España creció en 2024 por encima del 3%, y eso siempre es una buena noticia. Además, para el semanario The Economist (que no tiene nada que ver con este periódico en el que escribo) la española fue la economía que mejor se comportó de la OCDE. Estas dos ideas son ciertas, pero conviene matizarlas.
En primer lugar, estamos hablando de un crecimiento derivado del aumento de flujos migratorios, que han permitido aumentar la población pese a la bajísima, y decreciente, natalidad en España. Aquí el último dato es de 1,12 hijos por mujer, y la tasa de remplazo es de 2,1. Es cierto, que incluso así, hay crecimiento del PIB per cápita, que todavía no conocemos, pero que no da unas cifras tan brillantes, que estarían en el entorno del 2%, y que probablemente estén al nivel de hace década y media. Según los últimos datos del INE en julio de 2024, la población había aumentado respecto de julio de 2023 un 1,25%, unos 600.000 habitantes, la práctica totalidad por flujos migratorios.
En segundo lugar, siempre se agradece ocupar el primer puesto en una clasificación. Pero, en este caso, este puesto también indica que otras economías lo han hecho peor. Y en algunos casos, eso puede acabar lastrando el propio crecimiento interno, especialmente en una economía como la española que es cada vez más abierta, y por lo tanto depende del exterior. Por último, y lo más importante, el crecimiento de la economía española tiene desequilibrios y problemas, que, precisamente el factor exterior puede acentuar.
El problema económico más evidente a corto plazo de la economía española, aunque no el más importante, es el de la vivienda y su precio, tanto para la compra como para el alquiler. Se puede resumir en que no se construye suficiente vivienda nueva desde hace más de una década. Había un importante stock de vivienda construida que no se pudo vender derivada de la burbuja inmobiliaria. Pero de eso hace muchos años, y la parte que estaba en los núcleos de población donde hay demanda, normalmente porque hay empleo, ya se ha vendido. Si hay un aumento de población de 500.000 o 600.000 personas al año, se estarán formando, como mínimo, 250.000 hogares nuevos. Si sólo se construyen, todos los años, la mitad de esas viviendas, todas las que hay disponibles, subirán de precio. Si, además, una parte de las viviendas que no son la vivienda habitual del propietario no se alquilan, esencialmente por inseguridad jurídica, entonces, además, el alquiler subirá incluso más que la compra. Hay otros factores adicionales, como la demanda por alquiler turístico, que aumenta los precios, y disminuye, aún más la oferta de alquiler para vivienda habitual.
Ante este desafío, no se están tomando medidas, o, mejor dicho, las que se están tomando son contraproducentes. Por ejemplo, dificultar, o incluso impedir los desahucios a las personas en riesgo de exclusión es contraproducente a medio y a largo plazo, y llevamos cinco años con esa política. La razón es bastante sencilla, nadie se arriesga a arrendar a un inquilino "vulnerable", o bien le exige unas garantías que no puede aportar.
Tampoco es una buena idea limitar los precios de los alquileres. En concreto, la fijación de precios máximos en los alquileres, donde la oferta es inelástica, puede o no servir para nada, porque son demasiado altos, o aumentar la economía sumergida o reducir el número de viviendas en alquiler, agravando los problemas. Los efectos, por ejemplo, de la política franquista de alquileres de "renta antigua" con precios congelados durante décadas no favorecieron precisamente el desarrollo urbano. Como señaló el economista, socialdemócrata, sueco Assar Lindbeck, "aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes hasta ahora conocidas para destruir ciudades". Aunque creo que Lindbeck exageraba un poco, la idea es pésima, y no conozco ningún sitio donde haya funcionado.
Incluso medidas tomadas con otra finalidad, como las regulatorias bancarias, o incluso el propio impuesto bancario, limitan la concesión de créditos para la promoción inmobiliaria, lo que disminuye la construcción de pisos. Pero, incluso desmontando todo esto, lo imprescindible para que el precio de la vivienda, y del alquiler, no siga subiendo es aumentar la oferta, liberalizando suelo, y siendo muchísimo más ágiles en el desarrollo urbano y en la concesión de permisos. Si no es así, mientras tengamos crecimiento económico y de población, los precios seguirán subiendo, e incluso pueden acabar estrangulando el crecimiento en algunas zonas.
Con todo, el problema más grave en España y en el mundo es el envejecimiento de la población. Esto supondrá más gasto público en las próximas décadas porque los gastos más importantes de los presupuestos públicos son, en primer lugar y con mucha diferencia, las pensiones, y en segundo lugar, la sanidad, cuya gestión corresponde a las CCAA, que se gastan en prestaciones sanitarias el 40% de sus presupuestos. La dependencia y otros gastos sociales son partidas muy importantes del presupuesto autonómico, que también aumentan con el envejecimiento de la población. En esta cuestión, además, España tiene que cerrar la brecha del déficit, que terminó en 2023 con más de un 3.5% del PIB, con una deuda pública superior al 100%.
Aquí en España, aunque no lo parezca, algunas políticas pueden complicar aún más este panorama. Nuestro sistema fiscal necesita una reforma en profundidad, y aún más la necesita el sistema de financiación autonómico, que no es más que un sistema de reparto de la recaudación de impuestos. Pero, la reforma propuesta en el acuerdo PSC-ERC de financiación singular de Cataluña y avalada por el gobierno, agravará nuestros problemas fiscales, además de crear otros gravísimos como la inevitable fragmentación de la Agencia Tributaria, lo que aumentaría el coste de recaudación de los impuestos, y, sobre todo, dispararía el fraude fiscal.
Como el espejo en el que se han fijado ERC y los socialistas es el régimen foral vasco navarro, la extensión a Cataluña no solucionará los desequilibrios e injusticias de este sistema privilegiado, sino que los multiplicará. Por ejemplo, una parte de las pensiones se pagan con impuestos (directamente unos 40.000 millones de euros), pero sólo de los contribuyentes que no residen en País Vasco o Navarra. Si este sistema se extiende a Cataluña, con el objetivo confeso de aumentar sustancialmente los recursos de la Generalitat de Cataluña, entonces no sólo se complicará la financiación de las demás CCAA, en partidas como sanidad o educación, sino, obviamente la financiación de las pensiones.
Creo que esta cuestión, la del concierto o cupo para Cataluña, no sólo es el desafío más importante a corto plazo que enfrentará la economía española, sino también nuestro estado social y nuestro modelo constitucional. Por eso, es un tema del que he escrito este 2024 y creo que lo haré aún más en 2025.
Para concluir, aunque estos desafíos exigen medidas específicas, la más importante de las cuáles es no volarlo todo por los aires, el crecimiento económico ayuda. Por eso, la revolución de la inteligencia artificial puede aumentar la productividad, y con ella el crecimiento económico, lo que produce también menos déficit público. Pero, para desarrollarla hace falta investigación, datos, y energía eléctrica, mucha energía eléctrica. Ese desafío se suma a la transición ecológica, que hace más cara la energía, y de él hablaremos también el año que viene. ¡Feliz Navidad y un excelente 2025 a todos los lectores de elEconomista.es!