
El Tribunal Supremo (TS) remite al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Amnistía al considerar que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica que protege la Constitución Española. El Alto Tribunal señala que la norma permitirá que cualquier persona condenada solo tendrá que esperar a formar un partido que logre cierta representatividad electoral para apoyar en las Cortes una ley que le beneficie. Y los que no lo hagan serán "tontos" o "pobres".
El Supremo ya inició este trámite el pasado 10 de julio al preguntar a las partes del proceso -en este caso revisa la condena de dos personas que participaron en los disturbios de la plataforma Tsunami Democrático que protestó contra la sentencia del procés- si elevar la cuestión de inconstitucionalidad. El Ministerio Fiscal, en un escrito del 15 de julio, apoyó hacerlo, mientras la defensa de los condenados consideró que no concurrían las circunstancias adecuadas.
El auto de este jueves, del que fue ponente el magistrado Leopoldo Puente Segura, carga duramente contra los secesionistas catalanes a los cuales llama "golpistas".
El auto señala que la ley en cuestión ofrece razones "arbitrarias" para justificar el tratamiento discriminatorio (es decir, que se perdone la condena de quiénes participaron en el proceso independentista catalán, frente a otros condenados por otros delitos). "Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera, al menos, los preceptos constitucionales que se dirán", dice el Supremo.
Perdonar una cosa y no otra
El primero de estos preceptos es el principio de igualdad. El tribunal señala que en el caso que analiza se pretende perdonar la pena a una persona que lanzó piedras y adoquines contra la sede de los Juzgados de Girona para protestar frente a la sentencia del Supremo que condenó a una parte de los máximos responsables del referido "golpe de Estado" tal y como llama a todo el proceso secesionista. "Si sus motivaciones hubieran sido diferentes (por ejemplo, si su protesta lo hubiera sido contra la, a su parecer, escasa contundencia de esa misma sentencia; o en favor de la libre determinación de la República saharaui; contra los desahucios; o a favor, o en contra, de la inmigración ilegal) deberían cumplir sus penas", expone el auto para justificar que la ley vulnera el principio de igualdad.
Por otro lado, indica que el preámbulo de la ley recoge que la norma pretende garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho y fomentar un clima de estabilidad. "Si resulta preciso devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política, ello solo es debido a que los golpistas trataron de imponer a los demócratas, en Cataluña y en el resto de España, sus propias ideas y las consecuencias de las mismas, ignorando el ordenamiento constitucional y sin apelación alguna al diálogo, la negociación y los acuerdos democráticos. No por otra razón. Si ello es así, resulta fácil comprender que la mera condonación de sus delitos en nada podría contribuir, por sí misma, a la "normalización" o a la convivencia democrática", dice el auto.
Volverán a hacerlo
Además, critica que "los golpistas amnistiados" afirma que lo volverán a hacer. "Desde tribunas públicas, desde el Congreso mismo de los Diputados, ante miembros del Gobierno de España, ante los representantes de los ciudadanos y, en última instancia, ante la comunidad toda, proclaman que no aceptan perdón alguno, que simplemente han vencido y, como machaconamente repiten, amenazan con que lo volverán a hacer", señala.
Solo se castigará a los tontos
Finalmente, respecto al principio de seguridad jurídica, señala que la ley fue votada en el Congreso por las propias formaciones políticas a las que pertenecen los amnistiados. Si se permite, asentará que cualquier persona que cometa una infracción solo tendrá que esperar un tiempo para crear un partido que consiga cierta representación electoral y amnistiarse. " La aplicación de la ley penal solo será entonces segura para los "tontos". Y para los pobres", señala.
Relacionados
- El Supremo impide a Hacienda examinar sin orden judicial datos informáticos incautados en los registros
- Los bufetes alertan del fraude en las bajas laborales y la falta de medios contra ellas
- Hacienda consolida doctrina y permite a las firmas de alquiler contratar a terceros para gestionar los activos
- La justicia rechaza pagar a los funcionarios el plus de productividad durante una baja