ?La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía? (La Esfera de los libros, 2025).

Parece que, con mucho retraso, se va a comenzar a construir la casa por el tejado. El último paso de un nuevo modelo de financiación autonómica debía ser reestructurar la deuda de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de que todas las CCAA pudiesen volver a financiarse, si lo necesitaban, en los mercados. Esto permitiría que tuviesen mayor autonomía financiera, es decir capacidad de decidir sus gastos, y al mismo tiempo, más responsabilidad y disciplina presupuestaria, exigida precisamente por los mercados. El problema es que, para poder acceder a los mercados no sólo hace falta tener algo menos de deuda, sino fundamentalmente no tener déficit sistemáticamente. Pero, el primer acuerdo entre el PSOE y ERC, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez parece que, al menos en este punto, sí se va a cumplir: la condonación del 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado. Eso sí, ya con Salvador Illa y el PSC en el govern de la Generalitat de Catalunya.

Hay pocas cosas más complicadas de comprender que la factura eléctrica, pero los impuestos que pagamos por la luz son una de ellas. Sin embargo, resulta bastante sencillo comprender que, si el IVA de la electricidad pasa del 10 al 21%, los consumidores, al no poder deducírselo, verán aumentada la factura.Por supuesto, esto, a su vez, aumentará la tasa de inflación, que terminó el año el año en el 2,8%, por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE). En general, con el final de las rebajas temporales de impuestos, por ejemplo, en alimentación, tendremos un aumento adicional del índice de precios al consumo.

España creció en 2024 por encima del 3%, y eso siempre es una buena noticia. Además, para el semanario The Economist (que no tiene nada que ver con este periódico en el que escribo) la española fue la economía que mejor se comportó de la OCDE. Estas dos ideas son ciertas, pero conviene matizarlas.

Hace unos días, el ministro Óscar López quiso transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Mutualidad de funcionarios civiles del Estado (Muface). Como siempre que se transmite un mensaje de tipo, hay razones objetivas para no estar muy tranquilo, incluso aunque uno no sea funcionario. Muface se creó en 1975 y, entre otras funciones menores, presta asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios civiles del Estado. Los funcionarios pueden, mejor dicho, podemos elegir entre recibir esta asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir del correspondiente servicio autonómico de salud (como, por cierto, es mi caso) o bien elegir una entidad aseguradora, de las tres que actualmente prestan el servicio. La razón de la crisis, y de la intranquilidad es bastante evidente: el actual concierto entre el Estado y las aseguradoras concluye el 31 de enero próximo, y el nuevo contrato convocado quedó desierto. Ninguna entidad aseguradora se quiso presentar.

La semana pasada comentamos el renovado impuesto a la "usura", en los términos de Aristóteles, que consideraba usura cualquier cobro de intereses. El punto más controvertido de este impuesto, que sustituye al anterior gravamen temporal, era precisamente el destino del dinero. La recaudación del impuesto ahora pasaba a cederse a las CCAA, aunque el criterio de reparto ahora pasaría a ser la actividad económica en la comunidad es decir, su porcentaje relativo de PIB. Después de Madrid, y por delante de Cataluña, las Comunidades más favorecidas serían, por este orden, el País Vasco y Navarra, pero aquí el impuesto se concertará.

A todos nos parece mal la “usura”, especialmente si hay un lucro excesivo por parte del prestamista, y, además, de paso, no paga impuestos. Pero, el concepto de lo que son préstamos usurarios ha ido variando. Sin embargo, la crítica de la actividad bancaria no es de hoy, ni tampoco progresista. Ya Aristóteles hace 2.300 años consideraba usura cualquier préstamo con interés, ya que lo consideraba anti-natural: la cabra no da cabritos, pero el dinero no da dinero. Pero, si hay que tomar a este filósofo como referencia, entonces lo natural es la esclavitud y el trabajo remunerado tampoco es natural.

El pasado jueves, el Pleno del Congreso aprobó una serie de subidas de impuestos junto con el nuevo impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. Esto pone el punto y aparte en la tramitación del denominado "paquete fiscal", que algunos consideran una reforma fiscal y otros, un conjunto de chapuzas. Recordemos que el texto se remite al Senado, que podría introducir enmiendas o incluso vetarlo, y que tiene que estar en el BOE el 31 de diciembre próximo. En principio, si ha habido mayoría, 178 votos a favor, para aprobarlo debería haberla para mantenerlo tal cual a la vuelta en el Congreso. Sin embargo, entre la comisión de Hacienda del lunes y el Pleno del jueves hubo "cambios de opinión" de varios grupos, lo que indica que podría haber modificaciones. Además, el voto a favor de varios grupos se hizo a cambio de un nuevo tributo a las energéticas que no tiene votos, en principio, para salir adelante. Seguimos en la incertidumbre.

El próximo 2025 habrá nuevos impuestos, y también, subidas fiscales. El principal problema es que no sabemos cuáles. La única segura es la del IRPF, que no se va a ajustar a la inflación. Esto supondrá una subida de impuestos, y es, casi, la única segura. Como el IRPF es un impuesto progresivo, si no se ajusta ningún parámetro, especialmente los tramos de la tarifa, cualquier subida nominal de renta, aunque sea inferior al crecimiento de los precios, y en consecuencia, haya pérdida de poder adquisitivo, y menos renta real, supondrá mayor pago de impuestos. Pero, de esta cuestión, que afecta a más de veinte millones de contribuyentes, se ha olvidado todo el mundo, o por lo menos todos los grupos políticos, porque en las 248 páginas de enmiendas fiscales al proyecto de ley de impuesto mínimo, no hay ninguna destinada a eliminar o paliar esta subida de impuestos.

Esta semana, en Andalucía, Castilla La Mancha, y especialmente en Valencia, han padecido la gota fría más devastadora en varias décadas. Como todos los lectores, estoy consternando ante el horror que han padecido nuestros compatriotas, y sólo puedo comenzar estas líneas dando un mensaje de condolencia a las familias de los fallecidos y de ánimo a todos los afectados.

El suelo del infierno está empedrado de las mejores intenciones. Esta máxima se puede aplicar a varias leyes recientes, pero hoy voy a referirme a una de las propuestas estrella del último comité de expertos para la reforma fiscal, la de universalizar la declaración del IRPF. Este planteamiento, que comparto, tiene un objetivo fundamental poder diseñar un sistema de ayudas públicas más eficaz y barato. Para saber cuál es la situación económica de una persona, el sistema más rápido y eficaz es que declare sus ingresos a través de la declaración de Renta. Sin embargo, los ciudadanos que menos ganan no tienen obligación de presentar la declaración de Renta. En principio, si declarar el IRPF, como han señalado el secretario de Estado de Empleo, y su jefa, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, es una mera obligación documental, no pasaría nada por exigírsela a los desempleados. O al menos, no pasaría nada, más allá de la obligación burocrática. Como veremos, el problema es que sí pasa.