El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedará constituido este jueces tras más de cinco años caducado. Los veinte vocales -diez propuestos por el PSOE y otros diez por el PP- prometerán o jurarán sus cargos ante el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela a las 11:00 horas y después el nuevo CGPJ celebrará su sesión constitutiva.
El Consejo General de la Abogacía Española, bajo la nueva presidencia de Salvador González, da un paso al frente en la problemática del gremio que afronta unas pensiones de jubilación irrisorias tras años aportando a la Mutualidad de la Abogacía y exige al Gobierno “las mismas pensiones mínimas y en los mismos términos que los trabajadores autónomos”.
El Tribunal Supremo (TS) remite al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Amnistía al considerar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica que protege la Constitución Española. El Alto Tribunal señala que la norma permitirá que cualquier persona condenada solo tendrá que esperar a formar un partido que logre cierta representatividad electoral para apoyar en las Cortes una ley que le beneficie. Y los que no lo hagan serán "tontos" o "pobres".
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha asistido este martes a la reunión de ministros de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea, celebrada en Budapest bajo la presidencia húngara. Olmedo abogó en el encuentro por desbloquear la creación de una nueva categoría de eurodelito para los delitos de odio, en especial en el ámbito del racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia
La Agencia Tributaria avanza en su digitalización y da los primeros pasos para implantar un sistema híbrido de trabajo (presencial y a distancia) con la creación de una nueva sede electrónica asociada a la actual Oficina Virtual del Personal para que el departamento de Recursos Humanos (RRHH) remita exclusivamente por esta vía las notificaciones a los empleados.
El Tribunal Supremo (TS) continúa acotando las actuaciones de la Agencia Tributaria en las entradas a domicilios para efectuar registros. El Alto Tribunal, en un fallo del pasado 25 de junio del que fue ponente el magistrado Dimitry Teodoro Berberoff, fija que la inspección de Hacienda necesita autorización judicial expresa para acceder al contenido de los datos informáticos que ha incautado durante la entrada en el domicilio de un contribuyente, ya sea una persona física o una empresa.
Los despachos de abogados alertan que, en muchas ocasiones, los empleados utilizan fraudulentamente las bajas de incapacidad temporal (por accidente o enfermedad común, ya sea física o psicológica) para mejorar su posición negociadora frente a la empresa o para blindarse de un despido. Asimismo, también advierten de que las compañías, tras los últimos cambios legislativos, tienen pocas herramientas para luchar contra el absentismo, a la par que crecen las tasas de forma “dramática” desde la pandemia.
La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda, consolida la doctrina retomada en febrero y confirma que las empresas arrendadoras pueden contratar a una firma especializada en la gestión de activos (en vez de tener que tener a, al menos, un empleado a jornada completa) para considerar que realizan una actividad económica y que, por tanto, no son una patrimonial.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, utilizará la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano cuyas decisiones no son vinculantes para los países de la Unión Europea, para endurecer el despido.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) resuelve en contra de España y concluye que incumple con la Carta Social Europea en materia de despido. Concretamente, el organismo que vela por el cumplimiento de este tratado, señala que la legislación española no garantiza una indemnización por despido improcedente adecuada para compensar los daños al trabajador. Asimismo, esta indemnización es tan baja que tampoco disuade a las compañías para evitar futuros abusos en el despido.