
El Consejo General de la Abogacía Española reclama que la violencia económica, que se basa en el control y la asfixia económica a la mujer por ejemplo, no pagando la pensión, se considera una forma más de violencia de género. Por tanto, piden que sean los juzgados que llevan los asuntos sobre la violencia contra la mujer, los que también se ocupen de los casos de violencia de económica. De esta forma, las víctimas de violencia de género tendrán garantizada la asistencia jurídica inmediata y los beneficios de la asistencia jurídica gratuita.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de las XII de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, que se celebraron el pasado jueves y viernes en Toledo, bajo el lema "Más de 20 años protegiendo a las víctimas".
"Los juzgados de violencia sobre la mujer deben ser competentes para conocer de todos los delitos de impago de pensiones, en su sentido amplio, incluyendo las acciones que llevan al estrangulamiento económico de la mujer, como un medio de control y de limitación de su autonomía", apuntan las conclusiones. Por eso, se ha pedido "el necesario reconocimiento de la violencia económica como un tipo específico de violencia de género".
También se recomendó que la violencia vicaria "no debe circunscribirse al asesinato de familiares y allegados menores de la mujer víctima, sino que debe abarcar la ejercida sobre otras personas allegadas a la víctima con el objetivo de dañar o ejercer control sobre ella". Por eso, la Abogacía reivindicó "una mayor proactividad por parte de la Fiscalía para la solicitud de medidas en interés superior del menor".
Finalmente, se señaló en esas conclusiones que es fundamental "nombrar adecuadamente la violencia sobre las mujeres, incluyendo todas las modalidades de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, así como delimitar conceptualmente cada una de ellas".
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