La Agencia Tributaria ha comunicado que suspende la obligación a los intermediarios (como abogados), en razón de su secreto profesional, de informar a otros intermediarios de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva de sus clientes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado el recurso de Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic que tenía el 3,45% del Banco Popular antes de su caída, contra la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de no darle acceso a la información del Banco Central Europeo (BCE) sobre el dispositivo de resolución de la entidad española. El TGUE solo permitió a Aeris acceder al resultado de la votación del Consejo de Gobierno del BCE sobre la resolución.
Los afectados por el presunto espionaje que BBVA encargó al excomisario José Manuel Villarejo y partes en el caso Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional persiguen tumbar el informe forensic sobre la contratación de las firmas del expolicía por parte del banco ante su falta de neutralidad. Las partes solicitaron al juez el acceso a los más de dos millones de documentos que hay en el informe ya que su "validez es más que cuestionable" puesto que lo hizo PwC bajo la supervisión de Garrigues, ya que defiende a BBVA en el caso de presunto espionaje, según informan fuentes cercanas al proceso a este periódico.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, pidió este miércoles al Ejecutivo un Pacto de Estado por la Justicia ante el actual "colapso que viene en cadena" y que está sumergiendo a la Administración de la Justicia en su "momento más oscuro", en referencia a las actuales protestas contra el Gobierno por parte de los funcionarios de Justicia, la amenaza de huelga de jueces y fiscales, la concentración de este jueves para reclamar dignidad para el turno de oficio y los paros de los LAJ que finalizaron en marzo tras dos meses.
El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles una enmienda presentada por el PSOE a la Ley del Mecenazgo que extiende los beneficios fiscales de la Iglesia Católica a otras confesiones.
El PSOE ha aprovechado el proyecto de ley que tramita el Senado para transponer una directiva europea en materia de cooperación en el ámbito fiscal para colar una enmienda para que los contribuyentes devuelvan la primera ayuda de los 200 euros que otorgó el año pasado el Gobierno si la han cobrado de manera indebida. El Ejecutivo aprobó en junio de 2022 una ayuda por esta cuantía para personas con ingresos inferiores a 14.000 euros. Este cheque es distinto a la ayuda dada este año para personas con ingresos inferiores a 27.000 euros.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó una familia con menores a cargo y que ocupó una vivienda pública contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avaló el desahucio, pero una vez finalizado el estado de alarma. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal considera que la ocupación ilegal de la familia impide a la Administración que pueda dar la vivienda a otras personas que justifiquen una mayor necesidad.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avanza en la normativa que obligará a utilizar un cargador común para alimentar a los distintos dispositivos electrónicos. Los vendedores de estos aparatos como teléfonos móviles, tabletas, altavoces, auriculares u ordenadores dejarán de obligar al consumidor a comprarse el cargador cuando adquieren estos dispositivos, según avanza el texto del proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio. La norma establece que las compañías que fabrican estos aparatos deben ofrecer a los clientes la posibilidad de comprar los dispositivos con o sin cargador.
La Ley por el Derecho a la Vivienda trae novedades tras las enmiendas pactadas por los grupos parlamentarios. Los propietarios, independientemente de que sean grandes tenedores o particulares, podrán trasladar al inquilino determinados gastos de la vivienda, como los impuestos del IBI o de la basura, así como otros costes para el mantenimiento del inmueble. No obstante, la modificación del artículo 20 de la futura norma, matiza que para que el inquilino asuma estos costes debe haber habido un acuerdo inicial entre las partes. "Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato", indica el texto. De este modo, en las actualizaciones anuales de los contratos no se podrán añadir nuevos costes para el inquilino que no hayan quedado fijados en el contrato preliminar.
El Gobierno tiene un plazo de seis meses para establecer una medida para que la banca deje de cobrar comisiones a las asociaciones sin ánimo de lucro, como ONG, y otras entidades como clubes deportivos, comunidades de propietarios o comunidades de bienes, siempre y cuando tengan ingresos inferiores a los 100.000 euros.