Parece que, con mucho retraso, se va a comenzar a construir la casa por el tejado. El último paso de un nuevo modelo de financiación autonómica debía ser reestructurar la deuda de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de que todas las CCAA pudiesen volver a financiarse, si lo necesitaban, en los mercados. Esto permitiría que tuviesen mayor autonomía financiera, es decir capacidad de decidir sus gastos, y al mismo tiempo, más responsabilidad y disciplina presupuestaria, exigida precisamente por los mercados. El problema es que, para poder acceder a los mercados no sólo hace falta tener algo menos de deuda, sino fundamentalmente no tener déficit sistemáticamente. Pero, el primer acuerdo entre el PSOE y ERC, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez parece que, al menos en este punto, sí se va a cumplir: la condonación del 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado. Eso sí, ya con Salvador Illa y el PSC en el govern de la Generalitat de Catalunya.
¿Qué implicaciones tiene este acuerdo? Empecemos en primer lugar por las cifras. Cataluña tenía una deuda pública de unos 86.000 millones de euros, es decir algo más del 30% del PIB de la Comunidad Autónoma. De ellos, cerca de 72.000 millones, un 84% son titularidad del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Si de aquí se condona un 20%, la Generalitat dejaría de deber unos 14.500 millones de euros, un 17% menos de deuda. El Estado seguiría debiendo lo mismo, pero ya no cobraría intereses por el préstamo efectuado a la Generalitat. Esto supondría pasar al conjunto de los españoles, el resultado, negativo de la gestión de la Generalitat.
Pero, el beneficio que obtiene la Generalitat no sería precisamente para tirar cohetes. En 2023, los intereses pagados por Cataluña ascendieron a 1.413 millones de euros, aunque fue la Comunidad Autónoma que más pagó, porque es la más endeudada. Tras la condonación, el ahorro de intereses de Cataluña sería de aproximadamente 240 millones de euros. Esto no es mucho dinero para la Comunidad Autónoma que más gasta y más déficit tiene, en términos absolutos, 3.875 millones de euros. Esto supone un 0,5% de mayor capacidad de gasto adicional, o bien la necesidad de reducir un poquito menos el déficit. Si éste es el ahorro para Cataluña, la Comunidad más endeudada y que más intereses paga, el ahorro para las demás, a corto plazo por lo menos, sería insignificante, especialmente si se les condona proporcionalmente menos deuda. Por eso, oponerse radicalmente, como han anunciado varias comunidades, no tiene mucho coste.
Aunque haya hecho muchísimo menos ruido, el reparto del nuevo impuesto bancario va a suponer más dinero para las Arcas de la Generalitat. El nuevo impuesto aspira a recaudar cerca de 2.000 millones de euros, dado que tiene más contribuyentes y una tarifa progresiva, pese a la reducción de tipos. Pero, aunque se quedase en 1.500 millones de euros, a la Generalitat le correspondería su peso en el PIB nacional que está aproximadamente en el 20%, es decir como mínimo 300 millones de euros. La Comunidad más beneficiada por este reparto sería Madrid, y la más perjudicada, las que tiene menos PIB per cápita, es decir Andalucía. Para que nos hagamos una idea, Andalucía recibirá un 32% menos que Madrid, aunque tiene un 25% más de población, unos 1,6 millones de habitantes más.
Un sistema de financiación autonómico no deja de ser un sistema de reparto de la recaudación de impuestos. Si en el sistema de financiación se abandonan los principios de autonomía y responsabilidad, entonces llegamos a las condonaciones incondicionadas y sin justificación de las deudas autonómicas. Si se abandonan los principios de solidaridad y equilibrio territorial, entonces nos encontramos con repartos de la recaudación como el del impuesto bancario, en función de la participación en el PIB, es decir del nivel de actividad económica. Se lo traduzco, el más rico cobra más. Este criterio de reparto es el que más fielmente respeta el principio de ordinalidad, en la versión del segundo acuerdo entre socialistas y ERC, el que facilitó la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
Según recoge el acuerdo PSC-ERC, "las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben". Esto es complicado de entender, también en su versión original en catalán, y parte de un planteamiento incorrecto, las CCAA no pagan impuestos, los pagan los contribuyentes, residan donde residan. En este caso, los bancos pagan en función de su margen de intereses y comisiones que deberían obtenerse en mayor medida en los territorios donde hay más actividad económica. Según este "criterio", en donde más se recauda por persona, allí la Comunidad Autónoma debe recibir más, también por persona. Este nos lleva a este reparto directo en función de PIB.
En cualquier caso, si el reparto se limita a un impuesto de recaudación menor, el efecto no es muy relevante. Sin embargo, en 2022, según los últimos datos completos disponibles, el sistema de financiación autonómico repartió entre las CCAA de régimen común más de 151.000 millones de euros. Por eso, aunque no se le haya dado importancia, me parece que aplicar el principio de ordinalidad, en la versión del acuerdo ERC-PSC es una idea que entraña mucho más peligro de lo que habían imaginado sus propios ideólogos. Aunque a la vista está que sí que hay una mayoría parlamentaria partidaria de aplicarlo, porque ya está en el BOE el primer impuesto repartido según este criterio.
Tanto la condonación de deuda como el reparto del impuesto bancario según el PIB favorecen las finanzas de la Generalitat a costa de los contribuyentes del resto de España. Sin embargo, el efecto práctico a corto plazo es casi imperceptible. En mi opinión, hay una diferencia. La condonación puede ser un mecanismo extraordinario que mejore las finanzas públicas con tres condiciones: por una parte, que se condone la misma cuantía por habitante a todas las CCAA. Si hay que resolver problemas de infrafinanciación de algunas Comunidades, hay que hacerlo modificando el sistema, que es la causa del problema. En segundo lugar, las Comunidades deben comprometerse con la estabilidad presupuestaria, y esta condonación debe ser absolutamente extraordinaria. Sólo si se cumplen estos requisitos, la Comunidades podrían volver a acceder a los mercados, y esta decisión tendría algún sentido económico. Sin embargo, el reparto de recursos fiscales en función del PIB, derivado del principio de ordinalidad del acuerdo ERC-PSC, es simplemente inaceptable y una condenación de los principios constitucionales. Esto, como se verá muy pronto en el reparto de la recaudación del impuesto bancario, es un sistema que no es razonable ni equitativo ni sensato ni mucho menos solidario, en ningún caso.
Queda la gran incógnita de si esto quedará aquí o sólo son los dos primeros pasos en la nueva financiación "singular" o concierto para Cataluña. Esto dependerá de factores políticos, pero también de cómo vaya avanzando el otro pilar de este concierto, el traspaso de la gestión de todos los impuestos a Cataluña, con el consiguiente fraccionamiento de la Agencia Tributaria. Esto no es precisamente una buena idea, creará problemas para los contribuyentes y las finanzas públicas, y parece difícil de ejecutar. Pero esto también se podía decir de la condonación incondicional y singular de la deuda autonómica catalana, y de la condenación que es el principio de ordinalidad del acuerdo ERC- PSC, es decir del reparto de la recaudación primando a los territorios más ricos. Sin embargo, la condonación de la deuda y la ordinalidad ya han empezado.