El próximo 2025 habrá nuevos impuestos, y también, subidas fiscales. El principal problema es que no sabemos cuáles. La única segura es la del IRPF, que no se va a ajustar a la inflación. Esto supondrá una subida de impuestos, y es, casi, la única segura. Como el IRPF es un impuesto progresivo, si no se ajusta ningún parámetro, especialmente los tramos de la tarifa, cualquier subida nominal de renta, aunque sea inferior al crecimiento de los precios, y en consecuencia, haya pérdida de poder adquisitivo, y menos renta real, supondrá mayor pago de impuestos. Pero, de esta cuestión, que afecta a más de veinte millones de contribuyentes, se ha olvidado todo el mundo, o por lo menos todos los grupos políticos, porque en las 248 páginas de enmiendas fiscales al proyecto de ley de impuesto mínimo, no hay ninguna destinada a eliminar o paliar esta subida de impuestos.
Este proyecto de ley, que establece un impuesto mínimo a las multinacionales españolas del 15%, es la percha que se está utilizando para crear otros impuestos nuevos, y subir los existentes. Pero, el proyecto en sí mismo es importante, y lleva un retraso considerable. Este proyecto es la trasposición de una directiva comunitaria, que a su vez adapta en Europa el pilar 2 del marco ampliado de la OCDE. Les traduzco esta jerga, que es ininteligible. El pilar 2 es parte de un acuerdo internacional de la OCDE, el club económico de los países desarrollados, junto con otros terceros (por eso se llama marco ampliado) para intentar que las multinacionales paguen impuestos en alguna parte. Este pilar 2 consiste en establecer una serie de impuestos adicionales para que los grandes grupos multinacionales complementen, hasta el 15 de su beneficio, lo que pagan por sus operaciones en países donde se paga poco (o nada). En España, las multinacionales suelen pagar más de un 15% por sus operaciones en España, pero también operan en países donde apenas se paga.
España tenía que haber establecido este sistema de impuestos complementarios, como ya han hecho casi todos los países, antes del 1 de enero de este año. Pero, como el ejercicio fiscal para casi todas las empresas españolas suele terminar el 31 de diciembre, lo mínimo es que la ley esté aprobada antes de final de año. Ahora mismo, el proyecto de ley está en la comisión de Hacienda, y de ahí tiene que pasar al Pleno del Congreso. Posteriormente, este proyecto, que se tramita por la vía de urgencia, tiene que ir al Senado, que tiene un plazo máximo de 20 días para enmendarlo o vetarlo, y si hay modificaciones, volver a pasar por el Pleno del Congreso. En resumen, el proyecto va justísimo de plazos.
Si este impuesto complementario no estuviese publicado en el BOE el 31 de diciembre pasarían varías cosas, y ninguna positiva. La primera es que muy probablemente nos enfrentaríamos a una multa de las autoridades europeas, que ya nos han abierto expediente, por no trasponer la directiva en plazo. La segunda no es muy probable, sino cierta, nos quedaríamos sin la recaudación de este 15%. La recaudación estimada de este nuevo tributo para España según el EU Tax Observatory, que dirige Gabriel Zucman es de 2.600 millones anuales de euros. A mí me parece una previsión muy optimista porque el sistema establecido por la OCDE permite impuestos mínimos (incluso garantizados, es decir que no pueden discutir las autoridades fiscales de otros países, lo que se conoce en jerga como safe harbour) en los países de baja imposición. Pero, sea cual sea la recaudación nos quedaríamos sin ella.
Aunque, nuestras multinacionales tendrían que pagarlo igual, pero en otros países, porque el sistema les obliga a pagar este impuesto mínimo, de tener que hacerlo en un país que no lo haya establecido, tendrán que hacerlo en otros donde operen y sí lo hayan establecido. Este sistema es complicadísimo y exige muchísima burocracia, y nuestras multinacionales tendrían que realizarlo, con otro sistema en otros países, para cambiarlo al año siguiente. En resumidas cuentas, que el proyecto podría terminar en un pequeño desastre para todos, empresas y Administración Tributaria, sino se llega a tiempo. Irónicamente, este proyecto de la OCDE vino impulsado por la Administración Biden como respuesta a la reforma fiscal de Trump, y ya saben qué ha pasado en las elecciones norteamericanas. Aquí, seguramente habrá cambios, porque ahora los republicanos controlan, además de la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes, pero eso lo contaremos en otra ocasión, y de momento, la urgencia, y no solo para las multinacionales es saber qué impuestos habrá el año que viene.
Hay un mínimo consenso político en que no nos queda más remedio que aprobar el proyecto de ley. Sin embargo, no hay el más mínimo acuerdo en las diversas enmiendas, fundamentalmente en lo que se refiere a los impuestos a las energéticas y, en menor medida a la Banca. Lo peor es que las diversas enmiendas no sólo tienen una calidad técnica muy mejorable, por ser suaves, sino que no se han planteado las consecuencias, ni se han hecho los más mínimos números. Es decir, que hay muchísimo populismo fiscal. Por ejemplo, todos sabemos que la sanidad pública está sobrecargada y con importantes listas de espera. Ahora se podría enfrentar al reto de tener que dar asistencia sanitaria a los funcionarios que hasta ahora la recibían por entidades privadas, dado que el contrato público ha quedado desierto. En este momento, precisamente, Sumar y el PSOE llegaron a un acuerdo para que los seguros de salud paguen el impuesto de primas de seguro del 8%. Al encarecerse esos seguros, una parte de los usuarios, los de menos poder adquisitivo probablemente, se pasarán a la sanidad pública, que gestionan las CCAA, sobrecargando aún más el sistema. La recaudación adicional, como pasaba con la idea, desechada, de poner el IVA a la sanidad y educación pública, no va a compensar ni el aumento de costes, ni mucho menos, el peor servicio a los usuarios.
Algo similar se puede decir de eliminar el régimen fiscal de las Socimi, las sociedades de inversión inmobiliaria en alquiler. Y no sólo es una cuestión de que este régimen existe en todos los países desarrollados, se conoce como REIT, y que daría lugar, simplemente a traslados a otros países. Lo peor es que derivaría en menos inversión en inmuebles, lo que acabaría suponiendo que se construiría menos, agravando el gravísimo problema que ya tenemos de falta de oferta de vivienda, tanto para la compra, como especialmente para el alquiler.
Seguiremos hablando en las próximas semanas de estas subidas de impuestos, como ya comentamos la del diésel. Pero ahora, todo está en el aire. La recaudación de estas subidas de impuestos, las que sean, era el primer paso para los objetivos de déficit, es decir para poder tener un mínimo de aumento de gasto sin perjudicar el cumplimiento del déficit. A esto, hay alternativas de política económica, pero nuevamente ningún partido político las ha planteado. Pero, en fin, esos objetivos de déficit con subida de impuestos, a su vez, eran el punto de partida para los presupuestos de 2025, que tampoco estarán aprobados el 1 de enero. Este panorama fiscal de extrema incertidumbre no es positivo, pero es lo que hay, y siendo realistas, no parece que vaya a cambiar a corto plazo. En esta predicción, como en tantas otras, me gustaría equivocarme porque estos niveles de incertidumbre, más pronto que tarde, agravarán todos nuestros problemas económicos, empezando por una inversión insuficiente que se resentirá aún más, y cuyos efectos ya sufrimos, especialmente, en el mercado de la vivienda.