Los funcionarios que de forma continuada tengan resultados negativos en la nueva evaluación obligatoria de desempeño del Gobierno perderán su puesto, aunque no su plaza. Así lo contempla el anteproyecto de Ley de Función Pública, que medirá de manera periódica el trabajo de los empleados públicos. Los que no cumplan con sus tareas, tengan un rendimiento insuficiente o no puedan cumplir con las exigencias del cargo incluso con formación adicional podrían ser apartados de su puesto.
Ante resultados negativos "continuados", el funcionario podría enfrentarse a distintas consecuencias. Entre ellas, "la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra" o "la remoción del puesto obtenido por concurso". Sobre este último punto, el documento indica que el funcionario removido "será adscrito provisionalmente a un puesto de la estructura orgánica, acorde con el progreso de su carrera profesional que tenga consolidado y en la misma localidad en el que se encontrara el puesto" del que fue revelado.
Asimismo el texto del anteproyecto -de 125 páginas- incluye la creación de dos nuevos complementos salariales, basados en su evaluación de desempeño y en su evolución profesional.
- El complemento de carrera retribuirá la progresión que se vaya alcanzando en la trayectoria profesional. Su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido.
- El segundo complemento será por desempeño y su pago estará vinculado a la superación de las evaluaciones planteadas durante la carrera profesional, que serán de carácter obligatorio.
Las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de desempeño y el complemento de carrera. A estos se suma el complemento por servicios extraordinarios, que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.
La ley también regula la carrera profesional horizontal para permitir la promoción profesional interna, es decir, sin que se produzca un cambio en el puesto de trabajo, unos ascensos que se concederán en función de la trayectoria, las evaluaciones o el seguimiento de un itinerario de formación especializada.
La normativa también reconocerá la figura del directivo público profesional con funciones de desarrollo de políticas y programas públicos. Tendrán la consideración de directivo público profesional los titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen. Hacienda precisa que se trata de un "perfil clave en la concepción de una Administración Pública moderna". La creación de esta figura pretende ofrecer garantías de la profesionalidad y reforzar la idoneidad, capacidad y orientación de estas personas con respecto a los resultados profesionales que obtengan.
El anteproyecto de ley recoge un nuevo modelo de acceso a la Administración, en el que a los principios de igualdad, mérito y capacidad se suman la agilidad y eficiencia en la selección, la adecuación de los contenidos a las funciones a desarrollar y la profesionalización de los tribunales. Hacienda señala que este modelo será "mixto", es decir, basado tanto en conocimientos como en la evaluación de competencias profesionales, y los procesos se celebrarán en todo el territorio.
Hacienda también destaca la introducción de la "planificación estratégica", por la que se alineará la selección de personal a las necesidades de las organizaciones, ya sea Administración General del Estado, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, entidades públicas empresariales u otros entes de derecho público.
"Claramente mejorable"
La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. UGT y CCOO consideran "claramente mejorable" el anteproyecto. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que presentará alegaciones al considerar que "carece de concreción y de las debidas garantías". El sindicato considera que el texto debería ser más preciso en algunos aspectos como la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño y cree que "es muy mejorable desde el punto de vista técnico".
CSIF presentará las alegaciones al anteproyecto durante su negociación, en el trámite de audiencia pública y, si fuera necesario, también en el trámite parlamentario. El sindicato cuestiona la evaluación de desempeño que recoge el texto y rechaza que el Gobierno quiera "de manera unilateral" que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan esas evaluaciones. El sindicato cree que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto "en el último minuto" por exigencia de la Unión Europea, para poder acceder a los fondos del Plan de Recuperación.
Los que sí han recibido esta noticia con buenos ojos son los inspectores de Hacienda. "Aplaudimos que, tras más de una década de retraso, se extienda la evaluación del desempeño al modelo general de empleo público, que por otra parte ya se está aplicando desde hace años y con éxito en la Administración Tributaria", indica la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
La asociación se muestra a favor de "todos" los principios generales que incluye, aunque advirtió de que "la bondad o no de los mismos dependerá de su desarrollo y de su plasmación a través de los reales decretos, órdenes ministeriales y resoluciones". En este sentido, advirtió de que se deja en manos del Gobierno "la plasmación práctica de las medidas, lo cual no es lo más deseable".
Por otro lado, los inspectores de Hacienda saludaron que se regule la carrera profesional horizontal para el ámbito general y calificaron de "apropiados" los nuevos complementos salariales "en la medida en que su desarrollo normativo garantice su objetividad, transparencia e igualdad de acceso a los mismos".
En cualquier caso, el anteproyecto de ley será sometido al procedimiento de información pública, donde podría incorporar cambios antes de volver a pasar por el Consejo de Ministros e iniciar el trámite parlamentario.
