Los afectados por el presunto espionaje que BBVA encargó al excomisario José Manuel Villarejo y partes en el caso Tándem que se instruye en la Audiencia Nacional persiguen tumbar el informe forensic sobre la contratación de las firmas del expolicía por parte del banco ante su falta de neutralidad. Las partes solicitaron al juez el acceso a los más de dos millones de documentos que hay en el informe ya que su "validez es más que cuestionable" puesto que lo hizo PwC bajo la supervisión de Garrigues, ya que defiende a BBVA en el caso de presunto espionaje, según informan fuentes cercanas al proceso a este periódico.
A juicio de las mismas fuentes, el forensic es la prueba de BBVA para intentar demostrar que la cúpula del banco no tuvo nada que ver con las contrataciones a las empresas de Villarejo entre 2004 y 2017 por más de 10 millones de euros. Por tanto, los presuntos espiados quieren tener acceso al informe para saber qué sesgos y criterios se aplicaron para hacer el mapa de calor, qué palabras clave se usaron para buscar los correos electrónicos que pudieran estar relacionados con el caso o el número de emails que se examinaron.
En resumen, buscan conocer las "tripas" del proceso de elaboración del informe porque las búsquedas siempre tienen sesgos y saber cuáles fueron ante las dudas de su neutralidad. Ante esta petición, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, la posibilidad de dar acceso a las partes al forensic, a falta de conocer aún cuál será la decisión del magistrado.
Por otro lado, respecto a la petición de la defensa del expresidente de BBVA, Francisco González (FG), de archivar parte de la causa contra él, concretamente el espionaje a Sacyr, al alegar la prescripción de los hechos, los afectados se manifiestan rotundamente en contra al considerar que los delitos no pueden prescribir porque se llevaron a cabo de forma continuada. Concretamente, la defensa de FG señala que el presunto encargo de espionaje de BBVA a Sacyr se realizó en 2004 y la última factura a Villarejo se pagó el 3 de enero de 2005, mientras que los delitos que se imputan al exbanquero (cohecho y revelación de secretos) tienen un plazo de prescripción de 10 años.
En este marco, la defensa del banquero añade que, según los criterios de prescripción fijados por la Audiencia Nacional, la resolución que irrumpe el plazo de prescripción es la citación como investigado, que FG recibió el 14 de noviembre de 2019. Por tanto, habrían pasado 14 años y nueve meses. FG, a la par que pide la prescripción, niega su implicación en los hechos.
Acceso a medios del Estado
No obstante, la posición de los presuntos espiados es que, a pesar de que el caso de Sacyr haya prescrito, existen elementos que apuntan a un delito continuado. Las fuentes consultadas recalcan que durante varios años se fue reproduciendo el mismo escenario, la relación con las mismas empresas y las mismas razones; acceder a medios que solo tenían personas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aprovechando que Villarejo era comisario.
BBVA, presuntamente, se sirvió de los servicios del expolicía para espiar, entre otros, al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exministro de Industria, Miguel Sebastián, la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el exconstructor Fernando Martín; o el expresidente de Colonial, Luis Portillo.
