Cuarto encargo de espionaje de BBVA al excomisario José Manuel Villarejo. El banco azul ordenó en noviembre de 2009 al expolicía investigar al entonces presidente de Colonial, Luis Portillo. El exresponsable jurídico de la entidad, José Manuel García Crespo, mantuvo un encuentro a finales de 2009 con el excomisario en la Torre Picasso de Madrid, sede de las compañías de Villarejo, para encargarle una investigación sobre Portillo, con el objetivo de utilizarla para llegar a un acuerdo con el empresario y saldar la deuda que Colonial tenía entonces con el banco, que ascendía a unos 70 millones de euros.
En el encuentro también estuvieron dos abogados del despacho Simmons & Simmons, contratados por la entidad como intermediarios. Villarejo ofreció dos posibilidades de pago al banco, la primera ligada al éxito de la investigación, y en la que exigía el 8% de la deuda de Portillo recuperada, lo que podría ascender a unos 6,5 millones. La segunda forma de pago era una factura simple, por 3,2 millones de euros, sin vinculación al éxito de la operación.
Según los papeles del expolicía, el objetivo de la investigación presuntamente encargada por el banco tenía como objetivo "salvaguardar los intereses" de la entidad "pretendiéndose conocer en profundidad las posibles acciones irregulares y/o ilegales cometidas en los últimos tiempos por Luis Manuel Portillo Muñoz y sus más directos allegados, especialmente familiares y colaboradores". El informe añade que los objetivos fundamentales de la investigación son también la esposa del entonces presidente de Colonial y sus dos hijos, además de otros allegados.
La documentación del exinspector de Policía destaca que el banco quería conocer si Portillo podría tener patrimonio oculto fuera de España con el que poder saldar su deuda, según Moncloa.com. El encargo se realizó el mismo día que BBVA pidió también investigar al que fuera presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, en este segundo caso, también porque el empresario mantenía una deuda de 125 millones, aunque de carácter personal.
Villarejo, que no puso reticencia alguna a investigar a Martín, sin embargo sí comentó las dificultades del espionaje de Luis Portillo, al que tildó de "testaferro de la Junta de Andalucía".
Negociación "extra judicial"
Villarejo, finalmente, cedió a investigarlo. El objetivo, según reflejó en la documentación, era obtener la máxima "carga de prueba", puesto que, "solo una relación directa entre bienes u efectivos encontrados" permitiría al banco tener las máximas garantías para llegar a una "negociación extra judicial" o emplear dichos datos "como pieza de convicción que condicione la traba efectiva de lo descubierto". Con esta intención, el excomisario determinó que además de un rastreo de datos, contactos y relaciones, consideraba "esencial una penetración en su entorno más íntimo". Villarejo describió a Portillo como un hombre de carácter "desconfiado e inseguro" y marcó que los trabajos sobre el empresario deberían comprender sus supuestas actividades en Marruecos, Gran Bretaña, EEUU, República Dominicana y Panamá.
Cabe destacar que Portillo, tan solo dos años después del intento de asalto de Sacyr a BBVA, supuestamente frustrado porque el banco encargó a finales de 2004 a Villarejo una investigación sobre sus protagonistas para evitarlo, comenzó a comprar de manera personal acciones de la entidad hasta alcanzar casi un 1%. El empresario informó en junio de 2007 que su intención era seguir comprando más títulos del banco, algo que le convirtió en uno de los mayores accionistas de la entidad, tan solo por detrás de la Fundación BBVA, que tenía el 1,5% del capital.
De hecho, los papeles de Villarejo señalan que Portillo diseñó un intento de posicionamiento del núcleo duro de accionistas de la entidad. Así, BBVA se encontraba entonces con otro hombre del ladrillo intentando sumar control y con el fantasma resucitado del asalto de Sacyr.
El excomisario realizó a finales de 2009 un control sobre el círculo personal y laboral de Portillo, hasta el punto de conocer con quiénes había mantenido reuniones en los últimos meses de ese año. El policía determinó que el empresario se había encontrado con el expresidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, con el empresario Román Sanahuja y con el que fuera consejero director general del BBV antes de la fusión con Argentaria, José Recio.
El exinspector aseguró a sus interlocutores, José Manuel García Crespo y los dos abogados de Simmons & Simmons, que su contacto de entrada en el banco había sido el que fue jefe de Seguridad de BBVA hasta el pasado mes de abril, Julio Corrochano, con el que coincidió en la brigada antiterrorista durante la etapa de Policía de ambos.
Esta investigación se suma al presunto encargo de espionaje a Sacyr, realizado por el banco presidido por Francisco González, al expolicía a finales de 2004; al solicitado en noviembre de 2009 para espiar al empresario Fernando Martín y al de 2012 para investigar a la asociación de consumidores Ausbanc.
El policía cobró 12,7 millones de la entidad
Los documentos del excomisario José Manuel Villarejo apuntan a que el banco pudo abonarle hasta 12,7 millones de euros entre 2004 y 2012 por los encargos recibidos. Según los papeles, el expolicía remitió una factura de 500.000 euros a la entidad por el espionaje a Sacyr en 2004. Del mismo modo, dos años después pidió un mínimo de 4 millones de euros para investigar a Fernando Martín, y otros 3,2 millones de euros, para hacer lo mismo con Luis Portillo. Finalmente, la factura ascendió hasta los 5 millones en 2012 para realizar las indagaciones sobre la asociación de consumidores Ausbanc. De momento, estas son las investigaciones que se conocen que el banco encargó al excomisario.
Entidades
