El Consejo General de la Abogacía Española reclama que la violencia económica, que se basa en el control y la asfixia económica a la mujer por ejemplo, no pagando la pensión, se considera una forma más de violencia de género. Por tanto, piden que sean los juzgados que llevan los asuntos sobre la violencia contra la mujer, los que también se ocupen de los casos de violencia de económica. De esta forma, las víctimas de violencia de género tendrán garantizada la asistencia jurídica inmediata y los beneficios de la asistencia jurídica gratuita.