Jefa de Normas y Tributos

El fin de las ayudas tras la pandemia y de la moratoria concursal, que mantuvo anestesiadas a las compañías con problemas evitando su caída durante los peores momentos de la crisis, ya comienza a reflejar sus efectos en cifras. Las denominadas compañías zombies, aquellas que no eran rentables ni al inicio ni al final de la pandemia, comienzan a caer. El 58,49% de los concursos de acreedores durante el cuarto trimestre fueron sin masa o también conocidos como exprés, según los datos de los Registradores de España. Este tipo de procesos se dan cuando el deudor no tiene activos o aunque los tengan, la liquidación no es suficiente para pagar los gastos del concurso.

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han comunicado este viernes que, tras tres semanas sin novedad al respecto, han reiniciado las negociaciones con el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, con el objetivo de llegar a un acuerdo para poner fin a los paros, que se prolongan desde el 24 de enero.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de la Función de la Administración del Estado, también conocida como la Ley de Función Pública. El Gobierno ha dado marcha atrás, tras atender más de mil aportaciones de 400 participantes, a uno de los puntos más polémicos de los primeros borradores de la norma: que los empleados perdieran la condición de funcionarios públicos por falta de buen desempeño en el puesto.

Actualidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que la Autoridad de la Competencia de un Estado miembro compruebe que una compañía, tras el cierre de una operación de fusión, obstaculiza la competencia en el mercado por abuso de posición dominante. El tribunal europeo, en un fallo de este jueves, matiza que una operación de concentración de dimensión no comunitaria puede ser objeto de control por las autoridades nacionales de defensa de la competencia y por los tribunales nacionales en virtud del efecto directo de la prohibición de abuso de posición dominante prevista por el Derecho de la Unión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclara su posición sobre la cláusula de comisión de apertura de un préstamo. Europa señala que no se puede descartar la abusividad de estas cláusulas por el mero hecho de que no forma parte del objeto principal del contrato del préstamo o la hipoteca, ya que obedecen a un servicio de la entidad para estudiar la concesión del crédito. Por tanto, asegura que le corresponde a los tribunales españoles analizar si hay abusivo o no en detrimento del consumidor en este tipo de cláusulas.

Los tribunales españoles dan la razón a los autónomos que son socios de compañías a la hora de beneficiarse de las bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social que recoge la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En repetidas ocasiones, la Administración ha anulado a estos trabajadores estas bonificaciones alegando que al ser socios de compañías no son un empresario como persona física y por tanto, no les correspondía. Sin embargo, varios tribunales españoles, entre ellos el Tribunal Supremo en dos ocasiones, han resuelto lo contrario.

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, proponen que intervenga un mediador para facilitar un acercamiento con el Ministerio de Justicia. Desde la Administración que encabeza la ministra Pilar Llop se mantienen cerrados para seguir negociando. Llop, de hecho, pidió a los letrados la semana pasada nuevas propuestas si persiguen llegar a un acuerdo porque las que plantean son inviables. Los letrados, por su parte, buscan que se cumpla el pacto alcanzado con el Ministerio en abril del año pasado.

La Comisión Europea trata de remendar su propia directiva sobre el uso de los índices de referencia financieros por parte de entidades y fondos de inversión de la UE, que veta a partir del 1 de enero de 2024 el acceso a la mayoría de los índices de referencia de países de fuera de la Unión. Europa ha abierto a consulta pública la modificación del Reglamento (UE) 2016/1011 para evitar privar a los participantes en el mercado de la UE del acceso a la mayoría de los índices de referencia mundiales. "Esto colocaría a algunos de ellos en una situación de desventaja significativa en la competencia mundial", señala la Comisión.

El Tribunal Supremo da un aviso indirecto a las empresas en una sentencia fechada a 30 de enero de este año a la hora de computar los umbrales para determinar si se está ante un despido colectivo, también conocidos como ERE. El Alto Tribunal contabiliza dentro del despido colectivo a trabajadores que han decidido rescindir la relación laboral con la compañía después de que esta modificara de forma sustancial las condiciones del contrato. Cabe recordar que, según el Estatuto de los Trabajadores, para que un despido sea considerado como colectivo, debe implicar el recorte del 10% de la plantilla o más.

El Gobierno anunció el pasado mes de diciembre un Proyecto de Ley para la protección del secreto profesional del periodismo. Desde entonces, el pasado 14 de diciembre, la norma se mantiene estancada en las Cortes a la espera del informe de la Comisión de Justicia al respecto. Asimismo, se esperaba que la norma, que contaba con la negativa del PP, llegara al Pleno de los Diputados el pasado mes de febrero, algo que tampoco ocurrió.