Hay pocas cosas más complicadas de comprender que la factura eléctrica, pero los impuestos que pagamos por la luz son una de ellas. Sin embargo, resulta bastante sencillo comprender que, si el IVA de la electricidad pasa del 10 al 21%, los consumidores, al no poder deducírselo, verán aumentada la factura.Por supuesto, esto, a su vez, aumentará la tasa de inflación, que terminó el año el año en el 2,8%, por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE). En general, con el final de las rebajas temporales de impuestos, por ejemplo, en alimentación, tendremos un aumento adicional del índice de precios al consumo.
Es cierto que en algún momento habría que volver a los niveles habituales de impuestos, y salir de una situación fiscal de excepcionalidad en el ámbito energético. Sin embargo, hay impuestos energéticos que sólo existen en España, y que el gobierno intenta que no se eliminen, incluso aunque no parece tener mayoría parlamentaria para impedirlo. Un caso evidente es el gravamen temporal energético, que fue derogado hace unos días en la ley de aprobación del "paquete fiscal", pero ha "resucitado" a través de un Real Decreto-Ley pendiente de convalidación parlamentaria.
El planteamiento de crear un gravamen, que aspira a recaudar miles de millones de euros, a través de un Real Decreto-Ley plantea problemas de constitucionalidad, ya que el artículo 86 de la Constitución veda al Real Decreto Ley la regulación de los derechos y deberes del título I de la Constitución, y estas prestaciones patrimoniales de carácter público se fundamentan en el art. 31.3 de nuestra Carta Magna, que está en el título I. Pero, sobre todo, hay un problema bastante evidente de falta de votos en el Congreso, que fue lo que llevó a su derogación.
Más allá de este detalle, de que es complicado implantar impuestos sin votos, aunque algunas fuerzas políticas como Unidas Podemos no quieran verlo, habría que ver si este impuesto, o en general, la fiscalidad energética que se está implantando, es la mejor vía para conseguir los objetivos de la transición ecológica. Y les anticipo la respuesta, no.
La transición ecológica consiste fundamentalmente en un cambio en la producción y la utilización de la energía, desde fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero, entre otros CO2, hacia otras fuentes que no los emiten ni en su producción ni en su utilización. La transición energética exige aumentar las inversiones porque hay que reponer bienes de capital, como por ejemplo una gasolinera, sustituyéndolo por ejemplo por una electrolinera, antes de que termine su vida útil. Durante algún tiempo, mientras no hay mejores soluciones tecnológicas, o son excesivamente caras, hay que duplicar las inversiones: un ejemplo puede ser una gasolinera-electrolinera, o en otro ámbito, simplemente un automóvil híbrido.
Si hay que aumentar las inversiones, y éstas se gravan con más impuestos, la transición ecológica se verá comprometida. Y por supuesto, si esto sólo se hace en España, las inversiones se desplazarán hacia otros lugares. Como estos planes de inversión se hacen a varios años, una situación de inseguridad jurídica en la que los impuestos se derogan primero, y luego resucitan, no es precisamente la ideal, sino todo lo contrario: al final es posible quedarse no sólo sin el impuesto, pero que su permanente "amenaza", de paso nos deje sin inversiones. Como señalaba recientemente Josu Jon Imaz, consejero-delegado de Repsol en una entrevista: "Las políticas fiscales no se pueden estar dirimiendo en un bazar. Eso no hay inversor que lo resista".
El segundo factor relevante en una transición energética, que suele ser el más olvidado, es algo tan elemental como el precio. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que "internalizar" el coste de las emisiones encarece la energía. Si entre los costes que antes no se pagaba estaba la emisión de gases de efecto invernadero, y ahora el consumidor tiene que pagarlos, la energía será más cara. Además, todo lo que se fabrique con energía será más caro. Esto quiere decir que la transición energética no sólo exige invertir más, sino que también es inflacionista. Sí, a todos los efectos, esto es un shock de oferta. Y eso hay que explicárselo a los ciudadanos. Porque si no se hace, cuando aparecen soluciones mágicas negacionistas, se ha perdido toda la credibilidad.
Por supuesto, a todo el mundo le gusta un medioambiente menos contaminado, pero a medio y largo plazo, si se ha vendido que el proceso no exige ningún tipo de sacrificio, no se puede esperar ningún tipo de logros. Además, con la tecnología actual, la electrificación resulta imprescindible para reducir las emisiones sobre todo en su utilización. Pero, si encarecemos la electricidad, y no hacemos lo mismo con los combustibles fósiles, muy pocos ciudadanos cambiarán un coche de combustión por uno eléctrico, o una caldera de gas, o incluso de carbón, por una bomba de calor. Los impuestos especiales de hidrocarburos en España son de los más reducidos de Europa (especialmente en el diésel) y llevan sin actualizarse desde 2019. Aquí la inflación, al contrario que en el IRPF, ha reducido la presión fiscal efectiva de los carburantes. Una política fiscal consistente con la transición ecológica es encarecer, paulatinamente y de forma previsible, los carburantes derivados del petróleo, e ir reduciendo lo demás, especialmente la electricidad. Lo que está ocurriendo es lo contrario.
Otro factor fundamental que se está ignorando es que va a aumentar la demanda de electricidad mucho más de lo previsto. Durante unos años en España se estuvo creciendo, mientras que al mismo tiempo se reducía la demanda de energía eléctrica. Esto se debía no sólo a la eficiencia energética, por ejemplo, un televisor actual usa mucha menos electricidad que los anteriores de tubo, sino también a sustituir industria por servicios. Pero, ahora tenemos que electrificar el transporte (o eso parece con la tecnología actual), y sobre todo, tenemos que enfrentarnos con la mayor demanda de energía eléctrica de la inteligencia artificial, cuyas aplicaciones consumen energía eléctrica de forma masiva.
Aquí tenemos una ventaja comparativa con la instalación de plantas renovables, eólicas y, especialmente fotovoltaicas. Además, en España hay más horas de luz que en nuestros vecinos europeos. Esto quiere decir que, si hacemos las cosas bien, nuestra energía podría ser más abundante y barata, de forma indefinida. Esto podría atraer inversiones, primero en producción de energía, después en servidores de datos y por último en industria. Pero, para eso hay que ser competitivos en capital financiero, físico y humano.
Sobre todo, estas fuentes de energía, las renovables, salvo la hidráulica, que es limitada, son, en general, intermitentes. O hay una auténtica revolución milagrosa en el almacenamiento de la electricidad, es decir en las baterías, o necesitaremos más energía de base. Y eso en las circunstancias de España, pasa necesariamente por replantearse el cierre de las centrales nucleares. Si optamos por seguir la equivocada receta de Merkel, que comentamos hace años en elEconomista.es, obtendremos los mismos resultados: energía más cara y más emisiones quemando gas cuando pueden y cuando no carbón. Esto no es una predicción de futuro, ya está ocurriendo, el pasado mes de diciembre hubo que interrumpir el suministro eléctrico a la industria para garantizar el abastecimiento, porque no había producción eléctrica suficiente... porque no había sol ni viento.
El nuevo año ha comenzado con más impuestos, y con una luz más cara. Hay otros elementos más luminosos, pero de esos hablaremos otro día, hoy les dejo con que la energía en 2025 en España es un desafío, pero puede ser una gran oportunidad.
